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Asegura el presidente que la prensa conservadora da mucha difusión a las protestas en la CNDH para perjudicar a su gobierno

Obstaculizaron el ingreso de personal del organismo para realizar una supervisión en el lugar.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio contra los funcionarios del penal de Atlacholoaya que obstaculizaron el ingreso del personal del organismo para supervisar el centro de reinserción social como parte de Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP).

A través de un comunicado, recordó que el pasado 18 de agosto dos integrantes de la CNDH llegaron al penal varonil de Atlacholoaya para iniciar la supervisión penitenciaria en Morelos, pero se les negó la entrada, primero con el pretexto de que no estaba la directora; luego, que no había suficiente personal de custodia para garantizar su seguridad; y finalmente se les dijo que la CNDH no pidió cita para realizar la inspección, y que regresaran en otra ocasión.

Luego de que el caso fue difundido por los medios de comunicación y luego de una espera de varias horas, se le permitió al personal de la comisión el ingreso, pero para la CNDH hubo una evidente obstaculización de su trabajo por parte de funcionarios del sistema penitenciario estatal.   

“En ese contexto, es evidente que tales restricciones, obstaculizan el trabajo del DNSP, al impedir supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país, a través de la verificación de las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ello de conformidad con el artículo 6°, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Cabe mencionar que, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, manifestó que también se les negó el acceso al mencionado Centro penitenciario.

 “En virtud de la gravedad de los hechos, que inciden en la opinión pública nacional y con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos adscritos al Sistema Penitenciario en el Estado de Morelos, esta Comisión Nacional Investigará de oficio el presente caso”, recalcó.

El sistema penitenciario estatal y, en particular el penal de Atlacholoaya, se encuentra en la mira nacional como uno de los penales con mayor inestabilidad, donde prevalece el cogobierno, es decir, que existe una complicidad entre un grupo de reos y funcionarios penitenciarios para tener el “control” de centro de reclusión.

Además, en los últimos diez meses el penal ya acumula casi una veintena de asesinatos violentos de reos por enfrentamientos, motines y riñas, más de 50 lesionados y varios presuntos suicidios.

Pese a la crisis del sistema penitenciario, se mantiene en su cargo el coordinador estatal de Reinserción Social, Israel Ponce de León Bórquez, que forma parte de la ola de funcionarios veracruzanos que se incrustaron en el gobierno estatal.

El organismo nacional reitera preocupación por la falta de mecanismos oficiales para prevenir y evitar homicidios y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.

El ex vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, José Martínez Cruz, fue designado visitador por la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

Tras aceptar las renuncias de los titulares de las seis Visitadurías Generales y reconocer su desempeño dentro del organismo nacional, Piedra Ibarra nombró a Martínez Cruz como director general de la Primera Visitaduría de la CNDH.

También entraron en funciones Carlos Fazio, como director general de la Segunda Visitaduría, con encargo especial para atender los temas relacionados con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional; Hilda Téllez Lino, en la dirección general de Quejas en Materia Penitenciaria e Inconformidades de la Tercera Visitaduría; Joaquín Aguilar Méndez, quien actualmente se desempeña como visitador adjunto, como director general de la Cuarta Visitaduría;  Elizabeth Lara Rodríguez, actualmente encargada de la oficina regional en Oaxaca, como directora general de la Quinta Visitaduría; y Edgard Sánchez Ramírez, como director general de la Sexta Visitaduría.

Todos ellos, precisó la CNDH, en funciones de la titularidad de las Visitadurías Generales respectivas a partir del 1 de enero de 2020, y con la encomienda de buscar y aplicar mejores fórmulas y políticas para promover y defender los derechos humanos, en sus respectivas áreas de responsabilidad.

“Con la idea de fortalecer la renovación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y avanzar en su tarea de poner al centro de interés a las víctimas, desde el inicio de su gestión, la Presidenta de esta Comisión, Ma. del Rosario Piedra Ibarra, ha sostenido reuniones con organizaciones y colectivos de diverso signo y comprobado activismo pro-derechos humanos; pero sobre todo con víctimas, con el objetivo de escuchar sus demandas y peticiones para a partir de ellas ir conformando su equipo de trabajo….”

El saldo preliminar de la jornada violenta se completó con dos reos más lesionados y dos custodios heridos.

Un interno fallecido, dos más lesionados y dos custodios heridos fue el saldo preliminar de un amotinamiento registrado en el interior del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en el municipio de Ayala, Morelos.

Alrededor de las 12:00 horas del domingo, personal de seguridad del centro de internamiento solicitó auxilio a las fuerzas federales y estatales para controlar a un grupo de internos que pretendió tomar el control de las instalaciones. 

De inmediato se montó un operativo en las inmediaciones del Ceferepsi e ingresaron elementos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional en apoyo de los custodios, quienes habrían sido confrontados por los internos.

