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Se reportó el gasto de 27 millones de pesos para la capacitación de 400 policías que jamás se realizó; también hay procesos por irregularidades en el Instituto de Crédito y en la Sedagro.

La actual administración detectó que en el gobierno pasado se reportó el gasto de 27 millones de pesos para la capacitación de 400 policías que jamás se realizó, por lo que iniciará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) al tratarse de fondos federales. Por otra parte, iniciarán los procesos correspondientes por anomalías en el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

El consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó que suman alrededor de 30 las denuncias que ya fueron iniciadas por el actual gobierno ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, y hay varios expedientes en proceso de integración, además de la denuncia que se presentará ante la PGR.

En entrevista, la mañana de ayer miércoles, informó que ayer mismo se iniciarían entre tres y cuatro por parte del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Estado, por disposiciones indebidas de recursos económicos. Cuestionado al respecto, no descartó que entre ellas se encuentre la que corresponde al préstamo que se le otorgó al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu a unos cuantos días de su salida. “No puedo dar nombres ni detalles… sí podría ser”, respondió ante la pregunta expresa.

El funcionario habló también sobre la postura del fiscal anticorrupción, quien sostiene que no ha emprendido acciones porque el actual gobierno no le ha aportado pruebas de los supuestos delitos cometidos por funcionarios de la administración graquista.

“Todo lleva su proceso, hay alguna diferencia en puntos de vista con el fiscal, pero creo que debe quedar claro que la investigación y persecución de los delitos corre a cargo de la institución del ministerio público y no de los particulares”, expresó, al exponer que el gobierno del estado pidió constituirse como coadyuvante y poder robustecer la investigación con algunos elementos, pero insistió en que todos los actos y la responsabilidad es exclusiva de la Fiscalía y habrá de esperar si decide la judicialización de las carpetas.

Reiteró que será la Fiscalía la que determine el monto del daño patrimonial, en caso de que lo hubiera.

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, vicealmirante José Ortiz Guarneros, informó que se detectó que se erogaron 27 millones de pesos para la capacitación de 400 elementos policíacos, pero que no se realizó. Los recursos que se destinaron para esa supuesta capacitación corresponden a fondos federales y, por ende, la denuncia será presentada ante la PGR.

El avance de la reconstrucción en Morelos es mínimo, establecen diputados.

Los diputados locales acordaron solicitar información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto de los resultados de las revisiones aplicadas a los ejercicios fiscales del 2017 y 2018 sobre los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) destinados al gobierno de Morelos para la reconstrucción del estado, a causa del sismo del 19 de septiembre del año pasado. 
En sesión ordinaria, los legisladores locales señalaron que la información que se requerirá a la ASF es para conocer las irregularidades detectadas en la aplicación de las auditorías a los recursos asignados al gobierno del estado que encabezó Graco Ramírez, ya que el avance en reconstrucción es mínimo.
De acuerdo a la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, la Federación asignó para Morelos del Fonden más de cinco mil millones de pesos, recursos que a la fecha se desconoce en qué se aplicaron. 
"A más de un año del sismo no es posible identificar el panorama de la reconstrucción en Morelos con la información publicada", explicó la diputada, al referirse también al fondo "Unidos por Morelos".
Figuera Evaristo señaló que es importante que se conozcan los resultados de las auditorías aplicadas para sustentar la investigación que lleva a cabo la Comisión Especial para la Reconstrucción del Estado, creada por la LIV Legislatura, e iniciar de manera inmediata un proceso en contra de las exautoridades responsables de que afectados por el sismo del 2017 hayan sido presuntamente defraudados.
De igual forma, la legisladora de Morena dijo que se investiga qué hizo el gobierno de Graco Ramírez con los apoyos destinados en despensas, cobertores y, en general, la ayuda que llegó a Morelos tras los daños que causó el terremoto del 19 de septiembre.

Juan Salazar Núñez confirmó que cuenta con una suspensión para evitar su remoción.

El fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al diputado local José Casas González, confirmó que ya cuenta con una suspensión para evitar su remoción y adelantó que avanzan las indagatorias contra ex funcionarios graquistas, pero no puede judicializarlas porque el Poder Ejecutivo no aporta todavía las pruebas que dijo tener para someterlos a proceso penal.

El fiscal anticorrupción acudió a la delegación en Morelos de la PGR, a iniciar una carpeta de investigación contra el legislador del Partido de Trabajo por divulgar información confidencial y tergiversarla para insistir en su remoción.

Aseguró que el diputado (quien aseguró que ni Salazar Núñez ni el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, cuentan con evaluaciones de control y confianza), incurrió en un delito al revelar y manipular información clasificada.

Explicó que de acuerdo con los artículos 56 y 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los datos que obran en los expediente de evaluación y certificación están clasificados como reservados y su difusión es un delito contra la seguridad nacional considerado como grave que se castiga hasta con ocho años de prisión.

Afirmó que el intento de remoción obedece a presiones políticas y aseguró que hasta julio pasado la ley lo exentaba de los exámenes de control de confianza, pero tras las reformas recientes a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, fue incluido en el proceso obligatorio de certificación y su evaluación está en curso.

