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Activistas se oponen a que el Congreso local apruebe la medida, pues aseguran que impactaría al medio ambiente.

Ante el Congreso del estado, ganaderos, agricultores y transportistas solicitaron que se les condone el pago del programa de verificación vehicular.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Javier García Chávez informó que se instalaron mesas de trabajo con los representantes de esos sectores y también con activistas que se oponen a que se haga una exención de dicha obligación, ya que impactaría directamente al medio ambiente.

El legislador local dijo que a causa de tales divergencias es que no se lograron los consensos, en una primera intención, de reformar la Ley del Transporte para que el Congreso del estado apoyara al sector agropecuario.

Señaló que el dictamen de reforma se pretendía aprobar en la última sesión ordinaria del periodo que concluyó el lunes pasado, pero no se lograron los acuerdos entre los legisladores. Explicó que si se logran los votos, el asunto se desahogará en un periodo extraordinario de sesiones para agosto.

“Ese dictamen está en discusión, no se ha presentado y pues vamos a escuchar las diferentes voces a efecto de poder incorporar las preocupaciones, las inquietudes y sacar por consenso el dictamen”, señaló el legislador.

El legislador local dijo que, incluso, se ha solicitado el apoyo de los representantes del Fondo Morelos para que se entreguen apoyos, principalmente a los agricultores y ganaderos, para la compra de vehículos nuevos que sí cumplan con la norma ambiental.
No obstante, señaló que mientras se logra ese apoyo se pretende la condonación de la verificación vehicular sólo para ganaderos y agricultores, no así para transportistas pues es un sector mucho más numeroso.

Asegura Keila Figueroa que ya hay un acuerdo para que ese partido encabece dicho órgano durante el segundo año de la actual legislatura.

La coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, aseguró que hay un acuerdo para que encabecen como fuerza política la Mesa Directiva del Congreso local durante el segundo año de la LIV Legislatura.

En entrevista, Figueroa Evaristo dijo que aún no definen cuál de los diputados que integran el grupo parlamentario presidirá dicho órgano de gobierno, pero afirmó que existe la confianza de que se elija a una mujer.

Señaló que el acuerdo se tomó con el Partido Encuentro Social (PES) y otros partidos políticos aliados a Morena, por lo que sólo faltaría definir quién presidirá la Junta Política y de Gobierno.

“Esperemos que los acuerdos se sostengan y sólo es cuestión de esperar, porque se había hablado que la Mesa le correspondería a Morena”, manifestó la diputada.

Refirió que será en agosto próximo, en un periodo extraordinario de sesiones, cuando se concretará la renovación de los órganos de gobierno del Congreso.

De acuerdo con Keila Figueroa Evaristo, los acuerdos que se logren para la renovación de los órganos de control deberán garantizar un cambio en el Poder Legislativo, pues dijo que el primer año fue de desgastes y desacuerdos.

“La idea es seguir caminando; el primer periodo fue de mucho desgaste; el segundo ya fue de mucho trabajo y la gente lo que realmente necesita es que se pongan a trabajar”, añadió la coordinadora del grupo parlamentario de Morena. 

Diputada asegura que muchas de las labores legislativas las llegaron a realizar sus homólogos con sus automóviles propios.

A pesar de las críticas por la compra de 23 vehículos nuevos para el Congreso del estado, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) Maricela Jiménez Armendáriz, afirmó que el acuerdo para tal adquisición sigue firme. 
En entrevista, la legisladora local sostuvo que la compra de automóviles es necesaria para el trabajo que se lleva a cabo en el Poder Legislativo. 
La diputada Jiménez Armendáriz se quejó por que durante el primer año de la LIV Legislatura tuvo que aportar de sus ingresos como diputada para la operatividad de la Comisión de Planeación, Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos, de la cual es presidenta. 
"Desde que yo estoy en mi comisión yo he tenido que ir a dejar oficios, notificaciones y es con mi dinero y pongo mi carro y los carros de los compañeros y ponemos gasolina y no tenemos el (auto) designado para ir a recorrer, hay algunos que se van al IV distrito, al V distrito y meten sus propios vehículos", manifestó. 
La legisladora reiteró que los 23 vehículos que se comprarán se usarán para la operatividad del Congreso y no para uso personal de los diputados. 
Señaló que es un acuerdo que se tomó por la mayoría de las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias, por lo que se concretará en los próximos días, aún y cuando algunos diputados no estén de acuerdo, como fue el caso de Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, quien aseguró que no aprobó tal determinación. 
En otro tema, la diputada del PES informó que se trabaja en generar los consensos entre las fuerzas políticas para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) en un período extraordinario de sesiones, que se abrirá el próximo mes de agosto. 