Al lugar arribaron también ambulancias, tras confirmarse que había por lo menos cuatro personas lesionadas y un deceso. Pasadas las 15:00, se informó que la autoridad retomó el control del Ceferepsi, que ha albergado a personajes como el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, sentenciado por narcotráfico; Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex gobernador de Sinaloa, Guillermo Padrés; y otro ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, extraditado desde Panamá en enero de 2018 y acusado de presunta corrupción. 

Extraoficialmente trascendió que los custodios heridos con armas punzocortantes se encontraban graves. De los internos no hubo reporte oficial de su estado de salud. 

En el reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Ceferepsi número 16 fue de los cinco centros federales mejor evaluados, con una calificación de 8.05 puntos. 

Sin embargo, el organismo nacional detectó que en16 de 17 establecimientos federales existía insuficiencia de personal, deficiencias en servicios de salud y de medicamentos, y en 13 se detectó deficiente atención a personas mayores, insuficiencia de actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas, y falta de programas de prevención de adicciones. 

En mayo pasado, custodios del centro federal ubicado en la zona oriente de Morelos realizaron una protesta en exigencia de mejores condiciones laborales y reforzamiento de las medidas de seguridad.

Durante este mes, también ocurrieron dos riñas y un amotinamiento en el penal de Atlacholoaya, ubicado en el municipio de Xochitepec, que tuvo un saldo total de nueve internos muertos y 14 heridos.

Un total de 204 servidores públicos de dependencias federales, estatales y municipales asistieron al ciclo de talleres de Derechos Humanos, que en coordinación interinstitucional entre el ISSSTE y la CNDH organizó la delegación estatal del ISSSTE, a cuyo cargo está Verónica Solano Flores, los días lunes 4, martes 5, jueves 7 y viernes 8 de noviembre.

Los talleres fueron impartidos por las licenciadas Marisela Delgado Hernández, coordinadora de la Campaña Nacional de Promoción y Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y Marisela Medina Tapia, coordinadora de la Campaña Nacional de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, respectivamente, y tuvieron como sede el auditorio de Casa de Día.

Los participantes de las Secretarías de Gobierno, Administración y Desarrollo Sustentable, Instituto de la Defensoría Pública y Dirección General Jurídica de Gobierno del Estado; de los Ayuntamientos de Cuernavaca, Temixco y Emiliano Zapata, delegaciones estatales del IMSS e ISSSTE, y Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, recibieron su constancia de asistencia.

Atenderá Gobierno de Morelos recomendación de la CNDH; la anterior administración cometió faltas graves contra ciudadanos.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que en su administración en todo momento se velará por el respeto irrestricto a los derechos humanos de la ciudadanía, por quien se trabaja en políticas públicas que garanticen justicia social y permitan el desarrollo de la entidad en un ambiente de seguridad y paz.

En tal sentido, el jefe del Ejecutivo estatal señaló que se atenderá de manera inmediata la recomendación 21VG/2019 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con respecto a las graves faltas cometidas por la administración del exgobernador Graco Ramírez y el excomisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra.

Blanco Bravo sentenció que en su gobierno no hay cabida para la impunidad. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie; se debe llegar a las últimas consecuencias”, aseguró.

La recomendación se derivó por los hechos ocurridos en noviembre de 2017 en el municipio de Temixco, donde policías del Mando Único de Graco Ramírez y Alberto Capella violentaron la paz y con exceso de violencia causaron la muerte a integrantes de una familia.

Hecho como esos no volverán a repetirse en Morelos, donde el actual gobierno sí trabaja a favor de la gente, no con simulación, como ocurrió en la administración de Graco Ramírez, quien nunca se ocupó de atender las necesidades de los ciudadanos.

“Quien la deba, que la pague”, expresó Cuauhtémoc Blanco, al referirse a los anteriores funcionarios que tanto daño causaron a los morelenses.

A través de la Comisión Estatal de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) se dará puntal seguimiento a los afectados, para que puedan acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto por la ley.

El Poder Ejecutivo local mantiene firme el compromiso de ser cercano a la gente; en coordinación con el Gobierno de México y las autoridades de cada municipio se trabaja de manera incansable para eliminar los actos de violencia en el territorio estatal; se continuarán impulsando programas y acciones para lograr este objetivo, tan anhelado por todos los morelenses.

Además, sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas.

La CNDH pide protección para tres ciudadanos de ese país sobrevivientes a posible intento de homicidio.   

Ya es mayor el número de migrantes extranjeros identificados en Morelos cuyo destino es Estados Unidos.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, informó que el Instituto Nacional de Migración, junto con la Guardia Nacional, reforzarán la vigilancia sobre los migrantes, pues se ha observado un incremento de extranjeros que usan Morelos como paso en su propósito de llegar a Estados Unidos.

