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Alejandra Flores Espinosa, diputada de Morena, busca asumir la presidencia de la Junta Política y de Gobierno.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alejandra Flores Espinoza, admitió que existe un vacío legal en la presidencia de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado, tras la remoción de la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
La legisladora dijo que es urgente que se ratifique el acuerdo aprobado el viernes pasado por la mayoría de los grupos y fracciones parlamentarias para designarla al frente de dicho órgano político. De lo contrario, dicho vacío podría complicar aún más el trabajo legislativo.
"No hay actualmente, legalmente, presidente de la Junta Política. Por eso se convocó por los grupos precisamente, porque no podemos continuar con ese vacío legal dentro de la Junta,  estaremos acelerando para que el día de mañana sea ratificado en el Pleno el acuerdo y podamos estar al frente de la Junta", señaló la diputada Flores Espinoza.
Aunque la ley contempla que con la presencia de dos grupos parlamentarios dicho órgano político puede sesionar y tomar acuerdos, la diputada morenista señaló la importancia de garantizar la legalidad en la presidencia que durante el primer año de la LIV Legislatura encabezó la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
De igual forma, apuntó que mientras el Partido del Trabajo (PT) no informe al Congreso del estado si Tania Valentina Rodríguez Ruiz permanece como coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo no podrá reintegrarse a la JPyG.

El Legislativo intervendrá en la integración del Comité de Participación Ciudadana del órgano, paralizado desde mayo pasado.

El Congreso del estado intervendrá en la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que está paralizado desde el 1 de mayo pasado, cuando rindieron protesta sus integrantes.
La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Ariadna Barrera Vázquez confirmó que presentará ante el Pleno del Congreso el dictamen de reforma a la Ley Estatal Anticorrupción para que se modifiquen las bases para elegir al secretario técnico de dicho comité.
La diputada que preside la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, dijo que se planteará que por única ocasión el secretario técnico sea electo de manera directa por el presidente del comité, y no mediante la votación de una terna por parte de los cinco comisionados.
"Hemos visto que no ha habido acuerdos, no ha habido forma de poder transitar, y creo que es muy lamentable, porque son ciudadanos que están ahí para representar sin ningún interés personal y que pudiera abonar para poner un ejemplo al combate a la corrupción", manifestó la legisladora.
La legisladora sostuvo que dicha medida es para que el Comité de Participación Ciudadana del SEA avance y el sistema pueda operar en su totalidad.
No obstante, el Centro de Investigación" Morelos Rinde Cuentas" ha señalado dicha medida como poco transparente y como una mala señal para la operatividad de un sistema que busca abatir la corrupción.
Barrera Vázquez informó que una vez que se destraben los problemas políticos dentro del Congreso y pueda sesionar el Pleno, el dictamen de reforma citada se presentará para su aprobación.

Aseguran que existen los elementos legales para que prevalezca y se anule la extensión del periodo de los juzgadores.

El Congreso del estado emprenderá una defensa legal para que proceda el decreto que anuló el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados del Poder Judicial.
El diputado del Partido Encuentro Social (PES), José Luis Galindo Cortez, dijo que está en manos de un juez federal el caso, tras el amparo que promovió la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) María del Carmen Verónica Cuevas López.
Sin embargo, aseguró que existen los elementos legales suficientes para defender la razón del Congreso del estado en torno a un nombramiento que fue aprobado por la LIII Legislatura para mantener en el cargo a los actuales magistrados mediante un punto de acuerdo y no en base a una reforma constitucional.
Sostuvo que se trata de los abusos que cometió la pasada legislatura mediante irregularidades, por lo que insistió en que tienen la seguridad de que la justicia federal resolverá en contra de la magistrada Cuevas López.
Por su lado, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social Marcos Zapotitla Becerro afirmó que el citado decreto, que entró en vigor el 11 de septiembre pasado, no tiene ninguna relación con la situación de fractura que prevalece en el Tribunal Superior de Justicia, de la cual se dijo respetuoso.
"Le apostamos al respeto, el Poder Judicial tendrá que resolver sus diferencias y serán también los juzgados federales quienes determinen quién tiene la razón", manifestó.

