Creo que es importante rescatar la referencia anterior en el contexto de las impugnaciones a la reciente elección presidencial. Si bien en ellas se menciona la inequidad inducida por las compañías encuestadoras (BGC, Buendía, GEA-ISA, Parametría y Mitofsky), no se le ha dado aún la estimación numérica correspondiente. Los expedientes presentados ante los tribunales electorales se han concentrado en el presunto lavado de dineros de origen obscuro, que se entiende fueron puestos a disposición de la campaña del candidato ganador por encima de los límites de gasto permitidos por la legislación vigente (lo cual constituye un grave delito del orden federal), pero creo que no han dado el suficiente peso a la inducción del voto logrado con encuestas trucadas. Trucar encuestas no está tipificado como delito en las leyes actuales. Nos dicen que esta industria se basa en la confianza y por ello se regula a si misma, de modo que nadie será puesto tras rejas por errar o inventar resultados.

El estudio del Dr. Mochán [2], llevado a cabo con metodología doble-ciego y análisis estadístico riguroso, indica que hay una seria deficiencia en la legislación electoral, la cual no contempla –o lo hace muy someramente– el engaño a la ciudadanía contenido en la inducción de ideas falsas sobre los candidatos propagadas por los medios masivos de comunicación, principalmente por el duopolio televisivo y la prensa afín.

No existe evidencia verificable en las boletas que permita distinguir entre un voto informado y libre, y uno comprado o inducido por mensajes falseados; el Instituto Federal Electoral contó boletas confiablemente, pero no puede distinguir entre uno y otro. Los dineros sí son cuantificables, y en principio su origen sucio sí podría invalidar la elección. Los avances en las leyes que se han logrado después de comicios presuntamente fraudulentos, como los de 1988 y 2006, han rellenado sus baches y huecos más evidentes; pero vemos que las encuestas trucadas son aún cavernas abiertas a la impunidad. Ya he mencionado antes [3] que resulta extraordinariamente difícil que un resultado científico sea aceptado por tribunales compuestos de jurisconsultos. Me pregunto si aceptarían el teorema de Pitágoras si éste no estuviera escrito en un pliego membretado, con firma autógrafa y acompañado de cinco copias y un abogado. Leyes y verdades son cosas distintas.

Coincido con #YoSoy132 en denunciar la inequidad de las pasadas elecciones, aunque al mismo tiempo no me hago ilusiones sobre la resolución “definitiva e inatacable” de nuestros órganos electorales, probablemente ya decidida de antemano e impermeable a las evidencias que puedan ser presentadas. Los votos pueden ser comprados impunemente, pero el respeto no.

[1] K.B. Wolf, PresidenTV. La Unión de Morelos 11/07/2012, p. 19.

[2] W. Luis Mochán, Meta-Estudio de Opinión, acceso directo en:

http://bit.ly/Ic4fQq.

[3] K.B. Wolf, La publicación de encuestas influye en la votación.

La Unión de Morelos 06/06/2012, p. 17.