A nivel de Poderes públicos no hay actores que tengan en este momento la credibilidad y confianza como para llamar a la prudencia y al entendimiento como instrumentos de solución a las diferencias que vienen empujando hacia acciones menos razonables al respecto.

En esas circunstancias, nos parece oportuno que la Barra de Abogados del estado de Morelos, en voz de su presidente Miguel Ángel Rosete Flores, haga la invitación a las partes, considerando que es el camino correcto para lograr apaciguar los ánimos.

Lo hemos dicho en otras ocasiones, como que las distintas agrupaciones de profesionales de la abogacía han faltado a la obligación de ser garantes del estado de derecho y en muchas ocasiones, en aras de lograr algunos beneficios económicos, han permitido violaciones flagrantes a la ley.

La Barra es la organización que aglutina al mayor número de abogados en el estado y es alentador que se comience a exigir prudencia y mesura de parte de aquellos que están obligados a conducirse con decoro en sus respectivas responsabilidades. Parece pues que regresa al frente de batalla, dando la cara por quienes más lo requieren en un momento tan crucial.

Bueno, lo que decía Rosete es que ya a nivel de cuerpo colegiado, han promovido un juicio de amparo contra la decisión de dejar sin efecto la revocación de mandato en el estado, bajo el expediente número 919/2016, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e incluso en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM); una acción de inconstitucionalidad al respecto que en breve deberá tener respuesta.

Es decir, se nos antoja que este tipo de esfuerzos son los que cotidianamente tendrían que estar desarrollando los profesionales del derecho, pero que por las razones que sean, se han omitido, facilitando las cosas para todo tipo de arbitrariedades de quienes ejercen el poder público contra el ciudadano.

Pero ahora, la Barra considera que las cosas no pueden continuar por el camino de la descalificación mutua entre actores de gobierno y del movimiento que impulsó la marcha del pasado 16 de agosto, porque se advierte de posibles actos de violencia que sólo complicarían más las cosas.

Las expresiones suben de tono, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Alejandro Vera Jiménez, se queja de amenazas de muerte y de aprehensión, lo que lo llevó a tramitar un amparo para salvaguardar sus derechos, igual que otros líderes de organizaciones aglutinadas en el FAM.

Todavía se esperaba confirmar los hechos, pero igualmente se decía que durante el día de la manifestación desapareció un vicario de la iglesia católica y se atribuía el suceso al escenario de confrontación de los diversos frentes que conforman el conflicto de manera general.

El gobierno acusa a los inconformes de haberse extralimitado en su comportamiento y advierte de la toma de decisiones a fin de sancionar las infracciones. La contraparte anuncia que iniciará una marcha hacia la Ciudad de México para buscar acelerar el diálogo con instancias del gobierno federal, al único que reconoce como interlocutor, además de promover una consulta popular de revocación de mandato con fecha 4 de septiembre.

Como se ve, a nivel local no se aprecia señal alguna de que se intente siquiera un acercamiento para consensuar acuerdos y evitar llegar a mayores grados de crispamiento entre sí y en efecto, como plantea la Barra, esa no es una salida muy inteligente que digamos.

Vera decía ayer que diputados federales de Morelos impulsaban en la Cámara baja un punto de acuerdo, a fin de pedirle a la Federación que intervenga en la mediación del conflicto. Se seguía afirmando que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estará hoy en Morelos para inaugurar el encuentro nacional de presidentes municipales, organizado por el Instituto de Desarrollo y Fomento Municipal (Idefom) y que se aprovecharía su presencia; sin embargo, como que no es el espacio correcto, su agenda viene programada y seguramente limitada.

La agenda que debería atenderse en el caso que nos ocupa es muy amplia, pero sobresalen dos asuntos: el caso de la UAEM, que se sigue quejando de incumplimiento en la entrega de fondos económicos girados por el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda estatal, y aquello que se refiere a la protesta de concesionarios del transporte por la apertura al Morebús.

Es decir, el tema pudiera ser medio resuelto una vez entregado el dinero a la máxima casa de estudios y buscando un punto de acuerdo con los permisionarios sobre el caso del Morebús. Como que eso aflojaría en buena medida los posicionamientos radicales y abriría la posibilidad de instalar una mesa de discusión en relación a temas menores, sólo que no vemos de qué manera.

Se viene optando por la medición de fuerzas, o sea la búsqueda de mecanismos a fin de vencer al contrario y esto no llevará a conclusiones muy buenas que digamos, sobre todo en lo que a los intereses superiores de los ciudadanos se refiere.

Bueno, Vera decía que en los reclamos que se hacen no hay margen para negociaciones, simplemente se deben cumplir acuerdos derivados del plantón anterior y hasta agregaba que “seguramente que el único recurso que les queda será matarnos”, aspecto que nos parece ya extremo.

Y todo pareciera estar terminado ante tribunales legales, se mencionan denuncias de ambos lados ante la Procuraduría General de la República (PGR), que seguramente tendrá que ofrecer resultados al respecto, pero todo eso es muestra del encontronazo de trenes que venimos presenciando.

Por lo pronto, la posición del FAM es continuar con el plantón en el Centro Histórico, en una lucha de resistencia civil pacífica indefinida, por lo menos hasta que consideren que hay ofrecimientos del tamaño que se necesita. Y sobre su caso personal, Alejandro Vera sostuvo que el pasado 16 de los corrientes, ya por la tarde-noche, a través de uno de sus hombres de confianza, le hicieron llegar el mensaje de que sería detenido, sin que se conocieran las causas del presunto delito, lo que lo llevó a la solicitud de amparo.