Morelos viene sufriendo un desmantelamiento gradual de sus activos productivos en el aspecto rural, porque en contraparte la mancha urbana sigue absorbiendo los espacios más codiciados, ya sea para la edificación de grandes unidades habitacionales o por la construcción de suntuosas residencias de fin de semana.
Las causas de la venta de tierras ejidales y comunales son muchas, una de ellas, porque los campesinos carecen de los recursos suficientes para pensar en cosechas abundantes y de buena calidad, independientemente de que, una vez en el mercado les pagan una miseria por los productos, pues siguen siendo los intermediarios o “coyotes” quienes se llevan las ganancias.
Pero si las cosas estaban difíciles, aparecen más complicadas hacia el 2016, con esa caída presupuestal que advierte la eliminación de unos 100 programas relacionados con el apoyo al campo y para colmo, suelen ser los más marginados quienes se quedan sin nada.
Ante ello, líderes de diversas organizaciones de corte rural vienen poniéndose de acuerdo a fin de salir a las calles a protestar y presionar para que no les peguen tan duro, y en ese sentido el dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), Humberto Sandoval Zamora, dijo que el Congreso Agrario Permanente (CAP) con otros grupos independientes iniciarán en la semana movilizaciones, marchas –incluso a la ciudad de México- y toma de dependencias del sector para reclamar a las autoridades correspondientes.
En primera instancia pedirán al congreso local la instalación de una mesa para abordar el tema, en la que estén presentes los representantes de instancias de gobierno estatal y federal, miembros de la Comisión de Hacienda del recinto legislativo local y desde luego, los quejosos.
No es para menos, la reducción que estarían enfrentando los lleva a condiciones realmente preocupantes, y sin tanto rollo, lo anterior se estaría reflejando en un descenso del nivel de productividad del campo morelense, ya en sí, severamente lastimado.
El país y el estado perdieron la suficiencia alimentaria hace bastante tiempo, seguramente las épocas de bonanza del sector se dieron a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, en la década de los treinta del siglo anterior. Aún en comunidades como Xoxocotla se le identifica como el “tata”, una expresión que refleja el gran aprecio que los hombres del campo le siguen profesando a pesar de que han transcurrido más de 80 años de aquella administración federal.
Todavía hoy en nuestro estado, buena parte de las estructuras de riego corresponden a la magna obra del general, los famosos canales fueron obra suya, pero a partir de ahí se le apostó a la industria y manufactura, y el campesino fue relegado.
Pero como decíamos, al paso de los años la tierra se ha orientado hacia la industria de la construcción, hay muchos pueblos en los que el ejido es simbólico y se reduce a unas cuantas hectáreas de cultivo, porque parcelas completas han sido prácticamente regaladas por sus posesionarios, que en su desesperación buscan resolver sus necesidades económicas con unos cuantos pesos, pasando de campesinos a empleados del nuevo patrón y con la complacencia o responsabilidad de las autoridades.
SMyT: ¡qué dilema!
Y en lo que toca a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), el escenario presenta un verdadero dilema, hay redes de corrupción de mayor alcance del que pensábamos. Es decir, no queda en algunos delegados regionales, desde las oficinas centrales hay contactos para los negocios.
Primeramente le recordaremos que entre los copartícipes de un jugoso negocio con la regularización de vehículos, está el delegado de Jonacatepec, Eduardo Baca Osorio. Él es hijo de quien fuera subsecretario de Seguridad Pública, bajo el mando de Luis Ángel Cabeza de Baca, hoy recluido en un penal por delitos contra la salud. Y Baca Osorio en aquel tiempo era comandante de un grupo de motociclistas denominado “jaguares”.
Pues hoy, conjuntamente con el delegado en Xochitepec, Jesús María Mejía, y el encargado de Sistemas de la SMyT, Jorge Becerril Caballero, vienen dando de alta unidades con problemas de pagos atrasados, mediante formatos falsos. Es decir, si usted tiene un auto del que no ha pagado derechos desde hace años, pues acérquese a ellos, le resolverán el asunto con una lana, mediante facturas que podrán registrarse como realizadas en otras entidades, pero que si lo busca allá no encontrará nada.
Sólo le daremos algunos ejemplos de regularizaciones bajo estos métodos falsos. El Chevy 2003 con factura 07964, cuyos pagos se hicieron en el Distrito Federal. Otro, la unidad NK86317 1990, Dina, pagado en Salvador Escalante, municipio michoacano, mejor conocido como Santa Clara del Cobre. Uno más, un Honda 2014, placas 847UPS, presuntamente pagada también en el Distrito Federal. Y podríamos continuar con esa lista, porque son muchos, pero basta con esos ejemplos.
Y ¿cómo identifica de entrada la irregularidad?, como sabrá, para que aquí le den de alta un auto, supuestamente procedente de otra entidad, además de estar al corriente de tenencias, debe traer las constancias de su baja y ninguno de los que le enumeramos las tiene.
Y si hay alguna duda, solicitaríamos a la Contraloría General del estado, que por fin haga algo, que verifique en aquellas entidades donde se señala que se pagaron las tenencias atrasadas de los automotores y confirmará que no hay tal, porque los formatos son copias de documentos reales, pero cuyos datos son alterados. Claro, con una estadía al frente de la SMyT de unas cuantas semanas, Jorge Messeguer Guillén seguramente desconoce la existencia de dichas redes de corrupción, sin embargo, también sería bueno que comenzara a investigar a esos tres, Baca Osorio, Mejía Sánchez y Becerril Caballero, seguramente que al jalar la hebra saldrán muchos más implicados