El funcionario estatal informó que el caso de los migrantes guatemaltecos encontrados el pasado fin de semana en Ocuituco, ya es parte de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y se analiza la posible colaboración de las autoridades federales y de entidades vecinas, pues hay indicios de que podría tratarse de una banda que opera en varios estados del país.

Como lo informó oportunamente La Unión de Morelos, un niño de diez años de origen guatemalteco fue localizado herido junto al cadáver de su padre, al que asesinaron; pretendían llegar a Estado Unidos pero los secuestró un grupo criminal.

El menor fue trasladado al Hospital del Niño Morelense para su atención.

Al respecto, este martes, el jefe de la Oficina de la Gubernatura informó que el estado de salud del menor herido es estable.

Sanz Rivera mencionó que no hay cifras, pero se ha incrementado el número de extranjeros que pasan por Morelos y por Puebla en su intento de llegar a Estados Unidos; por ello, se han coordinado esfuerzos con el Instituto Nacional de Migración (INM) para reforzar la vigilancia, según indicó el funcionario estatal.

Adelantó que se estableció comunicación con la embajada de Guatemala y esas autoridades, junto con la Federación y los médicos, decidirán acerca de la situación del niño, sobre su permanencia en Morelos o en el país, o en su caso el retorno a su nación.

Pide CNDH seguridad para sobrevivientes

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a los gobiernos de los estados de México y Morelos aplicar medidas cautelares ante el inminente riegos que corren los tres migrantes guatemaltecos sobrevivientes a un secuestro e intento de homicidio.

El organismo nacional solicitó la colaboración de las autoridades estatales para proteger a Luis Arturo González Huite y su hijo adolescente Bayron Almícar, quienes se encuentran fuera de peligro pero internados en un nosocomio de Amecameca, en el Estado de México, así como del menor Cristian Iban González, quien se encuentra estable y bajo tratamiento médico en el Hospital del Niño y Adolescente Morelense.

Detalló que tiene conocimiento de que la familia de las víctimas recibió vía telefónica diversas llamadas de amenaza y existe riego a su integridad física, por lo que requirió darles seguridad y acompañamiento durante sus desplazamientos, ya que Arturo y su hijo, una vez que sean dados de alta, se reunirán con Cristian Iban, quien fue localizado herido el sábado pasado en un paraje del municipio de Ocuituco abrazado al cuerpo degollado de su padre.

También pidió a las autoridades locales establecer comunicación con el Instituto Nacional de Migración (INM), para que a los tres migrantes guatemaltecos les sea otorgada la condición de visitantes por razones humanitaria, tras haber sido víctimas de un delito, y se otorgue apoyo para la repatriación del cuerpo de Rudy Aroldo González, quien fue asesinado en territorio morelense.

De acuerdo con información recabada por la CNDH, los hermanos Luis Arturo y Rudy Aroldo, junto con sus hijos menores Bayron Almícar y Cristian Iban, de 17 y 10 años, salieron de Guatemala el 28 de mayo para cruzar México con destino a Estados Unidos.

Fue hasta el 1 de julio que la familia de los migrantes recibió llamadas de supuestos miembros del grupo criminal de “Los Zetas”, que solicitaron dinero a cambio de no hacerles daño y liberarlos. A pesar del pago del rescate, fue hasta el 6 de julio que supieron que Cristian Iban se encontraba herido en un hospital morelense y que Rudy Aroldo estaba muerto.

Luego de que fue localizado el menor, quien fue atacado con arma punzo cortante en el cuello, se supo que su tío y su primo se encontraban hospitalizados en Amecameca, Estado de México, que se encuentra a poco más de una hora de Cuautla, Morelos.

Por lo pronto, la Fiscalía General del Estado de Morelos abrió la carpeta de investigación CT-UEH/3351/2019 por el homicidio de Rudy Aroldo y tentativa de homicidio en agravio del menor migrante.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación general dirigida a los gobiernos federal y los estados, con la finalidad de que apliquen políticas públicas tendientes a revertir las condiciones de pobreza y marginalidad de los jornaleros agrícolas.

Al emitir la recomendación general 36, el organismo solicitó a esas autoridades elaborar conjuntamente un diagnóstico nacional para identificar a la población jornalera agrícola, los flujos migratorios, las entidades federativas de origen y destino, y las problemáticas recurrentes para impulsar acciones y programas para hacer efectivo el goce de sus derechos humanos.

También recomendó considerar las deficiencias observadas en el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) e intercambiar información relacionada con ese grupo poblacional y los centros o empresas agrícolas para integrar o actualizar un registro único de éstos y favorecer las acciones de supervisión;  celebrar los instrumentos jurídicos que permitan la ejecución de proyectos en beneficio de esas personas; y garantizar que las unidades de trabajo y albergues que subsistan cuenten con los servicios básicos y sanitarios pertinentes.

