Si bien hace unos seis meses se conformó la comisión ejecutiva a fin de seguir avanzando en la materia, es la fecha que no se da vida al fideicomiso, que de acuerdo a la Ley en esa materia, es la instancia competente para el manejo de los fondos presupuestales asignados.
La lista de espera de víctimas de la delincuencia en todos los sentidos es enorme y se siguen sumando diariamente y no obstante que ya existe personal cobrando en la nómina por ese concepto, una responsable de la comisión y hasta se pagan 60 mil pesos por la renta del inmueble donde se han instalado, el objetivo central de la lucha, que es ayudar a los familiares de cientos de personas en desgracia, no se concreta.
O sea, desde hace dos años nos cuesta a los morelenses la existencia de un organismo que no tiene razón de ser mientras esté impedido para poder cumplir con su responsabilidad y en ese contexto, como decía en su oportunidad el escritor Javier Sicilia, la ley es letra muerta.
Y mire que ha sido a base de presiones y luchas de parte de los afectados como se logró dar el primer paso, pero que en la práctica no sirve de nada, ante lagunas legales que no han sido subsanadas a fin de que se cumpla con el objetivo.
¿Cuánto tiempo más hay que esperar para que se atienda a los que con justa razón demandan ayuda?, no lo sabemos, pero pareciera que a quienes tienen la facultad y obligación de actuar no les interesa, no obstante que como decíamos, ya nos viene costando a los ciudadanos porque hay dinero autorizado.
Las inquietudes en torno el caso se multiplican, porque además, lo advertía Sicilia, el órgano es dependiente de la Secretaría de Gobierno del estado y entonces no contará con independencia financiera y de decisión para actuar, eso no le ha gustado a muchos.
Pero no pasa nada, a pesar de que la delincuencia continúa desatada y diariamente vemos cómo se incrementan los crímenes y también el dolor de las familias en desgracia. En mucho, son los poderes Ejecutivo y Legislativo los que tienen que generar las condiciones de legalidad para poder aterrizar el proyecto, para cuyo diseño se contrató a un experto a quien se le pagó una suma de unos cinco millones de pesos, como que es exagerado, de acuerdo a los resultados obtenidos a la fecha.
QUÉ DECIR DE LA FISCALÍA ANTI CORRUPCIÓN
Pero la Fiscalía Anti corrupción parece ser otro rollo similar, a cargo de quien fuera consejero jurídico del gobierno estatal, Juan Salazar Núñez; es una institución muerta por ahora, no se conoce de alguna intervención respecto al ámbito de su competencia.
Claro, en este caso se trata de una decisión del gobierno federal, los estados sólo tienen que alinearse y crear sus propias instancias, pero tampoco se le ve sentido, porque igual que la comisión de atención a víctimas, es dependiente de la administración pública estatal.
No obstante, dispone de presupuesto y tal vez por eso cada vez resulta menos productivo el sistema de gobierno en el país y los estados, la burocracia crece sin medida, mientras los recursos económicos vienen sufriendo constantes ajustes a la baja.
Como que algunas de las instituciones de reciente creación que tienen que ver con la necesidad de atender las consecuencias de la inseguridad y contener la corrupción, nacen como estrategia para contener los reclamos populares, pero tampoco se les ha concedido autonomía, es decir, son controladas por el propio gobierno.
Bueno, en el caso de la fiscalía anti corrupción ahora se menciona que se le dio cargo al presidente de la comisión respectiva, que sería Hugo Bello Ocampo, si es así pues la cadena sigue creciendo sin límite y no creemos que dichas posiciones sean de carácter honorífico.
Tal vez algunos recuerden que hace también años se aprobó la Ley de reparación de daños en vía pública, por parte del Estado. Es decir, que si por defectos en las calles, avenidas o carreteras usted sufría desperfectos en su auto, ya fuera el municipio correspondiente o el estado, de acuerdo al ámbito de competencia, tendría la obligación de repararle el daño, ¿Cuándo fue puesta en práctica?, nunca, pero ahí está y aprobada, ¡cómo la ve!.
El problema es que el costo administrativo del esquema gubernamental se multiplica inmisericordemente, el impuesto ciudadano es insuficiente para poder pagar a la burocracia, que además, en muchos casos como los antes referidos, no se traducen en efecto positivo alguno para los gobernados, es dinero tirado al vacío y sin sentido.
El país, los estados y los municipios están endeudados hasta el tope, los ingresos del fisco acaban sirviendo sólo para el pago de intereses y los pasivos continúan al alza, porque los funcionarios, gobernantes y representantes populares no sacrifican un peso, ellos ganan y muy bien, además de que lo que no obtienen vía nómina lo rascan de otros rubros, de todos modos cuando dejan los cargos se van bastante cargados como para no preocuparse durante años ¿y nosotros?.
Lo más prudente sería ya empezar a pensar en el adelgazamiento de esas pesadas estructuras humanas que nos asfixian y truncan las posibilidades de desarrollo, porque además, en buena medida, son agencia de colocaciones para quienes pertenecen a un partido o grupo en el poder y no tienen trabajo.
El sistema político gubernamental necesita una dura sacudida a fin de que vuelva a ser funcional, hay ejemplos en algunas naciones del mundo en las que la voluntad de los gobernantes ha podido cambiar el rumbo, pero acá no vemos por donde aparezca la primera señal de cordura. Por el contrario, aparecen por donde quiera aparatos oficiales que no resuelven nada y sí consumen erario, por eso las expectativas de desarrollo son menores cada vez. Al paso que vamos, terminaremos el año con en ceros, que ya sería ventaja.
