El nivel de confrontación entre ellos ha venido a menos, finalmente vienen dejando en manos de los tribunales competentes un conflicto que llegó a la cúspide cuando se intentó remover al secretario general de esa organización, Daniel Hernán López.
El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) invalidó el desconocimiento, considerando que no se cumplieron las normas y reglas en la materia a fin de que fuera legítima la decisión. Sin embargo, aún siguen esperando la sentencia definitiva para saber quién se queda al frente del sindicato.
Pero como decíamos, el punto de partida de las diferencias fue la famosa ley que busca modificar algunos términos en lo que se refiere al control del instituto de crédito, y es casi seguro que el tema continuará representando el obstáculo a vencer para que regrese la unidad entre la burocracia sindicalizada del gobierno estatal.
Lo decimos porque Hernán López, aún el dirigente sindical, decía que conjuntamente con otras organizaciones de trabajadores afiliados al instituto, se viene trabajando en relación a una propuesta alterna de reforma, buscando suavizar algunas cláusulas que fueron las que encendieron los ánimos de muchos que consideraron que se les pegaba en sus intereses.
Entre los líderes que preparan un nuevo documento para ser enviado al Congreso local a su análisis, revisión y posible aprobación, están tres de igual número de sindicatos del ayuntamiento de Cuernavaca, así como una representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 19, correspondiente a Morelos, además de Hernán, por citar algunos.
Por lo que dijo Daniel, ya se vienen reuniendo con el legislador local Jaime Álvarez Cisneros, que fue el que impulsó la primera propuesta y se esperaba que el fin de semana quedara listo el acuerdo, que será presentado en palacio de gobierno empezando la semana, vía la Secretaría del Trabajo.
A decir del dirigente, sólo se estarían proponiendo enmiendas en tres o cuatro aspectos, uno de éstos, que las aportaciones de los derechohabientes del instituto sean del 4.25 por ciento del salario y no del seis por ciento como se pretendía.
Del mismo modo, que en lugar de ocho representantes gubernamentales en la junta de consejo, como venía en la reforma cuestionada, se le concedan tres más a los trabajadores, a fin de que éstos cuenten con seis y el sector oficial con cinco.
Igual y esas pequeñas correcciones permiten al fin que la ley logre ser aceptada. Sin embargo, es casi seguro que la contraparte reaccionará una vez que se entere de lo que sus antagonistas en la lucha vienen haciendo, y lo que puede pasar es que se vuelvan a encender los ánimos entre ellos.
Muy en particular hay algo que sigue siendo objeto de resistencia de los que no aceptan la reforma: que deben entrar a un sistema de bancos, con el argumento de que sólo de esa manera podrán ser beneficiados con créditos mayores para la adquisición de bienes inmuebles.
Y es que los sindicatos del Poder Judicial, del Legislativo, jubilados y parte de los burócratas estatales más bien insisten en que sea desechada la reforma, o sea, seguirse rigiendo con la ley vigente. Incluso habían amenazado con tomar las instalaciones del instituto; finalmente no lo han hecho, pero su posición es que las cosas se mantengan como están.
Pero la otra parte estaría aceptando que sí se hacen necesarios algunos cambios y en ello están trabajando, sin embargo, eso los llevará nuevamente a la confrontación, cuando el ambiente como que ya estaba regresando a la normalidad.
Hay que ver cuál es la decisión final en lo referente al control sindical. Consideramos que Hernán López será sostenido al frente contra viento y marea. Si es necesario, desde niveles superiores de gobierno se podría dar una “sugerencia” al juez a fin de que le mantenga la "toma de nota", porque entregársela a los otros políticamente sería un riesgo.
Mientras se está en la larga espera del desenlace, el secretario general sigue despachando en una banca del jardín Juárez, porque las instalaciones sindicales continúan tomadas por sus adversarios, que no ceden a las presiones y seguramente sólo abandonarán la trinchera hasta que una autoridad competente les gire la orden.
Y aunque así suceda, las diferencias entre los grupos de trabajadores en el gobierno no terminarán, lo más seguro es que así se la lleven todo el tiempo que queda de mandato de Daniel Hernán y ya será hasta que venga un nuevo proceso de reestructuración del comité, cuando los ánimos se tranquilicen, para lo cual falta más de un año.
No obstante, igual y tampoco eso acaba con el conflicto, porque de algo podemos estar seguros, a la próxima elección de su dirigente, los dos grandes grupos van a llegar igualmente encontrados, con un candidato por cada lado.
Quien gane deberá hacerlo con un margen considerable, de tal manera que no existan sospechas de fraude o imposición, pero si los resultados son cerrados, las cosas continuarán difíciles, porque el nivel de rivalidad es alto y cuando eso acontece, siempre hay secuelas, como en las elecciones constitucionales entre partidos políticos.
Lo bueno para los trabajadores del poder ejecutivo, es que el gobierno sigue reconociendo a Hernán como el legítimo, porque es quien tiene la "toma de nota" y a través de él da cumplimiento a todos los programas y apoyos sindicales y en ese sentido, no hay mucha afectación a la base trabajadora.
Bueno, más bien es en el Legislativo -donde no existe ruptura sindical interna- donde los agremiados al sindicato reclaman una serie de apoyos no entregados, incluyendo cierto rezago salarial, despensas y bonos, porque no hay fondos suficientes para tal efecto, pero los de gobierno estatal no tienen ese problema.
Hoy lunes, en el transcurso de la mañana, a través de la Secretaría del Trabajo se dará a conocer públicamente el documento modificado por algunas representaciones sindicales y se sugerirá enviarlo a la Junta de Gobierno del Congreso para que sea revisado y eventualmente aprobado, sustituyendo al anterior. Ojalá que no sea origen de una nueva rebatinga entre ellos.