Confirmó que el Juzgado Cuarto de Distrito le concedió una suspensión provisional que impide su remoción del cargo y advirtió a sus detractores que “si actúan en la ilegalidad, seguirán cometiendo más delitos, seguirán cometiendo más atropellos y, bueno, están las instancias como la PGR, como las instancias de amparo y tendremos que recurrir a todas ellas para que no se nos sigan violando nuestros derechos”.

También exhortó a quienes lo acusan de funcionario ineficiente a sustentarlo con pruebas y acusó que el Poder Ejecutivo es responsable de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no pueda judicializar las 22 carpetas de investigación iniciadas contra ex funcionarios graquistas.

“Los exhorto señores diputados que se presenten en la fiscalía anticorrupción a presentar todas la pruebas que dicen tener. Los exhorto señores diputados, prueben que no avanzamos, prueben que estamos siendo omisos”.

“Igualmente al Poder Ejecutivo del Estado se les ha requerido, ellos solicitaron una prórroga; no quisiera yo mediatizar esto ni hacer polémica, pero si es necesario voy a presentar los escritos en los que se han excusado, se han justificado y han pedido prórroga, lo saben ustedes señores del Poder Ejecutivo”.

“Nosotros hemos avanzado y llevado a cabo todas las diligencias que son necesarias, es atribuible al Poder Ejecutivo el que hasta el momento no se puedan judicializar. Ellos han pedido prórrogas, se han justificado de esa manera, pidiendo que se les dé la oportunidad de allegarse de las pruebas y por ello es que no se han judicializado”.

Insistió en que continuará con su defensa jurídica ante los tribunales y aseguró que recurrirá a todas las vías legales posibles.  

Los funcionarios de la administración que encabezó Graco Ramírez desaparecieron todos los expedientes y borraron la información del sistema de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Así lo informó el secretario Víctor mercado salgado, quien anunció que la dependencia volverá a utilizar las instalaciones de la antigua Base Zapata, para dar servicio al público.
El funcionario dijo que allí se abrirá una dirección de placas, donde anteriormente se encontraban las oficinas de la Dirección General de Transportes.
El funcionario realizó un recorrido por las viejas oficinas que se encuentran totalmente desmanteladas, ya que días antes de que concluyera la administración de Graco Ramírez, los ex funcionarios se llevaron equipo de cómputo, muebles y hasta ventanas y tazas de baño.
El secretario de Movilidad y Transporte reveló la pérdida de documentación y de placas, a causa del desorden que se dejó en dichas instalaciones.
La jefa del archivo, Patricia Yáñez Santiago, mostró el desorden en las oficinas y cómo dejaron expuestos paneles y placas a las que pudieran dar un mal uso.
Ante dichas irregularidades, Mercado Salgado informó que procederá legalmente en contra de los ex funcionarios responsables.

Por otro lado, dijo que a partir de febrero del 2019, cerca de 700 mil automovilistas de Morelos estarán obligados a renovar las placas de sus vehículos, en un trámite cuyo costo no rebasará los mil pesos.

De acuerdo al funcionario estatal, el padrón de vehículos es de 700 mil en todo el estado y el 20 por ciento es de la Ciudad de México.

Renuncia fiscal especializado en delitos electorales.

El Congreso del estado iniciaría juicio político al exgobernador Graco Ramírez por encubrimiento y omisión, al haber permitido que el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, fuera designado y permaneciera en el cargo, a pesar de no haber cumplido con los requisitos de ley.
El presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, el diputado José Casas González, expuso que tienen elementos suficientes para iniciar un proceso de deslinde de responsabilidades en contra del exmandatario e, incluso, en contra de exlegisladores de la LIII Legislatura.
"El hecho de que Graco Ramírez haya nombrado a un fiscal sin tener esos requisitos también lo hace omiso y lo hace candidato a un juicio político a él, los legisladores que aprobaron esos nombramientos, y el mismo fiscal, y de ahí se desprende que el fiscal anticorrupción y electoral están en la misma hipótesis", manifestó el diputado.
Refirió que –además- el Congreso del estado solicitó el apoyo del gobierno federal y el Congreso de la Unión para hacerse de elementos para proceder en contra del exmandatario por otras causales.
Confirmó que la solicitud de juicio político que presentaron ciudadanos encabezados por el abogado Enrique Paredes Sotelo, se desechó por falta de elementos que no sustentaron los mismos promoventes.

Renuncia fiscal especializado en delitos electorales

Por supuestos motivos personales, Jesús Meza Tello presentó al fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, su renuncia como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Morelos.

El documento, con fecha 6 de diciembre del año en curso, fue presentado no sólo ante la Fiscalía General del Estado, sino que fue entregada una copia a diversos diputados de la LIV Legislatura, en el que el abogado anunció su “renuncia irrevocable”.

El ahora exfuncionario sólo acotó que, por convenir así a sus intereses personales y profesionales, tomó la decisión de dimitir al cargo.

El 24 de febrero de 2018, la Fiscalía General del Estado creó de manera permanente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con el fin de investigar y perseguir los ilícitos en esta materia, independientemente de que sea o no época de comicios. Dos días después, Meza Tello fue designado el primer titular de esta fiscalía. 