El secretario municipal señaló que la comuna está conformada por 100 trabajadores y un Cabildo de 13 personas; se desconoce qué presupuesto se destinará para sus participaciones.

Xoxocotla.- Este municipio indígena cuenta con una plantilla inicial de 100 trabajadores y diez regidores, de acuerdo con el secretario municipal, Gregorio Jiménez Solano, al señalar que el Congreso y el gobierno del estado ratificaron la autonomía municipal de este lugar.

En entrevista, Jiménez Solano dio a conocer que el Ayuntamiento de este lugar cuenta con un Cabildo que está integrado por diez regidores, un síndico, el secretario municipal, bajo el mando del presidente municipal, Leonel Zeferino Díaz, además de una plantilla laboral de 100 personas.

De acuerdo con el secretario municipal, aún no se han concretado acuerdos sobre la deuda de Puente de Ixtla ni qué presupuesto se destinará para sus participaciones. Mientras tanto, cuentan con un apoyo mensual de un millón 300 mil pesos para el gasto corriente de la comuna.

Jiménez Solano agregó que ya cuentan con el número de folio con el que ya empezaron a operar como municipio 35, y actualmente las distintas áreas de la administración municipal operan de manera normal, en la medida de las posibilidades, ya que aún no se cuenta con un sueldo designado ni una nómina real integrada, dijo.

Aseguró que ya se ha trabajado en el tema de la recaudación, y aunque no se tiene certeza jurídica de las propiedades, desde febrero pasado las oficinas de Predial y Catastro ya realizan recaudaciones, bajo los archivos que otorgó Puente de Ixtla.

“Estamos ya reconocidos como el municipio 35 de Morelos; ya estaremos formalizando y oficializando todo conforme a la Ley Orgánica. Se realizará una sesión solemne de Cabildo para hacer la toma de protesta oficial del alcalde Leonel Zeferino”, enfatizó.

Encabezados por su alcalde, aseguran que no reciben el dinero necesario para operar.

Habitantes y trabajadores del municipio indígena de Xoxocotla se manifestaron pacíficamente este lunes en el palacio de gobierno para demandar la entrega de recursos económicos para posibilitar la prestación de servicios.

Los inconformes, entre quienes estaban el presidente del concejo municipal indígena Leonel Zeferino Díaz, empleados, policías, personal que realiza el servicio de limpia, así como vecinos del lugar, demandaron audiencia con autoridades estatales.

Expresaron su preocupación por que consideran que les han descontado injustificadamente muchos recursos económicos, conforme al monto económico que se les habían asignado oficialmente.

Dijeron que hay muchas necesidades, como el pago de personal y la sustitución de infraestructura del sistema de agua potable, que podrían generar problemas más graves y descontento social.

Zeferino Díaz reconoció que el gobierno estatal les ha apoyado, pero manifestó que no es suficiente y no se les ha asignado el cien por ciento de los recursos que se presupuestaron. Comentó que recibirían un millón 300 mil pesos además de los recursos de obras públicas y de seguridad pública, a los cuales no han podido acceder.

Emilio Sánchez Ramírez, tesorero del consejo municipal de Xoxocotla, aseguró que han cumplido con todos los requisitos que marca la norma para el período de transición a Ayuntamiento y sólo les resta una clave del Inegi para obtener fondos federales.

Expuso que se les entregaron recursos para el primer semestre, pero de enero a junio no han tenido un presupuesto como tal.

Argumentó que, conforme a la norma, se publicó el presupuesto del municipio de Puente de Itxtla del que se independizó Xoxocotla, pero les preocupa que sólo les darán un porcentaje en el segundo semestre, lo que les colocaría en una situación imposible de sostener.

Morelos es el segundo estado en el país con el mayor deterioro de su medio ambiente, aseguran organizaciones.

