Finalmente, el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, Vicente Loredo Méndez, pudo incluso eliminar observaciones que se habían considerado durante el proceso y de acuerdo con el dictamen, los recursos se aplicaron correctamente, pero la pregunta sigue siendo: ¿y dónde se ejercieron?, porque no existe por ningún lado alguna acción que se acerque un poco a tan significativo monto económico.
Ahora bien, ¿habrá alguien que sensatamente crea en dichos resultados?, consideramos que es muy difícil, al final ya sabíamos que el asunto concluiría de esa manera, porque existe una estructura muy bien armada con la única finalidad de maquillar cifras y esconder resultados para que legalmente no haya repercusiones, pero la percepción sigue siendo la misma, hay un saqueo tremendo de las arcas públicas de parte del gobierno de Graco Ramírez.
Lo perverso es que en este y muchos otros casos en los que se presume de desvíos millonarios, hay una cadena de complicidades que va permitiendo la comisión de delitos por todos lados, sin que institucionalmente exista la mínima posibilidad de llamar a cuentas a los involucrados.
Finalmente la historia deberá enjuiciarlos a todos, porque no es posible que se venga abusando de los morelenses con el acompañamiento de muchos que sí están obligados a defender nuestros derechos, porque son morelenses; los otros, luego que transcurra este desafortunado periodo de gobierno, es casi seguro que tendrán que salir casi por piernas, por el saqueo que han hecho, pero los demás deberán dar la cara.
Siempre dijimos que la instalación de Loredo Méndez al frente de la entidad de auditoría sólo tenía un propósito, cuidarle las espaldas al gobernador en todo lo que tiene relación con el ejercicio presupuestal, es decir, el dinero y ya desde aquel tiempo –hace dos años- se sabía a la perfección que lo necesitarían para encubrir responsabilidades.
El señor era empleado cercano de la actual diputada federal perredista y entonces local, Lucía Meza y por supuesto que el hombre está ahí por instrucción directa del Poder Ejecutivo y nos atrevemos a decir que su propio nombramiento demandó ya de la compra de conciencias de la legislatura local, no se puede interpretar de otra forma.
También hacíamos mención recientemente de que en sus respectivas comparecencias ante diputados, tanto del subsecretario de Ingresos, Jorge Michel Luna, como de la titular de Hacienda, Adriana Flores Garza, precisamente para aclarar algunas dudas sobre el crédito, a decir de Gerardo Becerra, de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, habían aceptado que utilizaron 300 millones de pesos para pago de salarios en el sector educativo.
Pues ya no aparece por ningún lado algo parecido en los resultados finales de esa auditoría, sólo que la Coordinadora mantiene en su poder una serie de elementos documentales y hasta grabaciones en los que les puede probar lo contrario.
De que hubo una descarada limpia de evidencias no cabe duda alguna, pero todo lo anterior es parte de la batalla por restarle sustento a la denuncia de juicio político en contra de Ramírez Garrido, porque entre los elementos que se han considerado como de gravedad, está la presunción del desvío de cientos de millones derivados del préstamo en referencia.
Y por cierto, algunos integrantes de la junta de gobierno del Instituto de Crédito para los trabajadores del gobierno y municipios, en donde se habla de un fraude escandaloso de la administración estatal, aseguran que independientemente de los préstamos para autos a funcionarios, de 100 millones autorizados para quien sabe qué, hay otros 60 millones más que dicen fueron para comprar impunidad en torno al juicio político.
¿Cómo es que saben algunos datos muy precisos sobre el caso?, lo desconocemos, pero incluso agregan que de esos 60 millones, la mayor parte se quedó en el Congreso local, pero que 20 millones se entregaron a un juez federal a fin de que le concediera el amparo a Graco Ramírez, ¿será tanto así?.
El asunto del juicio traía al mandatario bastante preocupado en torno al tema, se habían dado una serie de reuniones y reflexiones que dan fe de ello, uno de quienes participó de éstas decía a La Unión de Morelos que Graco, a sabiendas del control que tiene en el resto de los poderes, no quería que el Legislativo desechara con mayoría de sufragios el punto del juicio, porque quería que fuera por consenso, lo que al final sabemos que no ocurrió. ¿cómo la ve?, hasta se da lujos sobre el tema.
Pero hay que ser realistas. Los impulsores de la denuncia deberán recurrir a otras instancias de nivel superior, es decir, tribunales federales, para intentar que la orden venga de arriba hacia abajo.
Incluso habían declarado que se requería de una revisión muy cuidadosa de los resultados de la auditoría. sin embargo, si ya se oficializó que no existen irregularidades, entonces no debe significar que se olvide que el dinero no aparece.
Lo único que confirmamos a cada paso es que nos encontramos en un momento coyuntural de corrupción institucionalizada que no tiene parámetros en la historia del estado, pero de cuyos actos la sociedad se viene dando cuenta, por eso la condena crece a pesar de que oficialmente se sigan ocultando evidencias.