Uriel Carmona promovió un juicio de amparo en contra de actos del Congreso del estado.

El Congreso del estado recibió la solicitud del Poder Ejecutivo para que proceda a la destitución de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, por no cumplir con los requisitos para ocupar el cargo. Sin embargo, la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas impidió que ayer se concretara dicho proceso. 
Durante la sesión ordinaria de la tarde de ayer, el Pleno del Congreso del estado conoció el oficio que remitió el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que los diputados removieran a los fiscales que fueron designados durante la LIII Legislatura y a propuesta del exgobernador Graco Ramírez.
La solicitud del mandatario estatal se sustentó en un informe que el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, le remitió la semana pasada, y en el que se señala que ni el fiscal general del estado ni el fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción cumplieron con la aplicación y aprobación de la evaluación de control y confianza, requisito necesario que marca la Ley General de Seguridad y la Constitución Política federal para ocupar y permanecer en dichos cargos.
Sin embargo, al dar trámite a la petición del gobernador, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva se decretara un receso para atender dicho oficio, que fue decretado hasta por una hora.
La coordinadora del grupo parlamentario del PT explicó -en entrevista- que no conocían el fondo de la solicitud y por tal razón se convocó ayer mismo a sesión de la Junta Política y de Gobierno.
Sin embargo, después casi tres horas de receso se confirmó que la sesión de ayer se reanudará hasta nueva convocatoria de la presidencia de la Mesa Directiva. 
De manera extraoficial se informó que no existen coincidencias entre las fuerzas políticas en la vía jurídica que se tomará para proceder en contra de los fiscales.
Además, se confirmó que el pasado lunes el fiscal Uriel Carmona promovió un juicio de amparo en contra de actos del Congreso del estado.

Designan a director de Instituto de Investigaciones Legislativas
Diputados locales designaron ayer a Omar Alfonso Barrera Hernández como director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del estado.
Se trata de uno de los nombramientos acordados en la repartición de espacios administrativos del Poder Legislativo, que correspondió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Durante la sesión de la Junta Política y de Gobierno del lunes pasado, las coordinadoras ratificaron los nombramientos que acordaron la semana pasada, con la recomendación a sus homólogos de evitar designar a familiares en dichos cargos.
Además, determinaron nuevas designaciones, como es la del director del Instituto de Investigaciones Legislativas, propuesta de la diputada de Morena, Alejandra Flores Espinoza, que fue votada mediante cédula y aprobada con 16 votos por el Pleno del Congreso.
Además de dicho nombramiento, aún está pendiente la designación del secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, tras la renuncia de Jaime Juárez López. 
A pesar de que la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz dijo, que se pidió a los legisladores evitar cometer nepotismo al designar a sus familiares en los cargos que les correspondieron a cada uno, hasta el día de ayer ningún diputado confirmó que se hayan anulado los nombramientos de Gerardo Sánchez Mote, padre de Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, del Partido Humanista (PH), en la Jefatura de Adquisiciones, y de Edgar Duque Granda, familiar del diputado del Partido Encuentro Social (PES), en la jefatura de Activos Fijos.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad hace un recuento de los daños recibidos del gobierno graquista y la necesidad de incrementar el presupuesto para superarlos.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, justificó la propuesta de incremento presupuestal a la CES por más de dos mil millones de pesos para el próximo año, ante la necesidad de renovar patrullas, contratar más personal, adquirir equipo para labores de inteligencia y enfrentar los adeudos y pasivos heredados por la anterior administración.

Indicó que la CES tuvo este año un presupuesto aproximado de 700 millones de pesos, y la propuesta es que la entidad aporte la misma cantidad para el 2019 pero sólo para solventar el gasto corriente y el resto sea aportado por la Federación.

“Nosotros tenemos asignado poco más de 700 millones de pesos para gasto corriente de la Comisión Estatal de Seguridad, sin embargo, en el estudio que hemos elevado y que hemos propuesto de un incremento, es para fortalecer el C-5, mejorar las patrullas y dar de baja las que tienen más de 500 mil kilómetros y que ya no es costeable su reparación”.

“Pero además de eso, lo que es la inteligencia, (comprar) equipos de inteligencia, contratación de personal para reforzar el órgano que tenemos de control y confianza. Reforzar a los que se dedican a la prevención del delito, tenemos únicamente nueve gentes que andan por todo el estado”.

“Entonces, necesitamos más vehículos, más personal y todo eso ya se planteó. Está ahorita en manos de la autoridad correspondiente, lo que es elevarle la petición a la Federación, porque el estado nos va a dar nada más gasto corriente, que son poco más de 700 millones de pesos”, explicó.

Precisó que la meta para el próximo año es lograr la instalación y funcionamiento de dos mil cámaras de videovigilancia, ya que de las mil 700 que dijo la administración anterior que se tenían, únicamente hay mil dos, y de éstas, sólo 948 están en funcionamiento, porque el resto están en reparación o inservibles.

De las 457 patrullas de la CES, por lo menos el 50% amerita reparación y hasta reemplazo, pero mientras, las unidades son sometidas a revisión mecánica para determinar cuáles son susceptibles de arreglo y cuántas deben ser sustituidas por nuevas.

