¿Y a quién correspondía, en la legislatura anterior haber obrado con seriedad, honestidad y justicia? al diputado Héctor Salazar Porcayo. Él era el presidente de la comisión respectiva y quien tenía que presentar en el pleno las propuestas de jubilación con base en una investigación y antecedentes comprobables, pero todo indica que en muchos casos no fue así y que se prestó a recomendaciones o favoritismos.

Bueno, mucho se ha insistido en que, aprovechando su posición, jubiló a una asistente personal que no tenía mayor trayectoria en la administración pública, sin embargo, el caso que pudiera ser el origen de una investigación a fin de confirmar sospechas de falsa información, es el relacionado con Gabriel Gómez Cruz, este personaje que afirma en sus datos personales que validaron su jubilación al 65%, que fungió como asesor legal en el municipio de Emiliano Zapata durante 21 años.

Al personaje en cuestión lo jubilaron como director de concertación política de la Dirección General de gobierno estatal, una de sus últimas “responsabilidades”. En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de fecha 5 de agosto del presente año, se publicó la aprobación a su solicitud. Y entre los datos laborales aportados, destaca el referente a que “el señor comprobó 23 años, tres meses y 10 días de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata como asesor del área del jurídico, del 31 de mayo de 1991 al 30 de septiembre del 2012”.

Para algunos legisladores locales es difícil, que alguien, en medio de una alternancia política constante desde antes del 2000, pudiera mantenerse en nómina municipal durante siete administraciones, pero más aún para buscar ser dado de alta en gobierno estatal en el presente régimen, Gómez Cruz alias “La Quesadilla” debió presentar un currículum de sus actividades previas y en ella refiere datos que no concuerdan con esos 21 años de asesor en el municipio de Emiliano Zapata.

En su historia laboral refiere –y sin fechas- que estuvo en la Dirección del Transporte del estado de Morelos como supervisor; que pasó por la dirección de la policía fiscal federal; que estuvo en la coordinación de seguridad pública estatal; además, que también laboró en el ayuntamiento de Iguala, Guerrero, así como que trabajó en una línea de autobuses también en Iguala. Y en el caso de Zapata refiere que fue “asesor externo”, es decir no generaba antigüedad.

Pero independientemente de eso, ¿es que acaso laboró simultáneamente en dos o tres fuentes de empleo? Esos datos, aunados a que el señor, en la propia ficha admite que no tiene carrera profesional alguna y sólo pasó por “cursos varios”, llevan a dudar a la veracidad de la información mediante la cual se jubiló, de ahí que la idea sea someter a revisión éste y algunos otros expedientes que pudieran llevar a procesos viciados en las jubilaciones respectivas. Por cierto Javier Rodríguez Nava, actual oficial mayor de la alcaldía de Zapata, es quien firma la constancia de 21 años de asesoría, igual y tendrá que ser llamado para que aclare algunas cosas. ¡Imagínese! Es uno de los que se menciona, podrían regresar a la Secretaría de Movilidad y Transporte.

DARÁ FEDERACIÓN SEGURIDAD AL RECTOR Y A UNIVERSITARIOS

En tanto, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Alejandro Vera Jiménez volvió a aparecer, primero se reunió con funcionarios de la delegación de Gobernación federal, ante quienes expuso su denuncia por amenazas a él y a su familia, y luego estuvo en el Congreso local para presentar una propuesta de presupuesto para el año que viene.

El hombre dijo que está intentando que sean elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) quienes se hagan cargo de su custodia, piensa en cinco agentes, pero perfectamente certificados. Claro, si considera que las amenazas salieron de la Fiscalía General de Justicia, es entendible que no confié en elementos de corporaciones locales, por eso toca puertas de la Federación.

Pero insiste en que la petición de seguridad no es sólo en torno a él y su familia, ha puesto sobre la mesa la necesidad de que todos los espacios educativos de la universidad cuenten con mayor presencia en materia de vigilancia, porque algunos campus se encuentran en medio de un ambiente donde prolifera la delincuencia. Recordó el crimen en contra de algunos estudiantes universitarios en Tlaltizapán, expedientes que no se han resuelto por las autoridades “competentes”. Y dejó claro que “exigimos seguridad al Estado porque esa es una de sus muchas responsabilidades legales, nosotros nos dedicamos a la enseñanza”.

Sobre el tema, el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina dijo que todavía la denuncia formal sobre las amenazas no llega a las instancias respectivas, a fin de darle curso a las investigaciones y en lo que tiene que ver con mantas que aparecieron el pasado fin de semana, aparentemente por parte de grupos organizados del delito, señaló que se investiga, pero aún no se tiene nada específico.

Respecto al presupuesto, manifestó que durante el ciclo actual, se ejerce un recurso del orden de dos mil 54 millones de pesos, con una matrícula arriba de los diez mil estudiantes, pero con las ampliaciones que se han venido haciendo hacia el interior del estado, la meta es llegar a 40 mil, de tal manera que sí se necesita mucho más dinero si se desea mejorar la capacidad de admisión, porque hoy día la mayoría de jóvenes que concluyen su educación media superior no pueden ingresar a la máxima casa de estudios por insuficiente cupo. La meta son 350 millones de incremento en el 2016.