Desde la existencia de la Procuraduría General de Justicia hasta la hoy Fiscalía General de Justicia se sigue apreciando una serie de irregularidades, errores y acciones que rayan incluso en delitos adicionales, cometidos por ciertos agentes del Ministerio Público, peritos y demás personal que interviene en el caso de la comisión de un delito.

Lo decimos porque el fiscal Javier Pérez Durón entrevistado ayer admitía la posibilidad de que sus pupilos hubieran cometido robo de evidencias, durante el trabajo de inspección que se hizo en el caso del asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo.

Y ya se deben tener antecedentes importantes, porque el propio jefe policiaco acabó señalando que para prevenir estas cosas hay quien los revisa al entrar y también al salir. Eso también significaría que en el caso referido no se desarrolló esa tarea, de otra manera no se les habría permitido tal atrocidad.

Pero ¿a que lleva todo esto?, acorde con algunos abogados simplemente se generan desde ahí las condiciones para que los responsables del delito puedan encontrar elementos y razones a fin de evadir el peso de la justicia y eso es imperdonable, ¿no le parece?

El señor no negó que en lo referente a Mota Ocampo se cometieran estas aberraciones y entonces el proceso estaría torciendo el camino por acción de la misma Fiscalía, que parece, sigue mostrando que desde el interior hay una terrible descomposición.

Eso sí, ya en el evento al que asistió se ponderó el esfuerzo, la inversión y los “avances” en lo que se refiere al  nuevo sistema de justicia alternativa. Sin embargo, lo expresado por Pérez Durón daba fe del por qué seguimos enredados en una complicada telaraña que impide dejar atrás los vicios y la corrupción por todos lados.

Pero esta clase de hechos, confiaba un agente de la propia fiscalía, ni siquiera es derivado de la compra de consciencias de parte de los malhechores a fin de lograr impunidad, es la proclividad por el hurto, así de simple y eso en vergonzoso.

Si los “servidores públicos” que deben impartir justicia son unos ladrones y delincuentes, ¿entonces cómo vamos a prosperar? Y ya todo lo demás que se diga es simple demagogia barata que raya en el absurdo. Pero además si el fiscal admite que estas cosas se dan por parte de sus muchachos, ¿por qué no actúa contra ellos?

Y eso indica que no hay confianza mutua entre jefes y subalternos, por eso la queja en el sentido de que los expedientes que llegan al Poder Judicial a fin de darle seguimiento a los procesos vienen mal integrados, con lagunas legales y vacíos de contenidos en pruebas, facilitando a la defensa legal de los presuntos involucrados en cada caso que éstos puedan salir en libertad con suma facilidad.

Todo esto solo prueba entonces que la corrupción sigue siendo la principal característica de algunas instituciones del gobierno estatal y mientras no exista voluntad superior para sanearlas, ningún esfuerzo adicional tendrá sentido.

Sin embargo, donde no pareciera existir fuerza capaz de corregir toda clase de mañas es a nivel de corporaciones policiacas. Tampoco se puede generalizar, debe haber elementos honorables y honestos, no todo puede estar podrido, pero es una constante el que cuando se detiene a algún ciudadano por los motivos que sean, lo primero que hacen es registrarle los bolsillos para llevarse el dinero que traiga, también el celular o anillos y cadenas de valor.

Por eso lo común de un policía ministerial, por ejemplo, es portar gruesas cadenas de oro, relojes finos y todo tipo de joyas que de ninguna manera adquirieron en forma legal, es parte del “botín de guerra”, le llaman ellos mismos y les parece ya de lo más natural y ¿no me diga que sus jefes  no lo saben?

También la mayoría de los mandos medios y superiores en ese argot están en complicidad y es conocido que fijan a sus súbditos cuotas económicas, aunque lo anterior es común también en las corporaciones de tránsito, aquí los cruceros tienen un precio, traer una patrulla otro, igual una moto, los agentes deben pagar por todo ello.

Pero ateniéndonos a la versión oficial, en Morelos vivimos en un paraíso, somos ejemplo a nivel nacional en lo que corresponde a avances en la impartición de justicia, la delincuencia casi está extinta y aquellos que se atrevan a decir lo contrario son tachados como parte de la delincuencia o enemigos del gobierno, la “verdad absoluta” la tienen las autoridades.

Y el flamante comisionado estatal de seguridad Jesús Alberto Capella Ibarra ahora dicta conferencias a juristas e investigadores, en instituciones educativas de la Ciudad de México, a las que asegura que el Mando Único es la panacea, ¡fíjese nada más! ¿Cuánto le costará a los morelenses este tipo de chistecitos?, ojalá que ese auditorio se tomara la molestia de venir a preguntarle a nuestro pueblo qué es lo que piensa de tal modelo policiaco, se irían de espaldas.

Sin embargo, eso ha sido una constante de los tres años y meses de la actual administración, porque casi desde el principio, gobierno y pueblo tomaron rutas diferentes. Los primeros empezaron a perder el piso, a sufrir mareos por el ejercicio del poder público; mientras los otros veían cómo las promesas y proyectos de campaña iban quedándose en el escritorio, la marginación y pobreza, por el desempleo a falta de inversión, causando estragos al interior de la sociedad.

Unos haciendo negocio de todo, los ciudadanos protestando por todo tipo de agresiones, persecuciones y menosprecio de aquellos que habían ofrecido un mundo mejor. En concreto, un divorcio total que llega al extremo, porque hay dos visiones, la gubernamental y la popular, respecto al estado de cosas.