A esto se suman, comentó Ortiz Guarneros, los pasivos y adeudos que dejó su antecesor Alberto Capella Ibarra, por más de 60 millones de pesos.

De acuerdo con el comisionado, la CES adeuda aproximadamente 50 millones de pesos a la empresa que suministra el servicio de señal y datos a las cámaras de videovigilancia; debe más de 10 millones de pesos a policías estatales por concepto de vacaciones no tomadas y otros cinco millones por el mismo concepto a elementos de la Policía Industrial Bancaria (PIBA).

Adicionalmente, la empresa proveedora de las torres móviles, conocidas como “nido de águila”, reclamó recientemente a la CES un adeudo de entre tres millones y cinco millones de pesos, pese a que no se concluyó la entrega de los aparatos.

Sin embargo, dijo, que se llegó a un acuerdo de cubrir la cantidad pendiente a cambio de entregar las torres armadas y en funcionamiento, pero insistió en que para enfrentar todos estos gastos es necesario triplicar el presupuesto de la CES.

Adelantó que en breve, la CES también promoverá sendas denuncias por las irregularidades administrativas heredadas por la anterior administración, pues se desconoce por qué quedaron pendientes tantos adeudos y si hubo presupuesto para cubrirlos. 

Diputado confirma que se inició un proceso para remover a Uriel Carmona Gándara.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que el Congreso local inició un proceso para remover al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, por “graves omisiones y acciones” que ha cometido durante su encargo, y que no mencionó.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación informó que se inició una investigación en contra del fiscal para sustentar su remoción, ya que su labor es altamente cuestionada por haber sido nombrado por la LIII Legislatura a propuesta del exgobernador Graco Ramírez. 
Sin embargo, contradijo la versión de sus homólogos del Partido del Trabajo (PT) que la semana pasada -en rueda de prensa- afirmaron que el fiscal general y el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, no cumplieron con las evaluaciones de control de confianza, causales para su destitución.
Zapotitla Becerro aseguró que la legislación estatal no señala nada al respecto, por lo que resulta improcedente lo sustentado por José Casas González y el resto de los integrantes del grupo parlamentario del PT.
"No podemos nosotros generar alguna determinación sobre una destitución del encargo si no reunimos o fundamentamos dos elementos, y me refiero a otorgarle audiencia previa al fiscal y nos explique sobre el tema, y después el Congreso estaría en condiciones de tomar una determinación. Dicha determinación debe tomarse a partir de una causa grave que está establecida en la Ley de Responsabilidades", explicó.
De acuerdo al diputado de Morena, ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno, se presentó la propuesta para citar a comparecer al fiscal Carmona Gándara ante el Congreso del estado y garantizarle su derecho de audiencia, ante las acciones y omisiones que -de manera ilegal- cometió durante su encargo y que han sido detectadas por el Congreso del estado. 
A la par, dijo, esperan que el Poder Ejecutivo también presente una solicitud para que se inicie un proceso en contra del fiscal general y, por consecuencia, en contra de Juan Salazar Núñez. Este proceso podría concretarse antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura, el próximo 15 de diciembre.
El diputado reiteró que se requieren al menos 14 votos para poder proceder a la destitución de los fiscales, votos que aún no están garantizados en el Congreso.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura José Manuel Sanz Rivera señaló que hay confianza en que el gobierno federal, que inicia hoy sábado, apruebe la solicitud de recursos extraordinarios para Morelos, con el fin de cumplir compromisos de cierre de año. Por otro lado, se dio a conocer que hoy se instalará una pantalla gigante en el centro de Cuernavaca, por la que se transmitirá la ceremonia de toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado en los pasillos del Palacio de Gobierno el funcionario expresó que ya saben que este diciembre es complicado, pero desde la primera semana del mes buscarán dialogar con el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para plantear la misma solicitud, que se hizo al antecesor, de un recurso extraordinario de alrededor de mil millones de pesos para hacer frente a los compromisos de fin de año.

Como lo refirió en su momento, la administración pasada respondió que no habría un adelanto, ni apoyo, y dejó todo pendiente para la llegada del nuevo gobierno, por lo tanto, seguirán las gestiones.

Apuntó que hay varios pagos que tiene que hacer la administración, por adeudos heredados por la gestión del ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, además de sueldos y aguinaldos.

No obstante, lo anterior, expresó que para el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo es una prioridad el pagar los salarios y prestaciones para los trabajadores, pues es una responsabilidad legal.

De igual manera comentó que tienen la confianza en que haya una respuesta positiva en las gestiones que se han hecho para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En otro tema, Sanz Rivera consideró que la propuesta de algunos legisladores –dada a conocer el jueves- para cambiar a los titulares de fiscalías es una atribución de los diputados y el Ejecutivo respetará la decisión del Congreso local.

Comentó que no podría juzgar en este momento los resultados, pero destacó que la gente conoce los que se han dado desde la administración pasada.

Finalmente, reiteró que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, acudirá hoy a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.

El gobierno estatal también informó ayer viernes que hoy será transmitida la ceremonia a través de una pantalla gigante que se instalará en la Plaza de Armas "Emiliano Zapata Salazar", en el centro de Cuernavaca, pues se trata de un hecho histórico del que mucha gente quiere ser testigo.