Ambientalistas plantearon la propuesta de Ley para la Protección, Conservación y Podas Adecuadas para los Arboles y Bosques Urbanos del Estado de Morelos, con el fin de abatir el daño ecológico causado en el estado. 
Acompañados de la diputada panista Dalila Morales Sandoval -quien será la impulsora de la iniciativa- los activistas expusieron ante el Congreso local que Morelos es el segundo estado -después de Tabasco- con el mayor deterioro de su medio ambiente, por lo que es urgente emprender acciones para su conservación. 
Flora Guerrero Goff, representante de la asociación Guardianes de los Árboles, dijo que dicha ley garantizará la protección de la vegetación urbana, "dada la fuerte laceración que en últimas fechas se ha realizado en perjuicio del medio ambiente, a los árboles de nuestra ciudad". 
La diputada Dalila Morales Sandoval, como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, dijo que esa propuesta es para legislar sobre las acciones que se requieren llevar a cabo para atender el grave problema de la tala de árboles y para impulsar la reforestación, ya que las consecuencias de la poda de árboles es alarmante. 
"Al no reponerse esos árboles, se genera más dióxido de carbono (CO2) de lo que mediante los mismos pudiera convertirse en oxígeno para los seres humanos, por eso la preocupación de hacer una reglamentación estatal que norme y diga cómo cuidar, y quienes no estén dentro de este reglamento tendrán que enfrentar sanciones”
De igual forma, la diputada, junto con el tenor David Páez, anunciaron el concierto "Voces Unidas a favor del Medio Ambiente", que se llevará a cabo en el parque Chapultepec el próximo 28 de julio. La recaudación se donará para emprender acciones de conservación del medio ambiente.

Una nueva fractura al interior del Congreso del Estado evitó que se concretara la designación del favorito para ser el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). 
Durante la sesión ordinaria de ayer, la dispersión de los votos de los legisladores obligó a que el dictamen emitido por la Comisión Calificadora, que se encargó de llevar a cabo el proceso de designación del auditor estatal -y que está integrada por las coordinadoras del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido Encuentro Social (PES), Maricela Jiménez Armendáriz, y por Keila Figueroa Evaristo, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- se votara en dos ocasiones sin que se concretaran los 14 votos que como mínimo se requerían para la designación. 
El dictamen incluyó como propuesta para la votación del pleno a los 29 aspirantes que habrían cumplido con el perfil para dicho nombramiento.
En la primera votación, Miguel Ángel Romano Fuentes, de quien se dijo que contaba con el respaldo de la mayoría en el Congreso local, sólo obtuvo 10 votos de los legisladores. 

Inmediatamente, el presidente de la Mesa Directiva Alfonso de Jesús Sotelo Martínez convocó a un receso en la sesión ordinaria, que se decretó cerca de las 8:30 de la noche.
Dos horas después, los 20 legisladores regresaron al Pleno y el dictamen se sometió a votación por segunda ocasión. Romano Fuentes quedó a un sólo voto de ser designado como auditor estatal, al haber logrado el apoyo de 13 legisladores, mientras que cinco decidieron anular su voto. 
Ante tal resultado, el presidente de la Mesa Directiva determinó regresar el dictamen a la Comisión Calificadora, para la integración de una nueva propuesta, que podría presentarse en un período extraordinario de sesiones, para el próximo mes de agosto.
Durante la votación para la aprobación en lo general del dictamen de la Comisión Calificadora, la fractura que existe al interior del Congreso del Estado quedó evidenciada. 

Mientras que Morena no logró el voto de sus cinco integrantes, tres legisladores más se abstuvieron -la panista Dalila Morales Sandoval, el morenista Marcos Zapotitla y la perredista Rosalinda Rodríguez Tinoco-.
Tal división advierte una nueva pugna por la renovación de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno que se concretaría en un período extraordinario de sesiones para el mes de agosto próximo. 
Posterior a dicha asunto, los legisladores votaron las declaratorias de validez de las cuentas públicas 2016 y 2017 de los ayuntamientos de Cuernavaca y Jojutla, asunto que se entrampó en una discusión entre los presidentes de la Junta Política y de Gobierno y de la Mesa Directiva, Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, por la legalidad de dichos dictámenes.
Más tarde, los diputados locales clausuraron el segundo período ordinario de sesiones de la LIV Legislatura  y declararon un receso legislativo, para lo cual se instaló la Diputación Permanente.

La designación de comisionado del IMIPE será hasta agosto.

Trabajadores del Congreso local pidieron que al exdiputado Francisco Moreno Merino se le procese “por los 180 millones que desvió” y no solo por los 23 millones que le atribuye la fiscalía anticorrupción, cuyo titular dio a conocer el viernes que persigue al actual delegado del PRI en Quintana Roo.

La diputada petista dice que se opone a que se adquieran unidades para uso de sus homólogos.

Fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de exdiputados.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la abrogación de otro bloque de “pensiones doradas”, que fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de ex diputados a pesar de no cumplir con los requisitos legales.

En esta ocasión fueron abrogados 11 decretos pensionarios por jubilación y cesantía en edad avanzada, en los que los beneficiarios no cumplieron con los trámites legislativos, con los años  de trabajo previstos en la Ley del Servicio Civil y hasta habrían incurrido en la posible comisión de delitos.

