La genómica es la ciencia que estudia los genes y éstos son estructuras químicas, similares al código de barras de nuestras credenciales de electores, que constituyen la base de la herencia. Así, mediante la genómica forense se puede averiguar de quién es: la gotita de sangre en un pañuelo, la pequeñísima muestra de semen en una ropa o el diminuto fragmento de un hueso. Este método permitiría identificar, con ayuda de archivos electrónicos, de quién eran los restos de cada uno de los 40 mil desaparecidos.

En EUA, el FBI creó a partir de los años 1990, el archivo CoDis (Combined DNA Index System) para facilitar la identificación de los criminales. Se utilizaron, principalmente, fragmentos cortos de ADN llamados STR (Short Tandem Repeats) sujetos a mucha variabilidad y ese archivo incluye el ADN de más de 12 millones de personas. El CoDis ha servido de apoyo a más de 300 mil investigaciones criminales de ese país. En México, el equivalente al CoDis, ha sido compilado por la FGR con menos de 30 mil registros, insuficiente para poder identificar a la mayor parte de los desaparecidos.

Existe la promesa oficial de la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense[1]. Dicho instituto deberá promover, a la brevedad, la promulgación de un decreto que establezca la norma sobre cuáles STR se usarán para la identificación genómica y deberá definir los protocolos para integrar un sistema informático nacional, usando los datos genómicos de los laboratorios acreditados en cada entidad federal. Además, hace falta: establecer, normalizar y supervisar las cadenas de custodia que garanticen y preserven la calidad e integridad de las evidencias recolectadas en los sitios de los posibles delitos. De otra forma, el Gobierno Federal difícilmente podrá resolver, en breve plazo, el problema de los miles de cadáveres por identificar.

La casi totalidad (98%) de los homicidios violentos ocurridos en México quedan sin aclarar y este problema está creciendo en magnitud, de manera acelerada. La impunidad está ligada al bajo nivel de nuestro sistema judicial, pues según el Índice del Estado de Derecho[2], ocupamos el lugar 99 de 123 países. Sin embargo, el problema se podría empezar a resolver si se utilizaran, eficientemente, los conocimientos actuales de informática y de la teoría de las redes sociales. Las bandas criminales son controladas por pocos capos que, a su vez, controlan unos cuantos grupos de pandillas, las cuales operan módulos de sicarios con menos de 150 personas[3]. Esta estructura está asociada al parentesco y a las relaciones de amistad entre los bandidos. Por ejemplo: las principales bandas del Pacífico salieron del municipio de Badiraguato y el Cártel Jalisco Nueva Generación nació relacionado con el Cártel de Sinaloa y con la Familia Michoacana. Por razones de confianza, las familias de los súper capos están muy vinculadas y los sicarios tienen relaciones de amistad y parentesco entre sí, porque provienen del mismo barrio o del mismo pueblo. Por ello, una elevada proporción de las víctimas de los asesinatos son parientes o conocidos de algún pariente de los bandidos. A su vez, las redes criminales están ligadas a redes financieras con estructura modular: unas cuantas súper cuentas bancarias de los capos controlan otras menores y así sucesivamente, hasta llegar a los sicarios que reciben su dinero en efectivo. Pues sería imposible manejar más de medio billón de pesos al año, fruto de las actividades delictivas, mediante transferencias en mochilas o cajuelas llenas de billetes. Esas operaciones dejan huellas en los registros electrónicos oficiales, bancarios y en las redes sociales.

Por lo tanto, si el Gobierno Federal quiere controlar el crimen y resolver el problema de los desaparecidos, tendrá que integrar equipos confiables de acopio de datos genómicos, sociales, judiciales y financieros para que, mediante un análisis informático avanzado, pueda construirse el mapa de la delincuencia.  De otra forma, seguiremos como los conejos de Monclova: misteriosos, torpes y haciéndonos bolas.

[1] https://elpais.com/internacional/2019/02/04/mexico/1549301318_972191.html

[2] https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018

[3] Según R. Dunbar, 150 es el “límite cognitivo de individuos con los cuales se puede mantener una relación estable" Ann Rev. Anthropol. 32(1), 163-181, 2003.