Por parálisis operativa, el Congreso no ha corregido observaciones al dictamen.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval confirmó que se retrasará la aplicación de la ley que regula el uso de plásticos en Morelos, tras el veto del Poder Ejecutivo.
Sobre el tema, Morales Sandoval explicó que aún no trabajan en la solventación de las observaciones que realizó el Poder Ejecutivo al dictamen de reforma a la Ley de Residuos Sólidos, así como a la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en la entidad, debido a la parálisis que se vive en el Congreso del estado.
"Las observaciones llegaron cuando se cerraba el período de receso e inició el segundo año, y no se ha sesionando para que el Pleno nos turne las observaciones", agregó Morales Sandoval.
Sin embargo, dijo que del análisis extraoficial que han hecho en la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ha establecido hacer modificaciones en cuanto a los periodos de aplicación de dicha norma; que se hará en un año para grandes empresas y en dos para medianas y pequeñas empresas.
A causa de la adecuación que se hizo para la aplicación de la norma, sea por empresas y no por regiones, la legisladora adelantó que tendrá que intervenir la Secretaría de Desarrollo Sustentable para vigilar su cumplimiento.
El primer año para la aplicación de la norma empezaría a transcurrir a partir de la publicación del decreto, acción legal que se retrasará mientras las observaciones no se desahoguen por el Congreso.

Plantean sanciones administrativas y económicas a los diputados que incurran en una falta.

Los diputados locales se regirán por un Código de Ética Parlamentaria que sancionará acciones que impliquen una falta de respeto y que violenten la actividad parlamentaria.
Dicho código se trabaja por un grupo de legisladores que plantearon la necesidad de establecer nuevas normas de comportamiento en el Congreso del estado, tras las agresiones personales que de manera directa se han registrado en el Pleno del Congreso.
La diputada panista Dalila Morales Sandoval explicó que dicho código establecerá la creación de una "comisión de ética", integrada por representantes del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que se encargarán de señalar las faltas que en dado caso los diputados pudieron haber cometido.
"Es darle vida a la actuación que nosotros tengamos como legisladores en las sesiones, en la Junta Política y de Gobierno, en Conferencia y otras reuniones parlamentarias", señaló la legisladora.
Morales Sandoval dijo que se plantearán sanciones administrativas y económicas a los diputados que incurran en una falta, con la finalidad de normar su comportamiento.
Sin embargo, anteriormente, la tribuna del Congreso ha servido como espacio para hacer señalamientos directos entre diputados y pugnas fuera de la labor legislativa.

La división en el Pleno impidió ayer que sesionaran los diputados.

Diputados locales fracasaron por enésima vez en su intención de renovar los órganos de gobierno del Congreso del estado y terminar con la parálisis legislativa que prevalece desde hace varias semanas.

Mientras tanto, 55 asuntos parlamentarios se dejaron de atender.
A las cuatro de la tarde, la Mesa Directiva citó a la primera sesión ordinaria del segundo año de la LIV Legislatura, pero las fracturas al interior del Congreso causaron que la convocatoria fracasara.
Los trabajadores del Congreso fueron citados para el próximo jueves a las 10 de la mañana a la sesión ordinaria, cuando se espera que los grupos mayoritarios hayan logrado los consensos para designar a los presidentes de la Junta Política y de Gobierno y de la Mesa Directiva.
Mientras el Partido Encuentro Social (PES) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con sus aliados el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Humanista (PH) buscan concretar los acuerdos para presidir los citados órganos de control, las fuerzas políticas consideradas como minorías en el Poder Legislativo, encabezadas por el Partido del Trabajo (PT), piden ser consideradas en la negociación.
Tales diferencias han causado que ninguno de los dos grupos sume los 14 votos necesarios para definir un acuerdo en el Pleno.
Mientras tanto, 55 asuntos parlamentarios, entre iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo, quedaron pendientes por desahogar en el Pleno la tarde de este martes, a causa de la suspensión de la sesión ordinaria.