Las pensiones abrogadas corresponden a Severino Báez Márquez, quien fungió como auxiliar administrativo de la ex diputada Beatriz Vicera Alatriste, quien también enfrenta un proceso penal por presunto peculado; Gilberto García Díaz, ex gestor del ex diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero; Karina Arteaga Gutiérrez, ex directora del Recursos Humanos del Congreso de Morelos; Froylán Figueroa Espinosa, ex asesor del ex diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales; Eugenia Andrade Cortés, ex auxiliar administrativo de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Yissy Griselda Toledo Gargallo, ex asesora de la ex diputada Silvia Irra Marín; y Juan Bobadilla Cuenca, ex auxiliar del ex diputado Julio Espín Navarrete.

También fue abrogado el decreto pensionario de Helena Marín Sánchez, esposa del ex diputado José Tablas Pimentel Siendo, quien la incluyó en la nómina legislativa como secretaria técnica.

Otros de los decretos abrogados fueron los de Rocío Flores Reynoso, ex trabajadora de la fiscalía general del estado; José Zavaleta Castro, ex Policía de Investigación Criminal; y Miguel Arellano Rivera, ex custodio.

Al igual que en el primer bloque de 24 decretos abrogados en el mes de abril, en esta ocasión también el Congreso del Estado ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y las denuncias penales que sean necesarias, en contra del servidor público que solicitó el trámite de Jubilación, así como en contra del o los ex servidores públicos, servidores públicos en activo, presidentes municipales, secretarios municipales, directores o directores generales de recursos humanos, oficial mayor, y de cualquier otro funcionario que hayan expedidos los documentos de manera irregular o ilegal.

Hasta el momento, han sido abrogados 35 de los 70 decretos pensionarios aprobados por la anterior legislatura y que fueron sujetos a revisión por los actuales diputados ante la sospechas de irregularidades.

El gasto será de más de siete millones de pesos.

A días de concluir el primer año de la LIV Legislatura, los diputados locales se autorizaron la compra de 23 vehículos último modelo, lo que significa un gasto de más de siete millones de pesos.
El acuerdo fue tomado el pasado miércoles 10 de julio por las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a fin de que en los siguientes días se adquieran los automóviles mediante un proceso de licitación. 
En entrevista, Sotelo Martínez confirmó el acuerdo y aseguró que los vehículos se adquirirán para uso institucional.
"No es una adquisición personal pero si serán de uso institucional, no de los diputados pero si de las actividades propias de las comisiones", manifestó. 
Dijo que era necesaria la adquisición de automóviles, luego que los ex diputados decidieron autovenderse los vehículos que se adquirieron con recursos del Congreso local. 
Por ello, recordó, el año pasado la LIV Legislatura presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que aún no ha dado resultados. 
Sotelo Martínez también confirmó la compra de equipo de cómputo que, dijo, es necesario para el trabajo del Congreso.

Se registraron en la convocatoria como aspirantes a comisionado de dicho órgano.

En el proceso de designación de un nuevo comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) existe un nuevo conflicto de interés, ya que varios colaboradores de los actuales diputados se registraron en la convocatoria como aspirantes a dicho cargo. 
De acuerdo con el registro de la Junta Política y de Gobierno, 20 ciudadanos participan en el proceso de designación; sin embargo, algunos ya han sido cuestionados por su cercanía con los actuales legisladores. 
El Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" señaló la cercanía de dichos aspirantes con los diputados y cuestionó la falta de transparencia del Congreso, al no hacer públicos sus perfiles. 
De acuerdo con el Centro de Investigación, los aspirantes que tendrían conflicto de interés son: Alberto Salgado Pérez,  quien funge como coordinador del Comité de Transparencia del Congreso de Morelos. Además, se desempeñó como director de licencias de funcionamiento y Asesor jurídico del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva. 
Ramón Rosales Juárez, quien es padre del actual secretario Técnico de la Comisión de Igualdad de Género, Jesús Rosales Puebla, órgano que preside la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Celene Figueroa Evaristo. 
Hugo Omar Aranda Nava se desempeña actualmente como secretario técnico de la Comisión de Desarrollo y Conflictos Agrarios que preside el diputado Andrés Duque Tinoco. También fue Director de Licencias de funcionamiento en la administración del ahora diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. 
Otros perfiles fueron señalados por Morelos Rinde Cuentas por mal desempeño en los cargos que han representado, como Francisco Miguel Yáñez Sánchez, quien fue titular del Órgano Interno de Control del IMIPE y se negó a atender solicitudes de información del centro de investigación. 
Esteban Muñoz Insausti, encargado de despacho de  la Dirección  de Estadística y Encuestas del IMIPE, así como Ulises Patricio Abarca, quien dirige la ponencia de la Comisionada Mireya Arteaga Dirzo del IMIPE. 
En la lista de aspirantes también aparece Claudia Mariana Aponte Maysse,  ex procuradora del Estado. 
Hertino Avilés Albavera tomó protesta como secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral (CEE) del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y fue magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
Oscar Miguel Puig Hernández, fundador del COBAEM, fue integrante de la dirigencia del PRI y aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM). 
Jaime Castera Moreno es un abogado que también buscó ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). 
Jorge Morante Román, ex Director Jurídico del Municipio de Amacuzac 2016-2018 en la presidencia de Jorge Miranda Gallegos. 
Leonora Valentina Jiménez Franco era responsable del Fideicomiso de Apoyo y Asistencia a Víctimas del Estado y fue coordinadora de la Comisión de Selección para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos.
De acuerdo con los diputados locales, se espera que el próximo lunes se concrete dicho nombramiento, aunque también podría postergarse para el período extraordinario que se abrirá el 19 de agosto próximo. 

