Radiografia del Poder

1968-2014, las protestas

Seguridad, preocupación generalizada

Han transcurrido 47 años desde aquella fecha desafortunada, cuando fuerzas públicas arremetieron en contra de manifestantes, la mayoría estudiantes universitarios, y las expresiones de enojo colectivo, sobre todo en el sector juvenil, se siguen dejando ver en las calles de la mayoría de los estados del país, ayer no fue diferente, sin embargo, ya con otros acontecimientos de injusticia que repudiar.

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 Sí, en Cuernavaca se registraron marchas, manifestaciones y protestas en remembranza de aquellos hechos, pero también para reclamar justicia en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, cuyo hecho acaba de cumplir un año.

Al transcurrir de las décadas -ya vamos para cinco en lo que toca al suceso de 1968- las instancias gubernamentales no han logrado justificar ante los ojos ciudadanos el porqué de hechos como este que muestran intolerancia y autoritarismo del régimen frente a quienes opinan diferente o expresan su inconformidad por políticas oficiales que consideran inapropiadas.

Es además oportuno hablar del tema porque los analistas, estudiosos en la materia y observadores, con razonamientos y elementos, han sostenido que aquellos acontecimientos significaron para México, un antes y un después.

Es decir, que el impacto provocado por dicha masacre, tanto a nivel nacional como internacional, sembró la semilla del cambio, obligó a las instituciones gubernamentales a moderar sus actos y a aflojar las censuras, sobre todo en los medios de información, a conceder mayores libertades y a ser más tolerantes.

Todo lo anterior, ya en su conjunto, alimentó el florecimiento de la pluralidad política y llevó a mayores equilibrios, así fuera de una manera gradual y hasta lenta, pero que finalmente empujó hacia la alternancia en el ejercicio del poder público, permitiendo que un partido político, distinto al Revolucionario Institucional (PRI), llegara a la presidencia de la república, como ocurrió con Acción Nacional (PAN) en el 2000.

Desde luego que el costo es muy alto, hasta hoy y luego de 47 años, nadie sabe con exactitud cuántas fueron las víctimas, sólo que eran demasiadas, pero aquello transformó los escenarios nacionales, particularmente en política y se fueron abriendo los espacios, la libertad de expresión, hasta llegar incluso al escarnio, porque ya figuras políticas sagradas a las cuales era imposible cuestionar, como la figura presidencial, hoy día es objeto de todo tipo de señalamientos.

O sea, las protestas públicas y recordatorios a las autoridades en  turno, en el sentido de que ese tipo de injusticias no deben repetirse, sirven de mucho, obligan a que procedan con mayor mesura y cuidado, si no se quieren ver en el mismo espejo, pero a pesar de todo eso, por lo que pasó en Ayotzinapa, nadie puede garantizar que no se vuelvan a dar.

Y éste último es un caso todavía más difícil de entender, por lo menos para quienes lo vemos desde lejos, porque a nivel de información oficial no se ha podido dar una explicación precisa en torno a los motivos que llevaron a los criminales a perpetrar semejante barbarie.

Se sigue diciendo que fueron gente del crimen organizado, que además, distintos niveles de autoridades, tanto municipales como del estado de Guerrero, estuvieron involucradas. Eso por un lado, por el otro, que fueron incinerados, no, que están secuestrados o escondidos y tantas otras versiones, que ciertamente sólo confunden.

Nosotros desde nuestra perspectiva sostenemos que el gobierno federal a través de sus instancias competentes, como la Secretaría de Gobernación, saben perfectamente cuáles fueron las razones y quiénes son los culpables, ¿por qué no se habla con la verdad?, es una buena interrogante, pero no la podríamos contestar.

Seguridad, preocupación generalizada

En otro asunto, ayer, con motivo del tercer informe del gobernador Graco Ramírez Garrido, hubo algunos distinguidos invitados, entre ellos, gobernadores, sobre todo identificados con la izquierda perredista y desde luego, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera. Acudió igualmente Isabel Miranda de Wallace, líder de la organización “Alto al secuestro” y ambos accedieron a opinar sobre algunos temas  relacionados con la inseguridad que priva en muchas zonas del país.

Y lo que son las cosas, hay personajes muy interesantes en el escenario político que dan fe del porqué de su grandeza, porque en el caso de Mancera, nadie puede negar que se trata de una figura de primera plana y sin embargo, el hombre muestra sencillez, accesibilidad y hasta humildad, para acabar pronto, no se crecen con la posición.

Decimos esto porque ayer, a su arribo al Centro de Convenciones, dos o tres reporteros, temerosos incluso de ser rechazados, le pidieron una entrevista y desde luego que con toda decencia la dio. Reiteramos, se antoja una noble acción, cuando estamos acostumbrados a que políticos de ínfima categoría hagan lo contrario.

Y entre otras cosas, reconoció que la inseguridad continúa siendo un tema a resolver en la zona centro de la nación, por ello, destacó, “personalmente estoy buscando un encuentro con los gobernadores de Guerrero y el electo de Michoacán, Silvano Aureoles -quien por cierto también llegó pero negó entrevista- a fin de coordinar algunos protocolos de seguridad, desarrollar conjuntamente operativos y aplicar estrategias conjuntas de lucha contra la delincuencia”. Previamente había aclarado que con Morelos ya se desarrolla un plan en esa materia, sin embargo, consideró que es necesario ampliarla a un radio mayor para poder pensar en bajar los índices de delitos de alto impacto.

Y Miranda de Wallace también opinó sobre el tema, dijo que el modelo policiaco del Mando Único si ha tenido resultados en la entidad, sin embargo, para el combate al secuestro no resulta ser lo más funcional, considerando que para tal efecto se debe disponer de grupos de agentes preparados especialmente en la materia.

No obstante, manifestó que en lo que corresponde a otro tipo de acciones delictivas, parece venir dando señales positivas y es que admitió que Morelos continúa situándose entre las entidades del país con los más altos índices en el caso de la Comisión de Delitos del Secuestro.

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