Destacó que el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas no está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2019 y si bien presentaba deficiencias en su operación y había áreas de oportunidad para su mejora, preocupa a la CNDH la ausencia de programa o política pública que cuente con alguna acción en concreto, y refrendó la obligación de los Estados de asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos para la vigencia de los derechos humanos. 

El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, tal obligación subsiste aun frente a recortes o ajustes presupuestales, sin perjuicio de las medidas que se adopten para el mejor y más efectivo manejo de los recursos públicos.

Durante la integración del expediente que dio origen a la recomendación general, detectó que falta coordinación interinstitucional entre las autoridades laborales federales y locales, y entre las dependencias a las que compete la salvaguarda y satisfacción de los derechos de ese grupo poblacional, subrayó la carencia y actualización de información de centros o empresas agrícolas y ausencia de diligencia en las inspecciones ordinarias y extraordinarias.

Además, recordó que la ley contempla desde 2017 en el artículo 123 que es un trabajo de riesgo y prohibe el trabajo infantil en los ranchos jornaleros, es muy importante que se cumpla con la normatividad sobre las condiciones dignas de trabajo y la aplicación de programas sociales para que los niños estén en las escuelas y no en los campos, a donde los llevan sus familias por necesidad.

Debido a la falta de información y su actualización, la CNDH refirió en esta recomendación general los datos de la Encuesta Nacional Jornalera Agrícola elaborada en el año 2009 por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mediante la cual se identificó aproximadamente a 2 millones 40 mil 414 personas jornaleras agrícolas –40% de origen indígena—, y a partir de la encuesta se estimó una población jornalera migrante actual aproximada de 2 millones 71 mil 483 personas.

De acuerdo con “Enlaces y Voces Mesoamericanas” y “Red de Jornaleros Internos”, el 50% de las personas jornaleras agrícolas procede de los estados con mayor marginalidad en el país, especialmente de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guerrero, y que tienen los porcentajes más elevados de población en situación de pobreza, donde las principales carencias sociales se relacionan con el rezago educativo, calidad y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos y a la seguridad social.

Por ello, la CNDH recomendó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a los gobernadores fortalecer la competencia de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, e impulsar un modelo de protección laboral que considere las distintas etapas de reclutamiento y contratación, ya sea a través del Programa de Apoyo al Empleo o independiente de éste.

También, establecer un programa específico de inspección a centros con actividad agrícola, así como de las condiciones en que viven las personas jornaleras agrícolas y sus familias en las comunidades de destino.

A la Secretaría de Bienestar le solicitó concretar la elaboración y aplicación de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, considerando la perspectiva de género, la edad y la diversidad cultural; y al IMSS se le recomendó fortalecer las acciones para incrementar el registro de patrones del campo y personas jornaleras agrícolas afiliadas a ese instituto.

En Morelos tampoco existen cifras actualizadas sobre el número de jornaleros agrícolas que llegan a los campos a trabajar en el corte de caña y cosecha de hortalizas, jitomate, elote. Pero se estima que más de 5 mil y, en ocasiones, más de 10 mil, llegan a trabajar a los municipios de Ayala, Cuautla, Tlayacapan, Totolapan, Atlatlahucan, Jojutla, Tlaltizapán y Puente de Ixtla.

La mayor parte son de origen indígena, provenientes de los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla e Hidalgo, principalmente. 

El organismo que defiende los derechos humanos en el país pide investigar y aplicar la ley a quien haga justicia por propia mano.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el aumento de los linchamientos en el país y llamó a las autoridades no sólo prevenirlos sino investigar y aplicar la ley a quienes hacen justicia por su propia mano.

Al presentar el Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional, elaborado por la CNDH y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el organismo señaló que la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de seguridad pública para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, han propiciado que se canalice o dirija el hartazgo e impotencia social, ante una realidad que las vulnera y lastima, para que incurran en acciones violentas contra quienes consideran o suponen que cometen delitos o atentan en su contra o de la comunidad a la que pertenecen.

Puntualizó que el aumento de los linchamientos, ilustra la falta de capacidades del Estado para mantener el monopolio legítimo de la fuerza, el control sobre el territorio, y para garantizar la aplicación de la ley y la seguridad de la población, funciones primordiales no cumplidas que son síntomas de una crisis de autoridad e institucionalidad.

El titular la CNDH, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que los linchamientos son un problema vigente en el país, que se debe atender y prevenir, porque por sí mismos son conductas ilícitas, que no constituyen una vía para alcanzar la verdad ni la justicia, por lo que es indispensable que los casos que se presenten se registren, investiguen debidamente y, con base en ello, se impongan las sanciones procedentes.

Recalcó que la seguridad de la sociedad y la aplicación de la ley no puede quedar en manos de particulares, porque esa no sólo es responsabilidad sino obligación de las autoridades garantizarla.

Pretender lo contrario, dijo, abre la puerta a que los ilícitos se combatan con otros ilícitos y la violencia se pretenda abatir con más violencia, al margen de la ley y de las instituciones.