El hasta ayer titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso es uno de los funcionarios que colocó Graco Ramírez para garantizarse impunidad.

El titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, presentó ayer su renuncia al cargo ante la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado.

Su nombramiento concluiría hasta el año 2023, pues en el 2015 fue designado como titular de la auditoría por ocho años, sin embargo, por presiones de los legisladores locales decidió renunciar.

Hace dos semanas, el auditor fue señalado por los diputados de haber protegido a ex legisladores integrantes de la LIII Legislatura en presuntos malos manejos de recursos públicos y por ello aseguraron que iniciarían un proceso de destitución en su contra. 

Incluso el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, aseguró que fue cómplice de las irregularidades en la pasada legislatura, que presuntamente desapareció información administrativa y financiera del Congreso del estado.

Aunque Loredo Méndez rechazó hablar sobre los motivos de su renuncia, sostuvo que es una determinación que había tomado desde hace dos meses, cuando –precisamente- inició la LIV Legislatura.

Ningún legislador local fijó postura de la renuncia del titular de la ESAF, sin embargo, el Congreso del estado deberá iniciar de manera urgente un proceso de designación en dicho cargo, más aún porque iniciarán los procesos de entrega-recepción en los 33 ayuntamientos y la auditoría deberá vigilar que se lleven a cabo conforme a la ley.

Pero son de mala calidad y de tallas inadecuadas; el IEBEM realiza auditoría.

Jojutla.- Los uniformes escolares que ofreció la administración de Graco Ramírez llegaron esta semana a escuelas de Jojutla, pero en tallas inferiores a las requeridas.

Padres de familia denunciaron que fueron citados al salón de sus hijos para recibir su uniforme, que además contenía una carta fechada en marzo de este año y firmada por el entonces gobernador, Graco Ramírez, pero la talla es menor y no era el nombre oficial del plantel.

El documento destaca que la prenda fue confeccionada por “Empresas de la Mujer Morelense”.

Al respecto, el director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eleacín Salgado de la Paz, anticipó que se realizará una auditoría para determinar las razones por las que se entregaron uniformes de mala calidad y de tallas menores a alumnos de primaria de la entidad.

“Llevamos un mes de haber tomado posesión y nos encontramos con este tipo de problemas. El problema de la falta de uniformes y los uniformes pocos que se entregaron son mal hechos, no son de las tallas que se encargaron. Derivado de eso y de otros conceptos más, porque nos entregan un IEBEM en crisis, desfalcado, no sabemos en dónde están los recursos, y por eso se está llevando a cabo una auditoría para tener conocimiento preciso de cada uno de los rubros y pedir cuentas a quien las tenga que dar”, refirió el funcionario.

Por otra parte, Salgado de la Paz reconoció que el Instituto no ha pagado el servicio de agua potable a los planteles escolares del municipio de Zacatepec. Dijo que no tenía a la mano la información de cuánto y de qué mes, pero ya realiza el trámite para cubrir el adeudo.

Aseguró que no están retrasados, sino que están “en tiempo y forma” para saldar el adeudo.

Asegura José Casas que ninguno se sometió al examen obligatorio de control de confianza.

Diputados locales del Partido del Trabajo (PT) se pronunciaron por la remoción del fiscal general y del fiscal anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, respectivamente, por no haber cumplido con las evaluaciones de control de confianza, como lo ordena la Constitución federal.
En rueda de prensa, el legislador José Casas González, acompañado de sus compañeros de bancada, informó que derivado de dos solicitudes de información que presentó ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y ante la Comisión Estatal de Seguridad, se confirmó que los dos fiscales no se sometieron a ningún examen de control de confianza, requisito obligatorio para recibir el nombramiento y permanecer en el cargo. 
"Nos informa el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones de procuración de justicia sin contar con el certificado y registro vigentes, por lo que se entiende que los fiscales generales y especializados laboran en una institución de procuración de justicia y deben contar con sus exámenes", declaró el diputado.
Refirió, que derivado de dicha información, el pasado miércoles planteó un punto de acuerdo para iniciar un proceso de remoción de ambos funcionarios, sin embargo, no recibió el apoyo de la mayoría de los legisladores para aprobarlo.
Ante tal situación, dijo que informó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo de la violación en la que han incurrido los fiscales y éste se comprometió a revisar la permanencia en el cargo de los fiscales.
Ambos fiscales fueron propuestos por el gobierno que encabezó Graco Ramírez y designados por la LIII Legislatura, la cual en julio pasado aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para autorizar pensión vitalicia a los funcionarios y seguridad personal al terminar su encargo.

Estuvo acompañado del alcalde electo de Ayala, Isaac Pimentel Mejía.

Ayala.- Acompañado por diversos funcionarios estatales, representantes de diferentes asociaciones agrarias y habitantes de este municipio, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, junto con el alcalde electo, Isaac Pimentel Mejía, encabezó la ceremonia alusiva al CVII Aniversario de la Promulgación del Plan de Ayala.

