Las legalmente responsables de la descomposición son las mismas autoridades, que dan sobrada fe de su incapacidad, a pesar de que consumen cientos de millones de pesos de presupuesto en tareas que poco o nada benefician a los ciudadanos, no se diga en seguridad.
Los grados de desconfianza social –quizás más que en tiempos de Jorge Carrillo Olea- hacia sus gobernantes son históricos y de ello dio cuenta ayer un medio informativo nacional que conforme a una encuesta desarrollada en la entidad, refería que “más del 63.8 de los morelenses se siente inseguros”.
Pero ojo, la consulta fue hecha antes de todo el clima de inseguridad y el escándalo por el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo; o sea, que a estas alturas, se queda corta, debe andar ya por encima del 70% y eso si nos va bien.
Como en las situaciones de mayor crisis, el pueblo camina por un lado, el gobierno en sentido contrario, porque mientras la absoluta mayoría de la opinión pública percibe que andamos de cabeza, el comisionado de Seguridad Pública y vocero en esa materia de la administración estatal afirma que la delincuencia ha bajado sustancialmente, ¿alguien, fuera del grupo de corifeos que tiene le creerá?, nosotros consideramos que no.
Y considerando esta situación, se tendría que pensar seriamente en corregir algunos errores o de lo contrario ese enfriamiento entre gobernados y gobernantes llegará a una crisis mayor y lo menos que debiera ocurrir, es que le dieran las gracias –claro, aquellos a quienes benefició- al tijuanense Jesús Alberto Capella a fin de buscar una recomposición, pero ya sabemos que no pasará nada, para qué hacerse ilusiones.
Y fíjese lo que son las cosas, todo lo que está pasando, tanto en torno al crimen, como a las diferencias con el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, sí ha cimbrado a lo más alto del gobierno morelense, hay señales inequívocas que así lo muestran.
En esta tarea informativa ya nos ha tocado vivir algunas crisis gubernamentales y cuando las cosas se ponen difíciles, los gobernadores acuden al apoyo, ya sea de la Presidencia de la república, del partido o de figuras con cierto poder en el ámbito nacional.
Pues eso ya está pasando, por eso levantaron la voz gobernadores perredistas, incluyendo al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera y el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Basave Benítez, ofreciendo todo su apoyo al mandatario morelense.
Pero como las cosas están tan críticas, hasta al interior del mismo PRD hay quienes van en sentido contrario. El senador Fidel Demédicis Hidalgo consideró imprudentes esos “apoyos”, porque aseguró que “nos encontramos en un conflicto tan delicado, como ocurrió con el gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, así que lo mejor sería más bien acelerar su salida”.
Hay una expresión que suelen aplicar aquellos políticos de sabiduría, experiencia y compromiso, en el sentido de que el pueblo puede equivocarse y volver a corregir, aunque tenga que pagar sus errores, ¿por qué entonces se le imponen decisiones como en el caso del Mando Único?.
Está bastante claro que el rechazo a ese modelo de seguridad es absoluto y en mucho, a ello se debe la posición de repudio ciudadano hacia las instituciones estatales. Pero la voz soberana sólo se da en un entorno de democracia y libertades, que parece, hemos dejado de vivir en la entidad desde hace un rato.
Se niega pues desde la parte oficial que estemos en medio de una crisis de inseguridad y hasta de gobernabilidad, pero sólo en un estado de excepción pueden estar pasando todas estas cosas, ¿no le parece? Y si es así, el gobierno federal debería aplicarle la misma dosis que aquí se aplica a Cuernavaca, es decir que las fuerzas federales de seguridad tomen por asalto a las estatales y asuman el control total, por incapacidad o complicidad con la delincuencia.
En tiempos como el actual, siempre pondremos como ejemplo de la sabiduría, prudencia y capacidad, a Lauro Ortega Martínez, que supo conducir una de las administraciones más cercanas al pueblo, porque en la medida de lo posible, se ajustó a la voluntad colectiva, por eso hasta hoy sigue siendo considerado el mejor ex gobernador.
Quien lo diría, como entidad, somos la segunda más pequeña luego de Tlaxcala, por eso en cuestiones electorales nuestro estado suele ser un cero a la izquierda. Sin embargo, en cosas de escándalo, corrupción e inseguridad estamos en los primeros lugares del mundo. Ya para que dos organismos de la Organización de las Naciones Unidas estén solicitando al gobierno mexicano, es decir al presidente Enrique Peña Nieto que intervenga, a fin de que se investigue de fondo el crimen de Mota Ocampo, es porque se trata de un caso significativo.
La falta de sensibilidad política, el poner oídos sordos al sentir popular y el desprecio al reclamo de las mayorías, es lo que de nuevo nos lleva a un ambiente de indefinición que ya mereciera que los otros dos poderes, Legislativo y Judicial, dieran muestras de solidaridad con los gobernados, pero no vemos nada.
Pero también somos testigos de que cuando no hay capacidad para obrar con la razón, el respeto y la civilidad, los gobiernos echan mano de la fuerza policiaca, lo vimos con el caso de la Secretaría de Seguridad Pública municipal en Cuernavaca, de cuya dependencia se apoderó Capella a base de la agresión y el atropello más vil. El estado de derecho se encuentra avasallado por la barbarie policiaca encabezada por el comisionado y eso es materia de indignación y enojo, no hay duda.
