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El apotegma condensa mucha sapiencia política; se aplica particularmente al gobierno federal ante el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos cruentos que tuvieron lugar en Iguala, durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, que derivaron en varias muertes y la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Este informe fue entregado a asociaciones de derechos humanos y la prensa el pasado 24 de abril, con la notoria ausencia de los representantes del gobierno mexicano, quienes no se dignaron a presentarse en esta importantísima reunión.
Invito a los lectores a examinar, aunque sean fragmentos, de los informes que presentó el GIEI; el primero el pasado 7 de septiembre [1] y el segundo [2], donde comenta las trabas, sutiles amenazas y claras declaraciones oficiales para que abandonaran el caso. El lenguaje del informe es prudente, claro y directo, sin frases legaloides. Con base en numerosísimas evidencias reunidas por los integrantes del grupo obtenidos de los varios archivos oficiales desperdigados entre distintas fiscalías, peritajes sobre el campo, expedientes médicos indicativos de tortura y algunas entrevistas personales, logran reconstruir coherentemente los hechos y constatar el involucramiento de diversos cuerpos policiales y armados. La investigación es cuidadosa y aguda, sustentada por razonamiento lógico e hipótesis claramente señaladas, en marcado contraste con los reportes que frecuentemente leemos en la prensa, elaborados por policías nacionales.
Como si el crimen no fuese suficientemente horrendo, nuestro respetable gobierno decidió descontinuar las investigaciones del GIEI y prácticamente echó fuera a sus participantes. Esto fue un error gigantesco y ominoso ante nosotros ciudadanos pensantes, ante la comunidad y la prensa internacionales [3], y ante el propio respeto debido al Estado. El caso se ha vuelto emblemático y es ampliamente conocido en México y en el extranjero. La canciller alemana Angela Merkel ofreció ayuda en la investigación cuando nuestro Presidente visitó Alemania, y lo hizo frente a él y las cámaras; el Departamento de Estado de nuestro vecino se pronunció por aclarar la masacre, y hasta Hillary Clinton lo prometió si fuese (y será) presidenta. Organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y la prensa internacional han reportado este desenlace en términos muy negativos para nuestro gobierno, sus policías y su ejército. No hagan más preguntas.
La ausencia del GIEI puede dar vuelo a todo tipo de hipótesis sobre los cabos sueltos de la “verdad histórica” declarada por el procurador en enero de 2015: En particular la falsificación del escenario de quema de los cuerpos en el basurero de Cocula, pivote de versión oficial. Evidentemente, de ser ciertas algunas de esas hipótesis se conformarían delitos muy graves, no solamente sobre los perpetradores directos, muchos de ellos ya en prisión, sino sobre toda la red de testimonios asumidos presumiblemente bajo tortura, bajo una superestructura oculta de funcionarios que inventaron, sembraron y/o ocultaron evidencias.
El error ocurrió por confiar en la credulidad supina de la gente, sin considerar que las redes de comunicación nacional han evolucionado desde 1968 y se han internacionalizado. Este error puede conducir a daños irreparables en la credibilidad del gobierno sobre toda clase de otros temas, como la economía, las estadísticas y las elecciones, el combate a la corrupción, o la relevancia de los discursos oficiales, siempre optimistas, sobre libertad de prensa y derechos humanos. Se podrá dudar ahora hasta de los pronósticos meteorológicos. Malo para las inversiones, malo para la tranquilidad social, malo para la gobernabilidad. Y terrible para la reputación del Ejército y la Marina. La confianza se gana lentamente, pero se pierde rápido.
[1] Primer informe: https://drive.google.com/
[2] Segundo informe: https://drive.google.com/
[3] Véase por ejemplo, en el New York Times (26/04/16):