Sin acuerdos para elegir a los próximos titulares de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno.

Los diputados locales abrirán un período extraordinario de sesiones para el próximo 19 de agosto, a fin de concretar la renovación de las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado.
La falta de acuerdos entre las tres fuerzas de mayoría en el Congreso -Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES)- obligaron a que los cambios en los órganos de control se postergaran, explicó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
Dijo que hasta el momento los 20 legisladores están en igualdad de circunstancias para ocupar cualquiera de las dos posiciones, de ahí que se acordó postergar la renovación de las presidencias.
Por su lado, la diputada priista Rosalina Mazari Espín refirió que el acuerdo de abrir un período extraordinario de sesiones se tomó con la finalidad de no afectar los acuerdos que se darán en los próximos días para nombrar al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
De igual forma, dijo que se busca desahogar más de 15 dictámenes de ley y reformas de ley, por lo que los asuntos políticos se postergaron para un período extraordinario de sesiones.

Remueven de Mesa Directiva a Marcos Zapotitla
El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) concretó su primer cambio en la Mesa Directiva, a unos días de que concluya el primer año de la LIV Legislatura, pues logró que el Pleno removiera a Marcos Zapotitla Becerro como primer secretario y colocó en su lugar a Ariadna Barrera Vázquez. 
Durante la sesión ordinaria de este jueves, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo propuso incluir de último minuto un acuerdo para remover a Zapotitla Becerro, a quien acusó de haber violado en reiteradas ocasiones la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
La diputada expuso que su homólogo ha registrado más de 15 faltas de septiembre del año pasado a la fecha; incumplió con su obligación como secretario de la Mesa, al negarse a firmar puntos y dictámenes aprobados por el Pleno, y lo  señaló de haber ejercido violencia en contra de los diputados a los que en tribuna calificó de analfabetas.
Con 15 votos a favor, Morena logró remover a quien aún es militante de dicho partido pero que durante la legislatura ha fungido como oposición. 
Con ello Morena, Partido Encuentro Social (PES) y sus aliados del PAN, PRI y Partido Humanista (PH), aunque con la oposición del Partido del Trabajo (PT), PRD y Nueva Alianza (Panal), aseguraron los votos en la Diputación Permanente -que se instalará el 15 de julio- para convocar a un período extraordinario de sesiones el próximo 19 de agosto, cuando se definirá la renovación de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno. 
Tras su cambio, Marcos Zapotitla Becerro manifestó en tribuna que su remoción de la Mesa Directiva era un asunto político y no de legalidad. Reveló que en diciembre del 2018 presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la presión que seis legisladores ejercieron sobre él en noviembre del mismo año para que renunciara a su curul y su lugar lo tomara el suplente, a fin de conformar un bloque de siete legisladores "para, como se ha dicho, poner de rodillas al gobernador, por lo que se pretende extorsionarlo", acusó.
Sostuvo que corresponderá a la Fiscalía investigar si se cometió un delito y castigar a los responsables por la complicidad de ese grupo de legisladores. 
Al retirarse de la Secretaría de la Mesa, Zapotitla Becerro decidió llevarse su silla hasta el lugar de su curul. 

Aprueban nueva ley para el Instituto de la Mujer
En misma sesión ordinaria, los diputados aprobaron la  declaratoria de validez de la reforma al artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos, en materia de participación ciudadana. 
La reforma fue aprobada por 24 municipios de 36 en el estado.
Los legisladores también aprobaron una nueva  Ley del  Instituto de la Mujer para que goce de autonomía constitucional, y cuente con total independencia en el ejercicio de sus atribuciones. 
Durante la misma sesión, los diputados conocieron dos nuevas iniciativas del Gobernador Cuauhtémoc Blanco para crear la Ley de Asociaciones Público Privadas y  una propuesta de decreto para que el Congreso autorice al gobierno estatal firmar un segundo convenio con la empresa Ferrosur.