De acuerdo con el informe especial, los linchamientos muestran tendencia constante de crecimiento en el país desde 2015. En 2016 el incremento respecto a 2015 fue del 37%, mientras que 2018 presentó un claro repunte, con aumento de 190% respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 casos. En cuanto a las personas víctimas de linchamiento, fallecidos y lesionados, el incremento en ese año fue del 146%, al pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018.

En total, del 2015 al 2018 la CNDH registró 336 casos en 188 municipios del país. Al menos seis de ellos ocurrieron en algún municipio de Morelos. Los datos que se registran en 2019 confirman esa tendencia, ya que en los 5 primeros meses se han registrado 67 casos de linchamiento, con 107 víctimas, frente a los 174 casos con 271 víctimas, presentado durante todo 2018.

El Informe Especial sobre los linchamientos en el territorio nacional, incluyó 10 propuestas que se formularon de manera temática y están dirigidas a autoridades de los tres niveles de gobierno, cuyo ámbito de competencia se relaciona con la prevención, reacción y atención del citado fenómeno, las cuales están dirigidas al Consejo de Seguridad Pública, Congreso de la Unión, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejos Estatales y Consejos Regionales de Coordinación.

Linchamientos en Morelos

En julio de 2018, dio la vuelta al mundo la noticia de que en el municipio de Tetela del Volcán, ubicado en los Altos de Morelos, una turba linchó a un ciudadano colombiano, quien presuntamente se dedicaba a extorsionar a comerciantes.

Pese a que fue noticia internacional, la Fiscalía General del Estado no avanzó en la investigación sobre quiénes golpearon hasta la muerte al hombre, ni se esclareció si la víctima era inocente o si realmente estaba implicado en algún delito.

De acuerdo con investigaciones revisadas por la CNDH (Guillén & Veloz) entre 2010 y 2014 ocurrieron en Morelos, por lo menos 33 casos de linchamiento. Pero según las estadísticas recientes del organismo nacional, entre 2015 y 2018 documentó seis casos de linchamiento en Morelos, perpetrados en los municipios de Cuernavaca, Axochiapan, Tetela del Volcán y Tlayacapan.  

El robo o asalto fue la principal causa de linchamiento y se reportó que un 30% de los casos fue iniciado por transeúntes, un 25% por líderes comunitarios y un 20% por presuntas víctimas del linchado. El número de personas que participaron en el linchamiento fue de 10 a 50 aproximadamente. 

Pugna la CIDH por el seguimiento a la Alerta de Violencia de Género.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH Morelos) llamó a las autoridades estatales a evitar que sus servidores públicos emitan declaraciones que revictimicen a las mujeres asesinadas, y establecer en breve mesas de trabajo para dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género (AVG), mientras que el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, confirmó que se establecerán mesas de trabajo a partir de enero para abordar el tema junto con los nuevos alcaldes.

La CIDH Morelos informó que el martes sostuvo una reunión con el responsable de la política interna, que concluyó con el compromiso de realizar un seguimiento puntual de las acciones y medidas de la AVG para enfrentar la ola de violencia feminicida que este año cobró la vida de más de 70 mujeres. Incluso, ayer fueron localizados los cuerpos de dos mujeres asesinadas violentamente.

Detalló que presentó al funcionario un amplio informe de la investigación que a lo largo de 18 años realizó la comisión sobre el tema del feminicidio, y el cual fue fundamental para que en agosto de 2015 el gobierno federal decretara la AVG en ocho de los 33 municipios de Morelos.

Pero también la comisión exigió que funcionarios estatales se abstengan de realizar declaraciones públicas que estigmaticen o dañen la dignidad de las víctimas de feminicidio.  

“Externamos nuestra opinión crítica en contra declaraciones de funcionarios que revictimizan y, sobre todo, alertamos sobre los casos recientes de feminicidio, que deben ser investigados como tales de acuerdo al protocolo vigente en la fiscalía, para que no haya más impunidad ni violencia institucional”, recalcó la organización civil, luego de que hace unos días el comisionado estatal de seguridad, José Antonio Guarneros, reveló que las jóvenes asesinadas en una boutique de Jiutepec contaban presuntamente con antecedentes penales por delitos contra la salud.

Sobre el tema, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informó que todas las muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidios y señaló que en la reunión con la CIDH Morelos se acordó iniciar en el mes de enero, cuando los nuevos presidentes municipales ya estén en funciones, las mesas de trabajo para dar seguimiento e informar públicamente el avance de las 15 recomendaciones que se realizaron por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

El organismo pide abrir una nueva investigación sobre el desarrollo de la obra.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió abrir una nueva investigación y reveló que, al parecer, la reparación del socavón en el Paso Exprés corrió a cargo del erario federal y no de las empresas implicadas.