No hay agenda legislativa ni renovación de los órganos de gobierno.

Se usaría dinero de las participaciones municipales.

El Congreso del estado podría reactivar el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, como medida de rescate para los municipios que enfrentan deudas millonarias por el incumplimiento de laudos heredados de las administraciones anteriores.
La diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez informó que varios alcaldes le han planteado retomar dicho fondo -que la LIII Legislatura creó en enero del 2017 y extinguió en julio del 2018-  que se alimentó con recursos de las aportaciones federales que reciben los municipios y que hacían un monto anual de aproximadamente 165 millones de pesos.
La legisladora dijo que se trabajará en la propuesta que se habría de presentar al Pleno, del Congreso y se hará con el consenso de los alcaldes que buscan resolver el problema por laudos, deuda que en total asciende a más de 250 millones de pesos.
No obstante, Barrera Vázquez apuntó que antes de reactivar dicho fondo -que desapareció un mes antes de que concluyera la LIII- se ordenará a la  Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) realizar una investigación especial  al fideicomiso que administró más de 300 millones de pesos del 2017 al 2018.
"En el último año se dijo que se destinarían los recursos de dicho fondo para la reconstrucción del estado (tras las afectaciones del sismo del 19 de septiembre del 2017) pero nunca se transparentó", dijo la legisladora al referirse a los 110 millones de pesos que la pasada legislatura dispuso destinar en el 2018 para los municipios afectados por el terremoto, sin consultar a las autoridades municipales.

Esperan convocar a sesión ordinaria del Pleno la próxima semana.

Los diputados locales cumplieron su primera semana del segundo año legislativo en parálisis, debido a la falta de acuerdos para renovar las presidencias de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno.
Sin consensos, los actuales encargados de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Tania Valentina Rodríguez, y de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, no lograron convocar a sesión de dichos órganos, a fin de integrar la agenda legislativa de este nuevo período ordinario.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo, informó que será hasta la próxima semana cuando se convoque a sesión ordinaria del Pleno, si es que logran concretar los acuerdos para llevar a cabo la reunión de la JPyG y, posteriormente, de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos.
De acuerdo con la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Ana Cristina Guevara Ramírez, la intención es que finalmente se consoliden los acuerdos buscados por más de un mes de negociaciones entre las fuerzas políticas y se renueven los órganos de gobierno, la próxima semana.
Aseguró que insistirán en la designación de un nuevo presidente de la Junta Política y de Gobierno y, si así lo decide la mayoría de los diputados, de la Mesa Directiva.
Puntualizó que Movimiento Ciudadano no ha hecho alianza con ningún partido político y respaldará la propuesta que garantice unidad en el Congreso para desahogar los temas pendientes de la agenda legislativa.

Afirma Tania Valentina Rodríguez que su ratificación en la JPyG es legal.

El Congreso del estado enfrenta una parálisis legislativa que podría agravarse en los siguientes días a causa de los conflictos internos por la renovación de los órganos de gobierno, admitió Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva. 
El legislador local dijo que es urgente que se logren acuerdos entre los 20 legisladores para tomar decisiones sobre los cambios en las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno, y así poder desahogar  los temas pendientes desde el periodo ordinario pasado. 
Sotelo Martínez confirmó que el Congreso se encuentra dividido en dos grupos: quienes respaldan la ratificación de Tania Valentina Rodríguez Ruiz como presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) , y quienes la desconocieron después del 31 de agosto. 
Al respecto, señaló que se requiere la  renovación de la JPyG a fin de iniciar el trabajo legislativo.

