En realidad, quien por diferencias e intereses políticos decidió cesar del cargo a don Jorge, fue el entonces presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León y para tal efecto echó a caminar una estrategia que aterrizó aquel 15 de mayo de 1998.
Ese día, JCO oficializó la determinación, con la solicitud de licencia enviada al recinto legislativo local en la que decía entre otras cosas, “me dirijo a esa respetada soberanía con el propósito de solicitar licencia, por un plazo indefinido, al cargo de gobernador del estado para el que fui electo…”
Y a partir de aquel entonces, con dicho antecedente, en cada sexenio aparece la intención de quienes no comulgan con las políticas aplicadas por los mandatarios en turno, de intentar sentarlos en la silla de los acusados, pero sin éxito, reiteramos, porque las condiciones no son las mismas.
Sergio Estrada Cajigal, en el periodo 2000-2006, estuvo muy cerca de ser enjuiciado, lo involucraron en actos de complicidad con la delincuencia organizada y a pesar de que la presidencia de la República venía siendo manejada por el Partido Acción Nacional (PAN), plataforma que llevó a SECR a la gubernatura, se debió desarrollar un gran esfuerzo para mantenerlo al frente de las instituciones morelenses.
Bueno, por instrucciones superiores y a fin de evitar la catástrofe, lo obligaron a entregar a uno de sus colaboradores más cercanos, quien fuera Secretario de Gobierno, Eduardo Becerra , y a su jefe policiaco, José Agustín Montiel López. Sólo de esa manera evitó la guillotina, pero reiteramos, contaba con el apoyo presidencial, don Jorge lo tenía en contra.
Marco Antonio Adame Castillo tampoco escapó a este tipo de embestidas; pudo más o menos sortear algunos intentos de sus adversarios políticos con control en el recinto legislativo, pero fueron los maestros, en aquel 2008, los que con su paro laboral lo obligaron a presentar su licencia ante la Secretaría de Gobernación.
Hace unos días, un político, a quien le tocó participar decididamente en aquel movimiento, revelaba que “dos o tres estuvimos presentes cuando MAC presentó su renuncia ante el titular de la SG, pero esto le pidió que aguantara e instruyó a un grupo de operadores con el compromiso de que se encargarían de bajar el nivel de la presión”. Debió pagar una interesante factura: fue el SNTE, Sección 19, el que se hizo cargo directamente del IEBEM por un largo tiempo, las autoridades estatales educativas estaban ahí de decoración.
Nuevamente, la solicitud de licencia se congeló debido a la intervención de la Federación a su favor, que no era el caso de Jorge Carrillo en aquel fatídico 1998 para él. Por eso reiteramos, se puede tener en contra a la mayoría absoluta de los gobernados, pero si el gobierno federal no está en la misma sintonía, no pasa nada.
Y en el caso que nos ocupa actualmente, hay grupos que hace rato generan presión en el Congreso en torno al inicio de un juicio político al gobernador en turno, pero ¿cuál es la relación de éste con el poder central? Todas las señales llevan a concluir que es buena y hasta de apoyo, no obstante que viene de un partido de oposición al PRI. Por lo tanto, nuestra conclusión es que no pasará nada; si acaso, un mayor desgaste político y de imagen.
Ya antes del sexenio de JCO, en el contexto nacional, hubo diversas renuncias de gobernadores, pero bajo la misma tónica, diferencias con el poder presidencial o para poder apagar el fuego en casos extremos de inconformidad social.
Recordamos aquel cese del mandatario de Jalisco, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se registraron explosiones en Guadalajara, atribuidas a omisiones de la autoridad. El enojo colectivo era sin precedentes y no había otra salida que sacrificar al gobernador, por eso se dio.
Pero en cada caso donde se debió llegar a la solicitud de licencia del jefe del poder ejecutivo estatal, como en el caso de Guerrero, con Ángel Aguirre Rivero, fue por motivos muy concretos y graves y luego de la decisión de la presidencia de la República.
Es decir, luego de que el ciudadano, con su voto, valida la elección de alguien, llámese presidente municipal, gobernador o presidente del país, es casi imposible que logre revocarle el mandato. Si la instancia superior no está de acuerdo, requerirá de demasiada presión para obligar a cambiar la determinación, y en lo que toca a nuestro estado hoy día, no se ve indicio alguno de ruptura de palacio nacional con el palacio de Gobierno de Morelos. Por el contrario, han ayudado a resolver ciertas dificultades.
