Ayer, acompañados por la presidenta de la Asociación Civil Causa Común, María Elena Moreira, los voceros en materia informativa del nuevo sistema penal adversarial Roberto Soto Castor y Salvador Guerrero Chiprés ofrecieron una rueda de prensa, el grueso de las interrogantes osciló en torno al tema.

En la mayoría de ellas, fue precisamente Moreira quien debió hacer algunas precisiones y suavizar el tono de voz, porque alguno de sus acompañantes, cuando se vio rebasado por las evidencias en cuanto a irregularidades se refiere, respondía irónica y sarcásticamente.

La información que existe sobre este tema en particular, procedente de fuentes independientes a la autoridad, desmiente en buena parte las aseveraciones.

Reiteramos, un abogado decía que “no puede la administración pública estatal afirmar que esa fosa es legal, porque así sea gobierno municipal, estatal o federal para poder contar con la autorización de un cementerio se tienen que cubrir todo tipo de requisitos, igual que un particular”, y la verdad es que no hay tales antecedentes.

Pero algo que se reiteró mucho ayer, si todo está en regla ¿por qué no han mostrado a los medios informativos la documentación correspondiente a cada uno de esos 150 cuerpos encontrados en la fosa?, aunque ellos dicen que son menos.

Se intentó la excusa de que sólo en un caso de los cadáveres encontrados ha sido objeto de denuncia y que en el resto no hay nada al respecto, pero la propia presidenta de Causa Común reviró diciendo: “En ese sentido tampoco podemos desconocer que aunque no existan denuncias, los cuerpos ahí están”, interpretando que esos casos se siguen de oficio, no se requiere denuncia formal, el Estado está obligado a aclararlos.

Guerrero Chiprés aseguraba al respecto: “Ya parte de esa información se publicó en un periódico”. También dijo que la secrecía que rodea a las investigaciones impide en este momento proprocionar más información, pero que la misma fluirá conforme a los tiempos marcados por la ley.

El propio fiscal general de justicia Javier Pérez Durón es otro de los que ha intentado lavarse las manos sobre el asunto, es decir señalando que acaba de llegar a la Fiscalía y por lo tanto desconoce de fondo las cosas. 

No es así, uno de los compañeros que lleva buen tiempo cubriendo informativamente a la dependencia, recuerda que Durón se desempeñaba como director administrativo y le tocó atender precisamente el tema de las fosas, entonces como que nos encontramos en el juego del “gato y el ratón”.

María Elena Moreira fue invitada para que le diera mayor contundencia al tema relacionado a la justicia alternativa, incluso consideró que en su oportunidad, una vez que esté consolidado, mostrará sus bondades, que tiene tres o cuatro aspectos más positivos que el viejo sistema y que necesariamente recobrará confianza ciudadana. Pero cuando le hicieron saber que en temas como el de la fosa o el Mando Único hay elementos para afirmar que las mismas autoridades engañan a la sociedad, acabó recordando que el elemento primordial para lograr éxito, en el caso del modelo policiaco es contar con una policía bien capacitada y preparada, de otra forma no se avanzará.

Y es que durante la conferencia, ella fue tomando nota de una serie de señalamientos planteados por los compañeros y ante los cuales los voceros reaccionaron incorrectamente, como aquello de que hay pruebas de actos de corrupción de una juez local y nadie ha procedido en contra de ella. Al respecto, Moreira dijo que “ya en dos ocasiones le pedimos al gobernador actuar al respecto”.

Bueno, la discusión –porque más pareció eso al final- llegó hasta el terreno de la controversia que viven el edil electo de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y el comisionado estatal de seguridad Jesús Alberto Capella Ibarra. El primero, en su postura de no renovar el convenio de Mando Único policiaco; y el segundo, amenazando con retirarle recursos, armas y policías a los municipios que no se sumen.

Ella destacó que en torno a lo anterior, Blanco Bravo debería empezar a explicar cómo formará a sus cuerpos policiacos para garantizar seguridad a sus gobernados; y en lo que respecta a Capella, recordó que “el señor no puede andar amenazándolos con que les quitará el dinero porque los recursos no son suyos, por el contrario, corresponden a las alcaldías”.

Bueno, algo que los voceros no rebatieron, es la afirmación de uno de nuestros compañeros en el sentido de que “no encuentran la forma de salir del problema, sabemos que se viene intentando comprar conciencias de algunos integrantes del Poder Judicial y de la Fiscalía, a fin de que validen la integración de supuestos expedientes”.

Mal andan las cosas en esa materia, cada vez parece más claro que la mayoría de quienes fueron depositados en esa fosa no se registraron y carecen de expedientes, los tiraron ahí como si fueran animales, o algo peor, y esa es una grave omisión que no pueden resolver ahora las instituciones estatales relacionadas con el asunto. Por lo menos, ayer se ofreció casi un espectáculo del que dio fe María Elena Moreira.