Los diputados declararon un receso y podrían volver a sesionar hoy o el lunes.

El gobernador respalda cambios en Secretaría de Hacienda.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo estar en disposición de mediar para la solución de los conflictos internos en el Partido Encuentro Social (PES), del que es militante.

El Ejecutivo estatal expresó que lo más importante es llegar a acuerdos y dejar de lado las peleas o desacuerdos. “Yo creo que me voy a sentar con ellos y lo más bonito es tener un buen equipo de trabajo” mencionó, al recordar que desde antes de ser candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos el Cambio, es militante del PES.

Blanco Bravo fue cuestionado sobre los señalamientos que ha surgido ante el proceso de elección de la dirigencia estatal de Encuentro Social luego de obtener el registro como partido local.  

Delegados nacionales así como la diputada Maricela Jiménez Armendáriz han hecho señalamientos en contra de quien ha sido dirigente nacional, Hugo Eric Flores Cervantes, asegurando que han sido eliminados del padrón de militantes y les han hecho de lado en esta nueva etapa partidista.

El gobernador lamentó las diferencias y consideró que es importante el diálogo, porque es factible que al ver la forma en la que creció ese partido, existan intereses externos que le apuestan a la división: “lamentablemente así es la política… hay algunos que están interesados y a lo mejor esas mismas personas que están interesados les están metiendo ideas otros personajes para crear conflictos. Me voy a sentar con ellos para hablar, estaré como mediador, ustedes saben que pertenezco a PES hicimos una buena coalición y lo más importante es llegar a un acuerdo”.  

Por otro lado, el mandatario estatal indicó que el secretario de Hacienda estatal, Alejandro Villarreal Gasca, habrá de establecer comunicación con el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda federal, Arturo Herrera Gutiérrez, al tiempo de apuntar que respeta la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador al hacer cambios en su gabinete.

El gobernador entregó este jueves reconocimientos y estímulos económicos de diez, siete y cuatro mil pesos a los jóvenes que obtuvieron medalla de oro, plata y bronce, respectivamente, en las olimpiadas deportivas Nacional y Juvenil Nacional representando a Morelos.

Blanco Bravo se comprometió a apoyar a los deportistas talentosos y a  fomentar el deporte en la entidad.

Pide diputado transparencia al Poder Judicial en el caso.

Trabajadores del Congreso local pidieron que se aplique la ley en contra de sus antecesores que desviaron los recursos que correspondían a las aportaciones del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM).
El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Erick Alejandro Reyes Chávez, celebró que se haya vinculado a proceso a la ex legisladora Hortencia Figueroa Peralta, pero dijo que se debe llegar al fondo del caso para resarcir el daño que se causó a todos los trabajadores, principales afectados de las irregularidades que se cometieron en la LIII Legislatura. 
"Que regresen el dinero si ellos (se lo llevaron) porque es una parte importante que se dará a la ciudadanía, que las cosas se están haciendo bien", manifestó Reyes Chávez.
El líder sindical recordó que se trata de 23 millones de pesos que no se entregaron al Instituto de Crédito, a pesar de que si se les descontó de sus salarios.
A causa de eso, actualmente el Instituto de Crédito les tiene suspendidos algunos derechos, como acceder a créditos hipotecarios y para automóviles.
"Nosotros estamos pendientes de la situación, porque es importante que se esclarezca a dónde fueron a dar los recursos que se nos retiraron a cada uno de los trabajadores, es una buena cantidad, estamos hablando de 23 millones de pesos que, ahorita la autoridad está vinculando a proceso a los responsables, es importante que se sepa que los trabajadores fuimos los principales afectados (sic) y si se tiene que resarcir reintegrando el dinero que se haga", apuntó.

Pide diputado Sotelo Martínez transparencia al Poder Judicial en caso de exdiputadas

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, pidió al Poder Judicial que haya transparencia en los casos de las ex diputadas que son investigadas por el delito de peculado. 
El legislador aplaudió que finalmente se haya vinculado a proceso a la ex diputada Hortencia Figueroa y confió en que se llegue al fondo del caso. 

Buscan aprobar hoy leyes en materia de seguridad.