A través de un comunicado, el organismo defendió el contenido de la recomendación 34/2018, emitida el 10 de octubre, dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, por violaciones a derechos humanos y una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción ocurridos en todas las fases del proyecto de construcción del Paso Exprés.

Afirmó que “la recomendación emitida tiene sustento en una investigación de campo y documental que demuestra, con base en elementos objetivos, diversas violaciones a los derechos humanos”.

Recalcó que la CNDH busca que las autoridades involucradas federales, estatales y municipales establezcan de manera explícita la garantía de no repetición, y las acciones preventivas que ello conlleva, para tranquilidad de todos los ciudadanos que transitan por las carreteras nacionales.

Además, que se impongan sanciones ejemplares como disuasivo para que casos como el del socavón no vuelvan a presentarse, de otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente en cualquier parte del país.

Insistió también en que espera que la investigación realizada, sea considerada por las autoridades para deslindar responsabilidades penales y administrativas.

Recalcó de nuevo la resistencia de las institución públicas y las empresas implicadas en el caso para entregar información a la CNDH, no obstante, la investigación indica que “el costo de la reparación del socavón corrió a cargo del erario” y “hasta el momento no se ha informado si este costo se les cobrará a las empresas responsables que ejecutaron mal la obra”.

Precisó que enviará una copia de la investigación a la Secretaría de la Función Pública, pues independientemente de los procedimientos abiertos en curso o concluidos, “se requiere un nuevo procedimiento en el que se consideren todos los aspectos expuestos en la recomendación que deben ser considerados, tanto en contra de las empresas participantes como de los servidores públicos involucrados”.

“En un asunto que involucra empresas, falta de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la reticencia y opacidad observada para con la Comisión Nacional y por la declaración pública carente de veracidad y, en su caso, posibles actos de corrupción, se debe hacer una investigación integral que adminicule todos los hechos para llegar a un resultado general e integral de lo ocurrido en el socavón para que dichos hechos no permanezcan en la impunidad. El evento ocurrido en el socavón no puede analizarse y determinarse de manera aislada sino integral basada en todos y cada uno de los componentes que provocaron que dichos hechos ocurrieran”.

Confió en que las autoridades competentes ahonden su indagatoria por presuntas responsabilidades administrativas y penales, tomando en consideración los elementos aportados por la CNDH.

La revisión del proyecto debe reabrirse y las fallas deben ser reparadas, afirma el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de estado.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, Alejandro Rosas López, sostuvo que el "Paso Exprés Tlahuica" todavía es peligroso para los automovilistas, por lo que debe corregirse.

En entrevista, coincidió con la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se señala que los accidentes y muertes registrados en la vía de comunicación se deben a una mala de planeación del proyecto, y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) es la principal responsable.

Recordó que como Colegio de Ingenieros realizaron un dictamen del proyecto, que fue elemento de prueba para la investigación que se inició tras la muerte de dos hombres que cayeron a un socavón que se formó en la vialidad el 12 de junio del año pasado.

Sin embargo, refirió que la Secretaría de la Función Pública determinó cerrar el caso.

Rosas López consideró que la revisión del proyecto debe reabrirse y corregirlo, ya que persisten fallas que ponen en riesgo la vida de los automovilistas, sobre todo los que circulan por los carriles locales.

"Notamos que en el caso de los carriles locales siguen algunas situaciones. Se cuenta con tres carriles, pero realmente no caben los tres. Ahí sí es de modificar, se tiene que ver que funcione con carriles (sic)", agregó.

El ingeniero también subrayó que la SCT no ha cumplido con la señalización que obligue a respetar la velocidad con la que deben circular.

Aunque admitió que no ven condiciones para que se cumpla con dichas correcciones, debido a que en poco más de un mes se dará el cambio de la administración pública federal.

En coordinación con el gobierno federal electo, se elaborará un estudio para mejorar las condiciones de esa vialidad, anuncia el jefe de la Oficina de la Gubernatura.

El gobierno del estado acatará la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno al Paso Exprés, afirmó el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, quien adelantó que ya se realiza un estudio por parte de la Secretaría de Obras Públicas para mejorar las condiciones de esa vialidad y, de hecho, se dialogó sobre el tema con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita al estado.

“En el Paso Exprés hay una serie de situaciones, son carriles pequeños, falta luz en la noche, entonces vamos a ver cómo solucionar esta situación de forma coordinada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, expresó el funcionario, al dejar en claro que la actual administración acatará la recomendación cuando sea notificada oficialmente a la entidad.

Apuntó que antes de que fuera emitida dicha recomendación, había interés del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por abordar este asunto, dadas las condiciones en las que se realizó dicha obra, el caso ya conocido del socavón y ante el número de accidentes que se han registrado.

Por lo tanto, la actual administración de la Secretaría de Obras Públicas ya inició un informe detallado sobre dicha vía de comunicación, que será entregado a la SCT en el gobierno federal del ahora presidente electo AMLO.

