La exigencia de diversos grupos sociales, incluyendo a la comunidad universitaria, en el sentido de que se dé forma a la Ley de Participación Ciudadana con la integración del consejo ciudadano, pudiera llevar al levantamiento de una muchedumbre, ante la negativa de las instancias competentes, sustancialmente el Poder Legislativo, a proceder.

Una señal que generó preocupación entre aquellos que sólo piden dar solución a un derecho ciudadano, fue el hecho de que el recinto legislativo llevara, casi hasta el oscurecer, la sesión ordinaria que generalmente se desarrolla en el transcurso de la mañana cada miércoles.

Para los interesados, el mensaje fue que no hay la disponibilidad para avanzar en la materia y que en todo caso se intentará mutilar la ley en sus partes sustanciales o por lo menos en aquellas que signifiquen mayor riesgo en lo que tiene que ver con la revocación de mandato.

Claro, el espacio legislativo pasa por momentos críticos, hay una huelga instalada en los pasillos externos, grupos afines a la ex alcaldesa Gisela Mota Ocampo realizaron una marcha y gente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) anduvieron por ahí cerca para ver si se cumplía el compromiso de emitir la convocatoria para el famoso consejo.

Es decir, mucha agitación y quizá eso fue lo que aconsejó a los diputados modificar el horario de la sesión, pero como que fue muy coincidente, porque ya había un acuerdo con los universitarios respecto a que con fecha 17 de febrero, se tendría algo sólido en la materia.

Lo que se ha logrado saber a través de filtraciones desde algunos cubículos de los legisladores, es que existen posiciones encontradas entre algunos grupos parlamentarios. Hay unos que consideran una grosería aplicar modificaciones al texto original porque es el que concede más libertades, y los otros, que quizá con una indicación de Palacio de Gobierno, tratan a toda costa de suavizar su rudeza y hasta diseñar algunas estrategias para que se cuente con lagunas en el texto, a fin de que no pueda prosperar una eventual revocación del mandato en contra del gobernador Graco Ramírez.

Existe plena certeza de que una consulta ciudadana en torno a la permanencia o no del mandatario en turno sería catastrófica, los niveles de rechazo deben andar arriba del 80%, muy por encima de los momentos más críticos del ex gobernador Jorge Carrillo Olea.

En concreto, si por voluntad popular fuera, ya Ramírez Garrido se debería haber regresado a Tabasco desde hace un año o más, y eso es lo que se intenta impedir al precio que sea. Pero si eventualmente el Congreso intenta dar “atole con el dedo” a un frente ciudadano de considerables dimensiones que reclama cumplimiento en sus derechos sociales, pudiera despertarse la inconformidad en muchas trincheras.

Son ya rostros muy diversos los que acompañan y apuntalan la iniciativa, hablamos de sectores pensantes y preparados como los universitarios, de personajes con liderazgo probado en las comunidades y pueblos en el interior del estado, de grupos de profesionistas organizados en colegios, barras y consejos de abogados y engañarlos a todos con algún panfleto de ley, sólo llevaría a mayor animadversión. Así que por donde se le quiera ver, las aguas parecen bastante agitadas y no se descarta que se desborden.

Una cosa es ya innegable, la administración pública del estado ha perdido toda legitimidad, camina de espaldas al pueblo y entonces se vuelve una tarea de resistencia permanente, que debe ser hasta molesta para ambas partes: pueblo y gobierno.

El primero no quiere ya saber nada de sus gobernantes, pero ellos se aferran al ejercicio del poder por los placeres y beneficios que concede, aunque su desempeño gravite únicamente en el propósito de favorecer al pequeño grupo enquistado en la gubernatura y no tenga ya capacidad para ofrecer alguna respuesta a las sentidas necesidades del pueblo.

A medida que se le acotan los espacios de maniobrabilidad, va siendo menor su rendimiento y pierde sentido. Los recursos públicos que se les han venido confiando son dilapidados en trivialidades y sospechosas acciones de corrupción, mientras que el estado se va perdiendo en el rezago, la marginación y la pobreza.

Entre funcionarios, el mundo en su entorno es color de rosa y en efecto consideran que son lo mejor que le ha pasado a los morelenses, la economía va viento en popa, la inseguridad es casi cosa del pasado, así veamos dos o tres crímenes diarios, el desempleo no existe y acaso en índices insignificantes. Es decir, no pasa nada, los gritones son sujetos que se niegan a ver la realidad oficial.

Pero en el otro lado la visión es totalmente contraria, a pesar de los miles de millones de pesos que se siguen invirtiendo en infraestructura de seguridad, los resultados son irrisorios, los niveles de empobrecimiento crecen, Morelos viene a la baja en desarrollo, los capitales que ofrecen empleo formal y remunerado se están yendo por la inseguridad. La población espera ansiosamente que este infierno ya termine para intentar algo mejor, pero el grupo de redentores simplemente amenaza con que se quedarán ahí, a seguir sangrando el erario público hasta el 2018.

La Ley de Participación Ciudadana sería un instrumento muy útil para obligar a las autoridades a ofrecer mayores resultados, en el entendido de que, de no hacerlo, correrían el riesgo de ser depuestos en sus respectivos cargos y desde luego que no están dispuestos a poner en peligro los privilegios.

Por eso se anticipa que aun a sabiendas de que provocarán el enojo de miles de ciudadanos, no responderán a los reclamos, aunque eso represente una flagrante violación al derecho colectivo. No se descarta pues que miles de quejosos salgan a las calles para intentar, por la vía de la presión, forzar una ley que se impulsó hace 16 años, pero que fue congelada por las mismas razones que aquí estamos esgrimiendo: intereses de grupos de poder que han monopolizado el control del ejercicio público gubernamental. Hoy se reclama por lo menos el derecho a evaluar, pero todo indica que no hay manera.