El mandatario estatal fue recibido por el alcalde electo, Isaac Pimentel Mejía, quien aprovechó la oportunidad de solicitar su apoyo para la realización de diversas obras, tales como la reconstrucción o construcción de un nuevo edificio que albergue las oficinas municipales, toda vez que las existentes resultaron afectadas tras el sismo del 19 de septiembre del año pasado.

Por su parte, el gobernador se comprometió a brindar apoyo al campo, al señalar que es uno de los sectores más importantes en la entidad y, por ende, debe contar con un apoyo integral para que continúe produciendo granos y semillas de calidad, así como otros productos.

De la misma manera, Blanco Bravo señaló que en su administración se hará justicia al pueblo de Morelos, el cual ha sido lastimado por los malos gobernantes que le antecedieron, además de señalar que es tiempo de apoyar verdaderamente al campo y honrar a las manos que lo trabajan, tal cual lo marcan los ideales revolucionarios.

De la misma manera, el mandatario estatal precisó que uno de los principales compromisos asumidos en su gobierno ha sido el de castigar a quienes usaron el poder para enriquecerse, situación por la cual, al momento ya se han presentado 22 denuncias ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción.

“Les doy mi palabra que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y vamos a hacer que esto lo paguen”, afirmó Blanco Bravo.

Agregó que el gobierno que encabeza, dentro de sus posibilidades, buscará atender los principales rezagos en salud, educación y el campo que persisten en la entidad.

Asimismo, prometió que pondrá énfasis en el tema de inseguridad, que está presente desde hace varios años en la entidad, señalando que la misma es herencia de la administración que encabezó Graco Ramírez.

Por último, Cuauhtémoc Blanco colocó una ofrenda floral en el mural simbólico del documento histórico de la firma y promulgación del Plan de Ayala.

Los diputados también votaron a favor de otorgar una prórroga al Ejecutivo para la entrega del proyecto de presupuesto 2019.

Tras dos semanas de parálisis legislativa, diputados locales autorizaron una prórroga al Poder Ejecutivo para presentar el Paquete Económico 2019 hasta el 15 de diciembre y reactivaron los fondos de Promoción Turística (Fitur), de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) y el Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fidodepi).

Los legisladores locales que finalmente se pusieron de acuerdo para reanudar la sesión del 15 de noviembre suspendida en varias ocasiones, nombraron a la diputada panista Dalila Morales Sandoval como tercer secretario de la Diputación Permanente, que deberá instalarse el 15 de diciembre próximo, cuando concluirá el primer periodo ordinario de sesiones.

Por la tarde, iniciaron una nueva sesión ordinaria y aprobaron por unanimidad la prórroga que solicitó el Poder Ejecutivo, para presentar hasta el 15 de diciembre la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

Por la vía rápida, el Pleno del Congreso también aprobó modificaciones a la ley hacendaria y dio marcha atrás a las adecuaciones que impulsaron los diputados de la LIII Legislatura, a fin de reactivar el Fitur, Fidecomp y Fifodepi.

Los legisladores establecieron el mismo ordenamiento para la operación de los citados fondos y la aplicación de sus recursos para la promoción turística y fomento del empleo, que se obtiene del pago que realizan empresarios del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), el Impuesto sobre el Hospedaje (ISH) y el Impuesto sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios.

Según un estudio de factibilidad que su administración hizo en el 2013, para Cuernavaca y su zona conurbada son necesarios más de cinco mil 600 taxis.

Hasta este año, la SMyT cobró cuatro mil 391 concesiones que no entregó a los transportistas.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) inició el proceso de tramitación para concluir la regularización de taxis que inició en el 2014. De acuerdo a un estudio de factibilidad, el gobierno del estado deberá expedir cinco mil 607 títulos de concesión para la zona metropolitana del estado.

Autoridades del gobierno que encabezó Graco Ramírez nunca revelaron el estudio de factibilidad que sustentó el proceso de regularización del 2014 y que estuvo viciado de origen. Sin embargo, deberá concluir este año, según el decreto publicado en enero de ese año en el periódico oficial "Tierra y Libertad".

Dicho estudio justifica la expedición de más de cinco mil 600 concesiones de taxi y no de tres mil, como lo afirmaron exautoridades.

Aunque Cuernavaca es el municipio más saturado de unidades del transporte público sin itinerario fijo, la SMyT -en la administración de Graco Ramírez- consideró que se requerían dos mil 70 taxis más; en Temixco, mil 247; en Jiutepec, 865; en Emiliano Zapata, 403; en Xochitepec, 604; en Tepoztlán, 164, y  en Huitzilac, 254.

Hasta este año se vendieron cuatro mil 391 concesiones que aún no se han entregado a los transportistas, pero concesionarios del transporte podrían exigir que se cumpla con el estudio de factibilidad que se realizó en el año 2013.

De concretarse dichas cifras, en la zona metropolitana circularán 14 mil 927 taxis de manera legal, además de los vehículos que operan con permisos clonados o considerados como "pirata".

José Casas González, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza, José Luis Galindo, Ana Guevara Ramírez, Blanca Nieves Sánchez Arano, Marcos Zapotitla Becerro, Keila Figueroa Evaristo, Rosalina Mazari Espín, Rosalinda Rodríguez Tinoco y Naida Díaz Roca impidieron con su ausencia los trabajos de la Legislatura.

