Sobre el tema, hay que hacer una revisión de los antecedentes, porque este fenómeno no es muy añejo, aparece hasta después del 2000, a partir de la alternancia político-electoral, con anterioridad no había denuncias porque propiamente no existían los sindicatos en el interior de los ayuntamientos.
Cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pierde la mayor parte de las presidencias municipales y el gobierno estatal en el 2000, antes de entregar las administraciones que controlaban ellos, buscaban la manera de que buena parte de las estructuras que tenían en las alcaldías subsistieran más allá de aquellos gobiernos.
Fue entonces cuando a sugerencia de los ediles salientes y con la asesoría de abogados, comienzan a integrar sindicatos que progresivamente fueron reconocidos y una vez integrados como tales, sus miembros pudieron reclamar estabilidad laboral, pero como muchos presidentes municipales entrantes traían compromisos con aquellos que apoyaron sus campañas políticas, lo primero que hicieron fue despedir a la mayoría, sindicalizada o no, pero además, sin la liquidación de ley.
Y como la justicia en cualquiera de sus ramas es demasiado lenta, pues sin mayores problemas aquellos alcaldes que generaron esos problemas terminaron sus gestiones sin tener que ser obligados por los tribunales a pagar, porque aún no había dictámenes.
El principal problema es que la impartición de justicia para nada es expedita, un juicio laboral puede llevarse hasta diez años y como se van acumulando intereses, multas y el principal, de acuerdo a la vieja ley laboral, pues aquello que pudo finiquitarse con ocho mil o diez mil pesos acaba en cantidades de 500 mil o hasta un millón de pesos.
Incluso los asesores legales de los demandantes suelen prolongar la decisión lo más que se pueda, a fin de ganar más dinero, porque ellos en lo general cobran por su labor profesional un promedio del 30% del monto que se recupere, ese es otro problema. Es decir, si el laudo alcanza un millón de pesos, ellos se llevan 300 mil, que no está nada mal, pero el detrimento es para el municipio afectado.
Es por eso que la mayor parte de los laudos por los que algunos alcaldes están siendo objeto de sanción, corresponden a demandas interpuestas en esos tribunales por ahí del 2012 o 2013, ya transcurrió un trienio, vamos con el primer año del otro y apenas se han emitido las sentencias respectivas.
Como que sí es injusto, el Congreso federal y el local deberían promover algunas reformas en la materia, a fin de que sean los causantes de esos conflictos quienes afronten las consecuencias, porque al final pagan justos por pecadores. Los actuales ediles tienen que responder por actos irregulares que ellos no cometieron y que corresponden a sus antecesores.
Bueno, hay muchos elementos para advertir que conscientes de que ya será la administración siguiente la que enfrente los juicios, algunos ex alcaldes incluso han alimentado denuncias laborales de algunos de sus funcionarios, que por ser personal de confianza no tienen derecho a una indemnización como esa, pero les generan condiciones sobre todo documentales para que procedan, con tal de hacer daño.
A decir de la titular de la Secretaría del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, son 17 los presidentes en serios conflictos, aunque el resto tampoco escapa a algo similar y la deuda acumulada por concepto de laudos al día de hoy supera los 600 millones de pesos entre los 33 ayuntamientos.
Es muy complicado porque no hay dinero, el poco presupuesto e ingresos propios se van en salarios y pago de servicios públicos o de la propia comuna. Se tiene la posibilidad de buscar todavía un arreglo con las partes, a fin de ir cubriendo gradualmente los montos, pero cualquier retraso es fatal, un mínimo incumplimiento lleva a que las instancias competentes, en este caso el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), ordene la destitución.
Sería muy interesante que sobre el tema se hiciera una investigación de fondo, porque como le decíamos, un considerable número de demandas legalmente no debieron proceder porque fueron interpuestas por servidores públicos de rango que no tenían derecho a la indemnización, pero como que a nadie le ha interesado.
En su oportunidad se habló mucho de denuncias laborales en contra de la presidencia municipal de Emiliano Zapata, pero las interpusieron decenas de supuestos empleados de la administración anterior, que se afirmaba eran “aviadores”, o sea, cobraban sin desarrollar trabajo alguno. El alcalde Fernando Aguilar Palma en su momento lo denunció.
Pues casos similares debe haber muchos, tal vez en un rango del 50% del universo total de procesos y eso tampoco es justo. Desde luego que los derechos laborales deben respetarse y para eso existen instancias en las que se puede reclamar cuando se atropellan, pero tampoco se tendrían que permitir excesos.
De ahí que si se desea ir resolviendo este fenómeno creciente, deberá pensarse en algún mecanismo legal que impida a quienes irresponsablemente causan agravio a sus trabajadores en las alcaldías, hereden a sus sucesores la pesada carga de pagar.
Quizás de esa manera los mismos presidentes municipales en funciones tendrían más cuidado y evitarían despidos masivos, a sabiendas de que son ellos los que tienen que pagar las facturas, pero no se aprecia nada al respecto en el recinto legislativo.
Lo malo es que muchos la andan sufriendo, buscando afanosamente, vía sus instancias jurídicas, defenderse de la amenaza de destitución al cargo por incumplimiento. Aunque se advierte que se tiene la posibilidad de buscar algún acuerdo conciliatorio consistente en el pago progresivo de la suma reclamada, sin embargo, ya queda a gusto de los demandantes si lo aceptan o no.
Como decíamos, el tema aparece después del 2000, pero llega a niveles de complicación cuando una reforma en la materia determina que el incumplimiento de un lado puede ser motivo de sanción grave a quien no la acate, porque tampoco con anterioridad era motivo de remoción, eso igualmente es reciente.