Incluso, dijo que está a favor de la renovación de la Mesa Directiva

Sin embargo, refirió que primero deberán reunirse los acuerdos pues dejar acéfalo dicho órgano de gobierno sería una irresponsabilidad. 

En tanto, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, afirmó que su ratificación es legal y aseguró que mientras no haya acuerdos para designar a otro legislador en dicha representación permanecerá al frente. 
La diputada refirió que la Ley Orgánica del Congreso del Estado no señala que debe abandonar el órgano político el 31 de agosto, si no existe un acuerdo para designar a un sucesor. Por ello se dijo respetuosa de los legisladores que la desconocieron al frente del órgano pero insistió en que no renunciará, pues hacerlo sería incurrir en “una irresponsabilidad jurídica”. 

El Movimiento de Regeneración Nacional insistirá en presidir la Junta Política y de Gobierno del Congreso.

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) insistirá en presidir la Junta Política y de Gobierno (JPyG), luego de que Alejandra Flores Espinoza fue electa como coordinadora del grupo parlamentario en el Congreso del estado.

La tarde de este martes, tres de los cinco diputados que integran la bancada acordaron renovar la coordinación parlamentaria, que hasta este martes estuvo a cargo de la diputada Keila Figueroa Evaristo. 

La nueva coordinadora fue electa por  los votos de Figueroa Evaristo y Delia González Solorzano, mientras que Ariadna Barrera Vázquez y Javier García Chávez, quetambién aspiraban a esta posición, no acudieron al encuentro del grupo parlamentario.

En rueda de prensa, Alejandra Flores Espinoza confirmó que buscará generar los consensos para presidir la Junta Política y de Gobierno, que hasta el momento sigue a cargo de Tania Valentina Rodríguez Ruiz, pese a que 10 legisladores la desconocieron, mediante un escrito presentado a la Mesa Directiva. 

Flores Espinoza sostuvo que así como la coordinadora del Partido del Trabajo (PT) debe dejar la Junta Política y de Gobierno, en cumplimiento a lo que señala la Ley Orgánica del Congreso referente a que dicho órgano debe ser rotativo, también la presidencia de la Mesa Directiva debe ser renovada. 

La líder parlamentaria admitió que no tiene los consensos para dichos cambio, pero señaló que debe haber un acuerdo para desentrampar los temas pendientes en el Congreso del estado.

Deberá permanecer en el cargo de presidenta hasta en tanto el Pleno del Congreso nombre a quien deba sustituirla.

Diputados del PES y Morena cuestionan el nombramiento.

Mientras los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Encuentro Social (PES) buscan generar acuerdos para remover a Tania Valentina Rodríguez Ruiz como presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), la legisladora logró que una minoría de las coordinadoras parlamentarias la ratificara en el cargo. 
Este lunes, por la vía rápida, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) convocó a sesión de la JPyG.

En dos ocasiones modificó los horarios de la cita y en ambos casos lo hizo con pocos minutos de anticipación, a decir de las coordinadoras de las fracciones parlamentarias de los Partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), Dalila Morales Sandoval y Ana Cristina Guevara Ramírez, respectivamente, que no respondieron a la convocatoria. 
A la sesión sólo acudieron las coordinadoras de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo; Blanca Nieves Sánchez Arano, de Nueva Alianza (Panal); Rosalinda Rodríguez Tinoco, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y, aparentemente, la legisladora del Partido Social Demócrata (PSD), Naida Josefina Díaz Roca. 