Por la ausencia de once diputados, fracasó un nuevo intento de la Mesa Directiva del Congreso del estado por reanudar la sesión ordinaria que se suspendió desde la semana pasada y en la que se busca aprobar la solicitud de prórroga que presentó el Poder Ejecutivo para entregar la propuesta del Paquete Económico 2019, hasta el 15 de diciembre próximo.
El presidente de la Mesa Directiva Alfonso de Jesús Sotelo Martínez advirtió que iniciará acciones jurídicas en contra de los legisladores que no atendieron a la convocatoria de la sesión ordinaria, programada para las 12 del día de ayer. 
Cerca de las 4 de la tarde, el presidente del Congreso reanudó la sesión ordinaria que inició el jueves 15 de noviembre. Sin embargo, en el pase de lista sólo nueve legisladores se encontraban en el Pleno y Sotelo Martínez pidió a la Secretaría de Servicios Legislativos buscar en las instalaciones del Congreso a los diputados faltantes.
Tras varios minutos, la secretaría informó a la Mesa Directiva de la ausencia de los diputados, lo que obligó a que se suspendiera la sesión por enésima ocasión. 
Se trató de los diputados del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza y José Luis Galindo; de Movimiento Ciudadano (MC), Ana Guevara Ramírez; de Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano; de Marcos Zapotitla Becerro y Keila Figueroa Evaristo, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Rosalina Mazari Espín, del Revolucionario Institucional (PRI); Rosalinda Rodríguez Tinoco, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Naida Díaz Roca, del Partido Social Demócrata (PSD).
Los diputados de Morena, Partido Encuentro Social (PES) y Acción Nacional (PAN), en rueda de prensa, advirtieron que no permitirán ningún "chantaje" para avanzar en el tema presupuestal y afirmaron que no hay ningún impedimento legal para que se apruebe la prórroga solicitada por el Ejecutivo.
El presidente de la Mesa Directiva informó que iniciará acciones jurídicas para sancionar a los diputados que se negaron a acudir a la sesión ordinaria y cuyo propósito es empantanar el tema presupuestal.
Sotelo Martínez admitió por primera vez que existe el riesgo de que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo no pueda presentar su primera iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 y tenga que trabajar con el presupuesto que se aprobó para este año, en base a las necesidades del gobierno que encabezó Graco Ramírez. 

Se prevé que se realice a partir de las ocho de la mañana de este miércoles.

Zona sur.- Diferentes grupos organizados tomarán este miércoles la carretera Jojutla-Alpuyeca en Xoxocotla, en demanda de que el gobierno del estado y el Congreso local aprueben la emisión de una nueva convocatoria para elegir nuevo Concejo Municipal.

Como se recordará, el pasado 11 de febrero de este año hubo elecciones para elegir el primer Concejo Municipal de esta población indígena, en su transición para convertirse en municipio.

Las elecciones fueron ganadas por la planilla Morada, que es representada por Leonel Ceferino Díaz; sin embargo, las cinco planillas perdedoras impugnaron la elección al considerar que hubo múltiples anomalías y la intervención de la alcaldesa de Puente de Ixtla y el entonces diputado Julio Espín Navarrete.

José Flores, delegado de la comunidad y quien participó en una de las planillas, dio a conocer que el viernes pasado se realizó una asamblea en la que se acordó llamar la atención de los Poderes del estado para darles a conocer que la población no está de acuerdo con la elección y se debe reponer el proceso.

Aseguró que presentaron la impugnación en tiempo y forma al gobierno de Graco Ramírez, pero tanto el entonces gobernador como el Congreso no atendieron su demanda, pese a las pruebas presentadas.

Añadió que ahora, con una nueva Legislatura y un nuevo gobernador, esperan que les den respuesta y avalen el nuevo proceso y que sea –además– organizado por el Impepac.

Insistió en que hubo injerencia externa en la votación pasada porque lo que busca el Ayuntamiento de Puente de Ixtla es que se le cargue a Xoxocotla parte de la deuda que tiene ese municipio, que alcanza los 300 millones de pesos.

Aseguró que la mayor parte de la población está inconforme y por eso le ha pedido que se reponga la elección. Ante ello, desde las ocho horas de hoy, bloquearán la carretera en el lugar de costumbre para que los representantes del gobierno, como del Congreso estatal, aprueben la expedición de una nueva convocatoria para elegir al Concejo Municipal.

Aunque la ley dice que el Concejo debería tomar posesión el 1 de enero, consideró que no hay condiciones para ello, pues la administración estatal anterior dejó sin recursos a la entidad, por lo que podrían llevarse el tiempo necesario para reponer prácticamente todo el proceso y definir nuevas fechas.

El presidente de la Ruta 13 de Oaxtepec dice que las unidades deben ser sacadas de circulación y que el proceso de selección debe ser trasparente.

Cuautla.- Rodolfo Tiscareño Martínez, presidente de la Ruta 13 de Oaxtepec, aseguró que las unidades que sean ilícitas no podrán regularizarse y tendrán que ser sacadas de circulación. Asimismo, dijo que durante el gobierno que encabezó Graco Ramírez se concedieron 17 mil

“No sé qué estrategia esté utilizando el gobierno del estado para comenzar a trabajar sobre esas camionetas que son ilícitas; los contras han buscado la forma de hacer una tregua con el gobernador, sin embargo no ha habido tal. Al parecer, viene la decisión de retirarlos”, señaló.

