Es incluso sorpresivo que voces que se han destacado por su insistente crítica al desempeño institucional, estén por lo menos concediendo el beneficio de la duda, con aquello de que -antes de festejar- habrá que demostrarlo en los hechos.
Y claro, más polémica ha generado la disculpa y petición de perdón del presidente de la República Enrique Peña Nieto a los mexicanos por errores cometidos durante su administración, como aquello de la adquisición del inmueble bautizado como la “Casablanca”. Y es natural el sobresalto, porque ciertamente ha sido una acción de humildad; difícilmente un mandatario nacional llega a reconocer que se equivocó.
Sin embargo, eso pudiera quedar ahí para el anecdotario histórico, porque el tema central y ante el cual debemos estar muy atentos a fin de que cobre realidad plena es en la aplicación del SNA, porque de llegar a tener algún efecto real, México estaría dándole la vuelta a una negra página que lo ha colocado en posiciones de vergüenza en el contexto internacional, apareciendo en los primeros lugares como corrupto
La falta de claridad con la que se ejerce el poder en México, incluyendo a la Federación, los estados y los municipios, muy en particular en lo relacionado al destino del dinero público, es causa de descontento generalizado. No es faltar a la verdad cuando se dice que al amparo del erario, “servidores públicos” y “representantes populares” logran enriquecerse en sólo un trienio. Gobernadores, quizás en un menor plazo.
Si la ley logra detener ese cáncer que lacera al país hoy día, la vida le cambiará a millones de mexicanos, porque a través de un documental en la materia, nos enterábamos de que la corrupción en nuestro país representa algo así como unos 700 mil millones de dólares. ¡Imagínese cuantas cosas se podrían hacer con ese monto en bien de la gente! Por lo menos habría pobres menos pobres.
Ya sabemos que las leyes no son retroactivas, sin embargo, otra excelente acción sería que se procediera con todo el rigor en contra de quienes se han excedido en sus facultades y funciones y continúan robándose el dinero del pueblo a manos llenas sin ningún pudor.
Si desde la Federación estás dispuestos a hacer correcciones de fondo, con mayor razón hay que aplicar la ley en estados y municipios, porque tela de donde cortar hay y demasiada; lo vemos todos los días, pero nadie parece darse cuenta.
Ahora bien, el fenómeno no se resuelve con una declaración o un discurso. Esto irá tomando forma una vez que los órganos y poderes superiores del gobierno hagan realidad el nombramiento de funcionarios desligados del régimen y de las cámaras en áreas de auditoría y vigilancia del uso del presupuesto.
Pero dichas reglas han de alcanzar, como decíamos, a entidades y ayuntamientos. Es decir, contralores y auditores deberán dejar de ser personajes incondicionales a los intereses de sus jefes, para que puedan desarrollar su trabajo sin atadura alguna y llamar a cuentas a quien sea. De lo contrario, estaríamos ante una farsa gubernamental.
Por lo pronto, el tema continúa ocupando espacios de privilegio en medios escritos, noticieros radiofónicos y televisivos de alcance nacional, porque lo vale. En la mayoría de comentarios y reflexiones se da cierto crédito, lo que nos lleva a pensar que algo trae de realidad. En medio de tantos hechos negativos que observamos todos los días, aparece uno positivo y en verdad esperamos que se lleve a los hechos, porque nos cambiaría en buena medida, el futuro para bien.
Se antoja un sueño el pensar que las cosas puedan cambiar positivamente de la noche a la mañana. Desde luego que habrá resistencias, porque los políticos traen una inercia, no de ayer, de décadas a la fecha y corregirlos no es cosa de niños.
Como que para que podamos ver avances es indispensable sustituir gran parte del capital humano que conduce las instituciones, en algunos casos, empezando por los mandos superiores, que son las manzanas podridas que pudren a las demás.
Imaginemos pensar que en adelante los cuerpos policiacos se conducirán con decencia y respeto, salvaguardarán ahora sí los derechos ciudadanos y dejarán de robar y extorsionar. La delincuencia será efectivamente combatida y terminará una larga historia de complicidades entre policías y ladrones, ¿no se le antoja un mundo ideal?
Ya no tendremos que pagar “mordidas” casi por todo, cualquier injusticia será reparada y aquellos que violen el estado de derecho, irán tras las rejas. Como ve, no es algo sencillo, el entorno en que hemos vivido por tanto tiempo se encuentra tan pervertido, que pareciera imposible de enderezar, pero se supone que esa en la finalidad del SNA y hay que darle un voto de confianza. Además no nos queda otro recurso, no tenemos ninguna posibilidad de influir, que no sea haciendo la parte que nos toca como ciudadanos: obrar en todo momento con honestidad, bondad y solidaridad con los demás.
Qué decir de las organizaciones sindicales. Ahí está buena parte del magisterio en una lucha que llega a extremos, y lo que traen en juego son fuertes intereses económicos más que educativos. Es una batalla por el control de espacios de poder que se dejaron vacíos por tanto tiempo y alguien los ocupó. Quitárselos está costando mucho, incluyendo una cuota de sangre.
Pero en mayor o menor medida, la absoluta mayoría de los conflictos e inconformidades que vemos por todos lados, ya sea en el país o en el estado, tienen que ver con hechos de corrupción, como incumplimientos de la autoridad ante sus gobernados u omisiones en el cumplimiento de responsabilidades.
Sin embargo, con que la ley logre menguar un poco el quehacer de quienes nos gobiernan, ya sería plausible. Claro, puede tratarse de una norma casi perfecta y no tener mayores efectos. No podemos negar que contamos con una de las constituciones más avanzadas en el mundo, sólo que quienes gobiernan no la respetan. Ojalá no sea el caso.