En la reunión se tomó el acuerdo para que Tania Valentina Rodríguez Ruiz permaneciera al frente del órgano político,
Aunque con la presencia de las coordinadoras antes mencionadas no se reunieron los 14 votos para la aprobación del citado acuerdo, por la tarde la legisladora Rodríguez Ruiz emitió un comunicado informando sobre su permanencia en la JPyG, ante la falta de acuerdos para que se concretara la renovación de dicho órgano de control. 
Ante tales hechos en el Congreso del estado, el diputado de Morena Javier García Chávez sostuvo que la permanencia de Tania Valentina Rodríguez Ruiz es ilegal. 
El legislador afirmó que la sola convocatoria a la sesión de la JPyG se hizo fuera de la ley, ya que la representación de Rodríguez Ruiz venció el 31 de agosto. 
"Pudiera estar incurriendo en responsabilidades, porque ella al haber renunciado a ese puesto no puede regresar de manera automática en el momento que decida. Necesita el aval de 14 diputados para poder reintegrarse", manifestó. 
En tanto, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, reiteró que Tania Valentina Rodríguez Ruiz tampoco cumple con los requisitos que marca la ley para estar al frente de la Junta Política, ya que su grupo parlamentario está integrado por dos legisladores y requiere de al menos tres diputados. 

En medio de pugnas internas por el control del Congreso, la LIV Legislatura inicia su segundo año de trabajo.

Se reanudará la sesión extraordinaria; se espera que Morena y el PES logren el control del Legislativo.

Después de varias semanas de jaloneos en el Congreso del estado, este sábado los legisladores finalmente podrían elegir a los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno. Los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Encuentro Social (PES) encabezarían los órganos de gobierno. 
En medio de la pugna por estos órganos de control, la tarde de este viernes se dio a conocer que el diputado Marcos Zapotitla Becerro se integró al grupo parlamentario del PES y renunció a Morena.
Mientras tanto, también se confirmó la renuncia de Maricela Jiménez Armendáriz a la bancada del PES. Sin embargo, la diputada no informó si se sumará a la bancada del Partido del Trabajo (PT) como se especuló. 
Hasta la tarde de este viernes, se informó de manera extraoficial que los diputados de Morena y PES habrían llegado a un acuerdo para encabezar los órganos de gobierno. 
Según algunos legisladores, dicho arreglo estableció que el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez permanecería al frente de la Mesa Directiva y su homóloga Alejandra Flores Espinoza sería designada como presidenta de la Junta Política y de Gobierno. 
La sesión extraordinaria que se suspendió el lunes pasado se reanudará este sábado a las cuatro de la tarde, de acuerdo a la convocatoria emitida por la Mesa Directiva, a fin de concretar las renovación de los órganos de gobierno y atender a las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al acuerdo para reducir de 20 a 14 años la permanencia de los actuales magistrados del Poder Judicial.

La diputada Blanca Nieves Sánchez Arano dice que resucitarla podría ir con contra de la legislación que está por aprobarse.

La posible reactivación de la ley para erradicar las cuotas escolares en Morelos se encuentra en análisis, afirmó la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, Blanca Nieves Sánchez Arano, pues dijo que tendrá que revisarse su viabilidad. 
En entrevista, la legisladora explicó que el Poder Legislativo local está a la espera de que el Congreso de la Unión apruebe las leyes secundarias de la reforma educativa federal, a fin de armonizar la legislación local. 
Por ello, dijo, el Congreso del estado no se puede adelantar a reactivar una ley que podría contravenir las normas federales. 
Señaló que el gobierno federal ya informó que se destinará una partida presupuestal para infraestructura educativa y con ello eliminar las cuotas escolares. 
"Faltan las leyes secundarias, no sabemos cómo se va a operar y no podemos estar duplicando en un momento dado un recurso que ya el gobierno federal dice que lo va a hacer directamente en las escuelas", manifestó. 
Y, agregó: "no podemos legislar por cumplir buenos deseos o caprichos, sino que tenemos que tener que las cosas se hagan con responsabilidad y sustentadas". 
El lunes pasado, integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) presentaron ante el Congreso del estado una solicitud para que los diputados reactiven la citada ley y acabar con los abusos en las escuelas por el cobro de cuotas. 

El Congreso del estado debe reponer el proceso para dar pensión al exfuncionario.