Asimismo, refirió que tras el operativo realizado en la región oriente, de 21 unidades del transporte público, al menos tres cuentan con permisos “piratas” y el resto son concesionadas.

Añadió que, a su parecer, dichos operativos de la Secretaría de Movilidad y Transportes van más en contra de las unidades legales que contra las que carecen de los permisos adecuados.

Tiscareño Martínez dijo que la intención es que se retire el proceso de concesión o permisos de la anterior administración, mismo que –aseguró– “estuvo amañado, a base de dinero y unas selecciones que no tienen sustento”, por lo que el proceso debe ser limpio y transparente.

En este sentido, agregó que el gobierno de Graco Ramírez concedió 17 mil permisos en la entidad y que en su totalidad “son ilícitos”, por lo que a la brevedad las unidades que cuentan con ellos deberían de ser retirados, ya que afectan de manera directa a los transportistas instituidos legalmente.

Asimismo, dijo desconocer cuál sea la estrategia del actual gobierno para mantener la paz y tranquilidad en el transporte público.

Por último, dijo que en caso de que el gobierno estatal no atienda sus demandas para sacar de circulación a las unidades ilícitas, no descartan la posibilidad de realizar movilizaciones en diversos puntos.

Confirma la SMyT que se concluirá el proceso iniciado en el 2014, pero sólo a los solicitantes que cumplan con los requisitos exigidos por la ley del transporte.

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, confirmó que sí se completará el proceso de regularización de taxis que en el año 2014 inició el gobierno de Graco Ramírez.
Sin embargo, dijo que la SMyT revisa con la Contraloría del estado todo el proceso que inició hace más de cuatro años y que, supuestamente, cerraría este año, de acuerdo a un decreto que emitió la pasada administración estatal. 
Mercado Salgado refirió que la próxima semana podría dar una solución a dicho problema, que no ha concluido por las diversas anomalías que cometieron exfuncionarios para beneficiar a transportistas allegados a cambio de favores políticos.
Explicó que la Secretaría de la Contraloría definirá el número de transportistas que resultarán beneficiarios del proceso de regularización y que debieron cumplir con todos los requisitos que marca la Ley de Transporte del estado. 
De acuerdo a la Coalición de Representantes del Transporte Público, la lista de transportistas que tienen derecho a una concesión es mayor a tres mil 500, ya que desde el 2014 pagaron más de 25 mil pesos por una concesión de taxi.

El gobierno anterior omitió la entrega de las concesiones ya pagadas, pero a cambio dotó a los solicitantes de permisos provisionales, que fueron fotocopiados (clonados) para que miles de vehículos también prestaran el servicio de taxi de manera irregular. 

Integrantes de la Confederación del Transporte del Estado de Morelos (organización que encabeza un funcionario de la administración graquista)  protestaron en contra de los operativos que ha realizado la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), acciones que calificaron como arbitrarias.

Ayer por la mañana, los concesionarios de taxis y rutas acudieron al Palacio de Gobierno y pidieron la intervención del gobernador Cuauhtémoc Blanco para que los operativos se detengan, pues denunciaron que se ha utilizado la fuerza pública en su contra para detener a sus unidades por cualquier anomalía detectada, como no tener el seguro del vehículo vigente.

"No estamos en contra de las acciones de este gobierno, de lo que realmente estamos en contra es de lo que nos quieren cobrar. No se vale que una licencia que antes te valía 900 pesos ahora te valga 16 mil pesos (sic); si una infracción por falta de seguro te valía mil 900 ahora te vale 25 mil pesos y la verdad tú crees que sí nos costaba sacar un seguro. ¿Ahora vamos a poder pagar 25 mil pesos?", manifestó Mauro Rivera de la Cruz, de la Confederación del Transporte del Estado de Morelos, agrupación que creó Noé Sandoval Morales, ex delegado de la Secretaría de Movilidad y Transportes que fue cesado por la Contraloría del estado.

Los concesionarios del transporte amenazaron con llevar a cabo movilizaciones si la Secretaría de Movilidad y Transporte no detiene los operativos en su contra.

SMYT NIEGA AGRESIONES

Por su parte, personal de Movilidad y Transporte entrevistado por La Unión de Morelos manifestó al respecto que se ha tenido que echar mano de elementos del ejército en apoyo a los operativos, ya que hay resistencia de algunos grupos de transportistas a ser revisados y se han dado casos de quema de vehículos, lo que obligó a tomar previsiones.

En lo relacionado a las agresiones de los que se quejan los denunciantes, se negó que éstas existieran y que los videos que se mostraron sobre presuntos golpes no corresponden a las acciones desarrolladas en operativos en Cuautla.

Finalmente, el transportista Rivera de la Cruz dijo que “quizás nos traten así porque consideran que apoyamos al exgobernador Graco Ramírez y a Rodrigo Gayoso, pero nunca estuvimos en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, podemos mostrar imágenes”.