Mencionó que se habrán de considerar las diferentes alternativas, con el objetivo de garantizar la seguridad para quienes circulan por el Paso Exprés; no descartó ninguna de las posibilidades, incluso la de ampliar a más carriles, pero subrayó que esas medidas se tomarán con base en estudios técnicos y en coordinación con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

En otro orden de ideas, Sanz Rivera comentó que se sostendrán encuentros cada mes con los alcaldes actuales y los electos, para abordar diversos aspectos. Entre otros dijo que en el encuentro del miércoles, se solicitó a los ediles que se lleve a cabo un proceso de entrega recepción transparente “sin poner piedras”.

Ante los problemas financieros que enfrentan los ayuntamientos al cierre de esta administración, el jefe de la oficina de la gubernatura comentó que se buscará a través de la Secretaría de Economía y Trabajo, apoyarles con asesoría jurídica, en lo relativo a los laudos. Recordó que la administración pasada dejó muchas deudas y no hay liquidez, por lo que en este momento no se cuenta con posibilidad de rescates financieros adicionales.

Mencionó que todavía se tendrá que cuantificar el monto de laudos que tiene por cumplir el gobierno del estado, cuya cifra podría ascender a alrededor de 500 millones de pesos.

Posible esquema de corrupción público y privado, señala el organismo, que fija en cuatro las muertes por la obra; la SCT obstaculizó la investigación.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “el socavón no fue un accidente sino una cadena de ineptitudes administrativas”, las que tienen que ser investigadas integralmente, al advertirse que existe “un posible esquema de corrupción” que involucra a instituciones públicas y privadas, y aplicar sanciones ejemplares no sólo para que el caso no quede impune sino para que no se repita en cualquier parte del país.

Al presentar la Recomendación 34/2018 dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, el segundo visitador general Enrique Guadarrama López destacó que la investigación de oficio realizada por el organismo, a raíz de la muerte de dos hombres el 12 julio de 2017,  fue obstaculizada reiteradamente por la SCT, lo que evidenció que algo extraño sucedía y que se pretendía ocultar.

Señaló que en la investigación centrada en la transgresión al derecho humano a la vida de las víctimas y el acceso a la información a sus familiares, la CNDH acreditó falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción por parte de la SCT y Banobras, pues la vialidad no contaba con los estudios necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no 8 como originalmente se había previsto.

Por ejemplo, no se contó con los permisos o exenciones ambientales al momento de iniciar los trabajos de construcción. La exención ambiental se otorgó meses antes de que se contara con la versión final del Proyecto Ejecutivo a 10 carriles, es decir, se exentó respecto de un proyecto distinto al construido. Esto evidenció la falta de debida diligencia de las empresas constructoras, pues iniciaron los trabajos sin contar con uno de los requisitos para hacerlo.

De acuerdo con la CNDH, a más de un mes de haber iniciado los trabajos del Paso Exprés, la SCT solicitó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) que informara si existían líneas de agua potable y drenaje que interfirieran con los trabajos, lo cual debió ser previsto desde la planeación y diseño del Proyecto Ejecutivo, pues las afectaciones debían considerarse al momento de hacer el trazo y establecer los aspectos técnicos de diseño de la obra contemplados en dicho proyecto.

Detalló que al revisar la información básica de los cuatro contratos celebrados por la SCT con cuatro empresas constructoras, se detectó que dichos contratos fueron modificados en al menos nueve ocasiones, y esto provocó el aumento del costo de la obra con respecto a su estimación original, equivalente a un 67.9% más de lo presupuestado (más de 535 millones de pesos), además del retraso de la obra por siete meses.

De los 41 procedimientos administrativos iniciados por la obra del Paso Exprés, casi la mitad fueron archivados o concluidos en no sanción. De los muchos funcionarios de todos los niveles que intervinieron en la obra irregular, sólo nueve servidores públicos fueron sancionados y ninguna de las empresas ha sido sancionada.

Es por ello que la CNDH insistió en que las autoridades están obligadas a investigar y aplicar sanciones ejemplares a “toda la cadena de mando”, es decir a todos los servidores públicos que de una u otra forma permitieron la corrupción, la violación de derechos humanos de la población y que una obra irregular cobrara la vida de cuatro personas. Esto, incluyó también a las empresas corresponsables.

A esto se sumó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), observó irregularidades en la ejecución y pagos de los trabajos de tres de las empresas contratadas como: pagos sin justificación, por trabajos no previstos, incumplimiento de las especificaciones del contrato y por servicios no prestados.

La empresa encargada de la construcción fue instruida para modificar el proyecto original sin aprobación y autorización de las áreas responsables. La obra carecía de retornos, acotamientos y acceso a vehículos de emergencia. La empresa contratada para la supervisión usó una bitácora convencional sin autorización de la Secretaría de la Función Pública, en lugar de la bitácora electrónica correspondiente exigible en este tipo de obras.