Más de 20 millones de pesos que originalmente estaban destinados para las cuotas de los trabajadores del Congreso al Instituto de Crédito, al parecer terminaron en cuentas de empresas fantasma.

La ex diputada perredista Beatriz Vicera Alatriste fue formalmente imputada por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 23 millones de pesos, que originalmente estaban destinados para las cuotas de los trabajadores del Congreso al Instituto de Crédito pero que al parecer acabaron en cuentas de empresas fantasmas.

A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que se realizó la audiencia de imputación y la juez de control a cargo de causa penal JC/323/2019 resolvió lanzar como medida cautelar una alerta migratoria para impedir que la imputada salga del país y le ordenó que cada 15 días acuda a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), luego de que en una ocasión fue declarada sustraída de la justicia por no acudir a la audiencia.

Además, le prohibió acercarse a los diputados denunciantes y a los testigos, así como acudir a las instalaciones del Congreso de Morelos y el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado.

A Beatriz Vicera Alatriste se le acusó de la presunta desviación de 23 millones 760 mil pesos, producto de las aportaciones de los trabajadores del Legislativo al Instituto de Crédito, de los cuales 14.5 millones de pesos habrían sido depositados como “pagos” a cuentas de dos empresas fantasma durante su periodo como presidenta del Congreso local.

La FECC precisó que presentó ante la juez más de 70 pruebas que implican a la ex servidora pública en el presunto delito.

En tanto, la defensa de la ex diputada solicitó a la juez, 144 horas para la audiencia de vinculación, las cuales le fueron concedidas.

El pasado 9 de julio también fue vinculada a proceso de la ex diputada perredista, Hortencia Figueroa Peralta, por la misma causa penal y quien presuntamente distrajo más de nueve millones de pesos en beneficio propio, así como de terceras personas, entre ellos, compañeros ex congresistas, durante los últimos días de la LIII Legislatura.

En la pugna por presidir los órganos de gobierno del Congreso del estado se registraron  cambios dentro de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Encuentro Social (PES). 

Los diputados tratarán de renovar los órganos de control del Congreso y elegir al titular de la ESAF.

Los diputados locales convocaron a un período extraordinario de sesiones para el próximo lunes 26 de agosto, en el que buscarán renovar las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno sin que, hasta este jueves, las fuerzas políticas hayan logrado los consensos necesarios para concretar los nombramientos. 
En sesión de la Diputación Permanente, con tres votos a favor y dos en contra, los legisladores aprobaron el punto de acuerdo en el que también se incluyó abordar la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), así como desahogar el dictamen con el que se resolvieron las observaciones que el Poder Ejecutivo hizo al decreto mediante el cual el Congreso buscaba reducir de 20 a 14 años la permanencia de los actuales magistrados del Poder Judicial.
El acuerdo para abrir un período extraordinario de sesiones el próximo lunes se aprobó en medio de jaloneos entre los legisladores, pues la coordinadora del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, afirmó que el nombramiento del titular de la ESAF sería ilegal, pues la Comisión Calificadora no ha emitido un dictamen para su votación. 
Ante ello, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, respondió que durante este fin de semana la Comisión Calificadora podrá reunirse y generar el acuerdo que se votará para concretar el nombramiento del titular de la ESAF.
Rodríguez Ruiz insistió en la tribuna que sería un acto ilegal y por ello, advirtió que procederá legalmente.
El acuerdo para convocar a período extraordinario finalmente se votó a favor con tres sufragios.

Sin embargo, en entrevista, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso admitió que las fuerzas políticas aún no lograban ponerse de acuerdo sobre los diputados que serán nombrados en los órganos de gobierno.
Apuntó que este fin de semana será definitivo para que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) defina a la diputada que propondrá para la Mesa Directiva, mientras que el resto de las fuerzas políticas decidirá si el Partido Encuentro Social (PES) ocupa la Junta Política y de Gobierno, o permanece el Partido del Trabajo.