Sin embargo, todo indica que los objetivos buscados no lograron el efecto deseado, porque más bien, ambos conflictos se le salieron de las manos a la administración local y son parte de la polémica en Morelos y fuera de aquí. Para acabar pronto, se intentó distraer a la opinión pública, pero se alimentó otra crisis que no ha sido menor.

Los dos asuntos son materia de análisis más allá de las esferas locales y a nuestras autoridades no les está yendo muy bien en ese rejuego que digamos. Si bien es cierto que en lo correspondiente a la posición de algunas esferas de gobierno, como el federal, se aprecia cierto respaldo y cobijo al mandatario local, también lo es el hecho de que connotados juristas y expertos en derecho han dejado constancia plena de que los decretos que impusieron el Mando Único en 15 alcaldías son anticonstitucionales y con cualquier controversia, como la interpuesta por el edil de Tlaquiltenango ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), podrán echarse abajo.

Y esos personajes no son unos principiantes, saben muy bien lo que dicen y para que sostengan que se cometió una flagrante violación, es porque lo respaldan con las normas constitucionales correspondientes. Para acabar pronto, en este tema del modelo policiaco, sólo las instancias públicas en complicidad se ayudan y oxigenan mutuamente, pero el derecho y la vox populi los pone fuera de combate.

Y por lo que toca al crimen de Gisela Mota, la presión no es menor, el senador Fidel Demédicis logró que buena parte de sus compañeros en esa cámara alta, agregaran a su agenda el tema Morelos y la resonancia amenaza con llegar a escalas de graves consecuencias para los involucrados.

Igual y con la intervención de la Federación –ya el gobernador se reunió con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación- se logra vencer la peligrosa inercia, pero los efectos en materia política son seguramente desastrosos.

Y para los políticos, enfrentar consecuencias en ese terreno, es más preocupante que otros factores, porque simplemente los condena ante la ciudadanía, como pasó con el caso de Jorge Carrillo Olea. Legalmente no le pudieron cuadrar nada, pero el hombre está fuera de toda posibilidad de participar alguna vez en política.

En el aspecto electoral, a menos que un milagro pudiera ocurrir, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) está fuera de combate para las elecciones –donde ya incluye la gubernatura- del 2018, la opinión social respecto a la actual administración es incluso de una condena exagerada, si de diez opiniones al azar dos son favorables, ya es una ganancia.

Y ya no estamos tan lejos de que comience la agitación preelectoral, así como vamos, es más fácil que el ambiente se complique todavía más a que se mejore, sobre todo, porque desde el mismo interior del partido inicia la confrontación, la mayor parte de los perredistas están sumados a la crítica y descalificación.

Lo hemos dicho también muchas ocasiones, el PRD trabajó afanosamente durante muchos años para poder apoderarse del corredor sur del país, desde el Distrito Federal, pasando por Morelos y Guerrero, además de incluir a Michoacán.

No se cumplían aún los tres años de de haberlo logrado, cuando pasó lo de Ayotzinapa en Iguala y el sueño se frustró, la renuncia del ahora ex gobernador Ángel Aguirre Rivero fue el comienzo de la regresión. Guerrero ya está de nuevo en las manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quizás no sea el tricolor el que regrese al mando en el estado a partir del 2018, porque tampoco se le ve muy fuertes, pero los amarillos se antojan reventados desde ahora.

Los efectos de acciones equivocadas como en el caso de la imposición del Mando Único u omisiones de responsabilidad, como las que se señalan en lo referente al asesinato de la alcaldesa, son demoledores y aún no valoramos cabalmente sus alcances, hay que esperar a que vuelva la calma para poder hacerlo.

Todavía recordamos aquel conflicto que enfrentó en la pasada administración de Marco Adame Castillo, primero con la represión contra manifestantes de los 13 pueblos de la parte sur de la entidad y luego por el paro magisterial del 2008.

Aquí decíamos en esos tiempos, que con base a la opinión pública que percibíamos, el Partido Acción Nacional (PAN) no tenía nada que hacer en la justa electoral del 2009, no nos equivocamos, los azules recibieron una masacre tamaño diablo de la que no se han podido recuperar. Pues ahora vemos mucho más preocupante el ambiente en torno al sol azteca.

Cambiar la percepción popular tampoco podría ser imposible, sin embargo, se requeriría de un cambio radical en el modo de gobernar de nuestras autoridades, pero ante condiciones similares en otras épocas no hemos visto nunca que un gobernante lo haga, es menester de mucha humildad y sensibilidad política.

Para comenzar, habría que decirle adiós a un personaje que es parte fundamental del conflicto en el tema del Mando Único, Jesús Alberto Capella, y motivos para renunciarlo hay de sobra. El solo hecho de que se atreviera a instalarse en la Secretaría de Seguridad Pública capitalina a base de metralletas y patadas, es suficiente.

Pero no sería lo único, se requeriría reconocer los errores, incluso pedir perdón por ellos y buscar la reconciliación con los morelenses –porque están divididos y enfrentados- y claro, eficientar resultados que no vemos por ningún lado y tal vez de esa manera, las ofensas empezarían a perdonarse y olvidarse, pero ¿hay posibilidades de que eso ocurra?