La falta de acuerdos para concretar la renovación de los órganos de control en el Congreso del estado ha entrampado una vez más la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
Durante la tarde de este miércoles, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias se reunieron con el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, en la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, a fin de buscar un acuerdo sobre la designación del próximo presidente del Congreso, que tendría que concretarse el 15 de julio próximo.
Sin embargo, el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez informó que si no se lograban acuerdos en las siguientes horas, se convocará a un período extraordinario de sesiones para el mes de agosto para desahogar el proceso de renovación de los órganos de control.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) rechazó que se hayan reunido con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para lograr acuerdos en los "oscurito", sobre temas que sólo conciernen a la vida interna del Congreso del Estado.
Por su lado, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Ana Cristina Guevara Ramírez consideró que es necesario que haya cambios en la Junta Política y de Gobierno y la Mesa Directiva del Congreso local que ayuden a un mejor desarrollo del trabajo legislativo.
De acuerdo a la versión extraoficial de algunos diputados, la falta de acuerdos en las nuevas designaciones del Congreso ha provocado que una vez más se entrampen las negociaciones para nombrar al titular de la ESAF y al nuevo comisonado del IMIPE.
A pesar que la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, informó que a más tardar este 12 de julio se concretarían dichos nombramientos, todo parece indicar que podría postergarse.
Mientras tanto, ayer la Junta Política y de Gobierno cerró el registro de aspirante a comisionado del IMIPE, con 20 ciudadanos que se enlistaron en el proceso.

Aprobarían hoy leyes en materia de seguridad
A pesar del jaloneo político por los órganos de control en el Congreso del estado, los legisladores acordaron aprobar hoy en sesión ordinaria los dictámenes para crear varias leyes: la de videovigilancia; la que busca regular el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad; la de Empresas de Seguridad  Privada; y una reforma al Código Penal del estado para endurecer las penas en contra de quienes cometan el delito de extorsión.
El diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso, aseguró que dichas propuestas emanadas del Poder Ejecutivo no serán "monedas de cambio" por las negociaciones al interior del Congreso, pues aseguró que la mayoría de los diputados hicieron el compromiso de avanzar en el tema de la seguridad pública, por lo que consideró que hoy serán aprobadas por el Pleno. 

También está acusada por no entregar las cuotas al Instituto de Crédito ya descontadas a los trabajadores; Patricia Izquierdo recibe su tercera vinculación a proceso.

La exdiputada perredista Hortencia Figueroa Peralta fue vinculada a proceso por el delito de peculado en perjuicio del Congreso del estado.
La tarde de ayer, una juez de control de juicio oral decretó en audiencia que había elementos para vincular a proceso a la exdiputada por un presunto mal manejo de los recursos públicos del Congreso del estado y por no haber enterado las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado cuando estuvo al frente de la Mesa Directiva.
La juez de control, Teresa Soto Martínez, determinó que en cuatro meses se cerrará la investigación. Como medidas cautelares determinó la firma periódica en la última semana de cada mes; no salir del país; no acercarse a las víctimas y testigos, así como no acudir al Instituto de Crédito y al Congreso del estado.
De acuerdo a las pruebas que presentó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la exlegisladora no enteró lo equivalente a 29 quincenas y el agravio fue de un monto aproximado de 23 millones de pesos.

Patricia Izquierdo, sujeta a proceso penal por tercera ocasión

Por tercera ocasión, Patricia Izquierdo Medina -ex secretaria de Obras Públicas durante la administración graquista- fue vinculada a proceso por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública.

Inicialmente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción había imputado a siete ex funcionarios de la Secretaría de Obras por presunta irregularidades detectadas en la construcción de una planta recicladora de residuos sólidos, ubicada en la localidad “El Zarco” del municipio de Yautepec, con un valor estimado de 13 millones 800 mil pesos,  la cual nunca funcionó porque la obra quedó trunca con menos del 40% de avance en su construcción, pero fue entregada y pagada como si hubiese sido concluida..

A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que sólo la ex secretaria de Obras, la ex directora de Infraestructura y un ex supervisor de Obras, fueron sujetos a proceso penal.

Detalló que la agente del Ministerio Público presentó más de 70 datos de prueba en contra de siete ex funcionarios estatales de la pasada administración, pero “a criterio del Juez de Control, se acreditó la probable participación de Patricia "N", Lucero "N" y Marco "N" en la comisión del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, por lo que determinó auto (de) vinculación contra ellos, en tanto, la Fiscalía Anticorrupción apelará la no vinculación de los demás funcionarios”.

Izquierdo Medina enfrenta dos procesos penales más. El primero, por ejercicio indebido del servicio público por presuntas anomalías en la construcción de una planta recicladora de residuos sólidos en el municipio de Jiutepec, la cual no fue concluida ni activada y tuvo un costo superior a los 34 millones de pesos.

El segundo proceso es por presunto delito de ejercicio abusivo de funciones, también por presuntas irregularidades en la demolición y construcción de un edificio en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla con un costo de más de 75 millones de pesos, según se señala en la acusación oficial.