Respecto a las autoridades locales, la CNDH advirtió que el Ayuntamiento de Cuernavaca omitió dar mantenimiento al drenaje, dejó acumular la basura en el alcantarillado que cruza el socavón y fue rebasado en su capacidad de respuesta durante el hundimiento que, incluso, produjo la suspensión del abasto de agua potable a la población de la zona.

En tanto el Gobierno del Estado de Morelos, a través de Protección Civil, omitió asumir el mando ante el accidente de las dos personas que perdieron la vida y por no generar condiciones de seguridad que impidieran los accidentes de dos personas más que también perdieron la vida: un joven motociclista que fue golpeado por un cable de alta tensión sobre la cinta asfáltica; y otro joven que cayó de un paso peatonal que no tenía barandal, ni algún tipo de señalamiento de peligro, a un costado del Paso Exprés.

Por lo anterior, la CNDH recomendó al titular de la SCT que en coordinación con Banobras, Conagua, el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, repare el daño a las víctimas directas e indirectas de las cuatro personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; y ofrecer disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.

También, generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren, y colaborar con la denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos e involucrados responsables de los hechos.

Además de capacitar al personal sobre los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas”, y continuar la atención directa a vecinos de las zonas afectadas y garantizar la seguridad de los habitantes y usuarios de la zona. 

A Banobras se le pidió generar mecanismos para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos, e incorporar sanciones en caso de incumplimiento; adecuar normas para que, a partir de 2019, la operación y otorgamiento de financiamiento a empresas privadas se ajusten a las sanas prácticas y usos bancarios para que acrediten la factibilidad en derechos humanos. 

A la Conagua, en coordinación con el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, pidió identificar los puntos de riesgo hidráulico en el Paso Exprés, para establecer medidas preventivas inmediatas y permanentes, estableciendo un registro específico.

El gobernador del estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca deberán realizar mesas de trabajo con autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para implementar mecanismos de coordinación que permitan reacción inmediata ante fenómenos perturbadores; verificar, actualizar y mejorar el equipamiento y capacitación de las corporaciones de Protección Civil a nivel estatal y municipal; atender, programar y realizar gestiones para identificar y atender posibles riesgos para la población civil; y tener presupuesto para optimizar la capacidad de respuesta de los cuerpos de Protección Civil.

La recomendación también fue entregada al Congreso de la Unión para que considere posibles modificaciones normativas planteadas en el documento, así como a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para la formulación de políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos.

Además, se presentará tanto a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Morelos, para que se tome en cuenta los elementos recabados por la CNDH respecto a las irregularidades para que se finquen las responsabilidades.

El visitador resaltó que CNDH tuvo que realizar también una investigación sui generis más allá de la violación al derecho a la vida para determinar las fallas técnicas e irregularidades administrativas de un proyecto carretero, y hacer un análisis integral y concatenado de los hechos y las evidencias, y llegar así a las conclusiones que hoy son públicas por el riesgo de que de no exhibirse la verdad y buscar que el caso no quede impune, corremos el riesgo de que casos análogos se sigan repitiendo.

Recalcó que es importante que las autoridades competentes investiguen de manera global y vayan más allá de un enfoque parcial o fragmentado, cuyo saldo ha sido la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas

Y es que, asestó, “el socavón no es un mero accidente sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente”.

“Del caso se desprenden elementos e indicios de un posible esquema de corrupción que la Comisión Nacional pide se investigue por las autoridades competentes en los ámbitos penal y administrativo”.

Destacó que en su momento, la SCT tuvo la oportunidad de cumplir con su obligación de explicar de manera suficiente las causas de la falla y quiénes eran los responsables. Pero no lo hizo, por el contrario, su titular Gerardo Ruiz Esparza realizó declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República y de deslinde de responsabilidad en medios de comunicación.

Además, los servidores públicos de la SCT no proporcionaron a la CNDH de manera oportuna la información solicitada para la investigación, al grado de enviar información desordenada y confusa contenida en cajas, lo que representó un esfuerzo adicional de análisis que pudo haberse simplificado, conducta que en sí misma creó obstáculos adicionales a la labor de la CNDH.

Víctimas sin reparación del daño

Aun cuando las familias de Juan Mena Romero y Juan Mena López, padre e hijo que murieron al caer en el socavón que se abrió en el Paso Exprés, recibieron una indemnización, la CNDH consideró que la reparación del daño no ha sido integral.

En el caso de los familiares de la tercera y cuarta víctimas, no han obtenido debida reparación, ni hay responsables, por lo que el organismo enviará copia de la recomendación a la Fiscalía de Morelos, a efecto de que acelere la investigación y se determinen las responsabilidades a quien corresponda a la brevedad.