Moreno Merino ocupó la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso en el primer año de la Legislatura anterior y a su salida de ese cargo dejó un déficit de 180 millones de pesos.

Sus sucesoras actualmente son procesadas por desviar 23 millones de pesos de las cuotas cobradas a los trabajadores para destinarlas al instituto de Crédito para los burócratas, que nunca recibió el dinero.

Sin embargo, trabajadores del Congreso señalaron que “el calvario que vivimos, que afectó nuestros derechos y nuestras prestaciones” comenzó con Moreno Merino, quien nunca rindió cuentas de la forma en que utilizó el presupuesto.

Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que los afectados no sólo fueron los empleados del Congreso, sino que proveedores y diversas instituciones dejaron de cobrar lo que les correspondía.

“Los despidos, la cancelación de pagos por prestaciones, el retraso en el pago de la nómina, es culpa de ese señor. Si lo acusan de no entregar 23 millones, con lo que le queda tienen para defenderse y reírse de nosotros. Si lo van a acusar, que lo acusen bien”, señaló uno de los denunciantes.