Patricia Izquierdo Medina.

Aseguran que sesionó sin el quórum reglamentario y permitió que asesores votaran dictámenes sin tener facultades para ello.

Con relación al boletín de prensa emitido este lunes por la mañana desde la presidencia de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Morelos, las diputadas Naida Josefina Díaz Roca, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Blanca Nieves Sánchez Arano, Keyla Figueroa Evaristo, Ana Cristina Guevara y Tania Valentina Rodríguez Ruiz, expresamos nuestra inconformidad y desacuerdo por los procedimientos que se emplearon para llevar a cabo la sesión de la Comisión del día 5 de julio en curso, la que adoleció de falta de quórum, por lo que no es válida, pero la que –además- permitió que asesores sin facultades legales votaran como si fueran legisladores, como consta en videos e imágenes.

Más allá de la importancia del contenido de los dictámenes que se propusieron, con los que se puede estar o no de acuerdo, el caso es que no se observó lo dispuesto en el Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, que señala:

“ARTÍCULO 64.- Las reuniones se llevarán a cabo con la mayoría de los integrantes de la comisión, debiendo estar presente su Presidente y en caso de no existir el quórum se asentará en el acta la inasistencia de los diputados para los efectos correspondientes y se citará nuevamente. 

Las decisiones que se tomen durante las reuniones de la comisión serán por mayoría simple, en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad”.

Esto implica que en todas las reuniones donde se deben votar dictámenes, sean ordinarias o permanentes, se debe verificar primero el quórum, situación que no se cumplió, al tener presencia de sólo cuatro de doce legisladores que conforman la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

A mayor abundamiento, y como consta en el orden del día de la sesión del día 5 de julio en curso, que la misma presidenta de la Comisión envió previamente a nuestros correos oficiales y a las oficinas, el punto número 2 era precisamente “declaratoria del quórum”, y fue evidente por las imágenes que circularon desde ese mismo día, que nunca hubo tal quórum y, por tanto, ni debió seguir la sesión y mucho menos permitir o inducir para que los asesores votaran, pues es contrario a las normas que rigen los procedimientos de Ley. (Se adjuntan imágenes del oficio firmado por la presidenta de la Comisión para la convocatoria y del orden del día que se adjuntó para la sesión del 5 de julio 2019). 

En consecuencia, y apegados a derecho, no es procedente que los referidos dictámenes sean incorporados al orden del día de la siguiente sesión del Pleno, pues no observaron lo que claramente dice nuestro Reglamento:

“ARTÍCULO 103.- Ningún proyecto de dictamen o proposición de acuerdo parlamentarios podrá debatirse sin que primero pase a la comisión o comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado”. 

Y en el caso que nos ocupa, los dictámenes ni se debatieron y mucho menos se aprobaron en la Comisión en el orden del día de la sesión correspondiente.

Pedimos a la presidenta de la Comisión que respetando los tiempos y las formalidades previstas en el artículo 64, vuelva a citar con la anticipación debida.

Cámaras de videovigilancia estarán conectadas con el C5.

El Congreso del estado deberá socializar la nueva ley de videovigilancia, que se pretende aprobar antes del 15 de julio, cuando concluya el segundo período ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura, afirmó el diputado Javier García Chávez. 
En entrevista, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación informó que este martes se instalarán mesas de trabajo con empresarios de Cuernavaca y otros municipios del estado, para que conozcan la propuesta que se impulsó desde el Poder Ejecutivo. 
De acuerdo con el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la nueva ley obligaría a las empresas a instalar cámaras de videovigilancia y conectarlas con el Centro de Control y Comando (C5) de la Comisión Estatal de Seguridad (CES). 
"Estamos trabajando desde la Comisión de Puntos Constitucionales para que no tengamos ningún recurso de impugnación, porque en el caso de videovigilancia tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos de los privados (sic), de los particulares, entonces vamos a una mesa de trabajo mañana (hoy) que nos permita discutirla", añadió el diputado. 
García Chávez dijo que en esa mesa de trabajo también se convocará a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y se garantice que no se violentarán los derechos fundamentales con la ley antes citada, ni con ninguna otra normatividad que se pretende aprobar en los próximos días. 
El diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, informó que también se presentará al Pleno para su aprobación la nueva ley de Empresas de Seguridad Privada, así como una reforma al Código Penal para aumentar las penas por el delito de extorsión, así como la ley que regulará el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad. 
Se planteó que este jueves los legisladores sesionarán para desahogar unos temas y el lunes 15 de julio, se aprobarían las nuevas leyes en materia de seguridad.