Bueno, ya estamos a menos de una semana de los festejos del grito de independencia y los quejosos tienen el fundado temor de que serán desalojados en cualquier momento, porque seguramente no se les va a permitir seguir ahí con una serie de mantas donde exhiben sus inconformidades, aunque la alcaldesa, María Cruz Bastida, no parece interesada en llegar a algún convenio que no sea la liquidación.
Pero La Unión de Morelos buscó algunos antecedentes en torno al conflicto, por diversas consideraciones, de entrada, nos encontramos con que en efecto iniciaron una demanda laboral ante los tribunales competentes, pero la propia asesoría legal de los despedidos ha pospuesto indefinidamente la primera audiencia para darle curso al tema, de tal manera que el proceso no ha avanzado un centímetro y entonces, los quejosos están en la indefensión y en sentido estricto del derecho no tienen nada que reclamar, porque no les han ofrecido una defensa legal correcta.
La pregunta aquí sería, ¿los señores del NGS no se han dado cuenta de esto o lo vienen haciendo por ignorancia o alevosía y ventaja?, nosotros consideraríamos que por más desconocimiento que tengan de la Ley y de los derechos de sus “representados”, alguien les habría advertido que están dilatando el juicio y por lo tanto, más bien estimamos que con premeditación han obstruido ellos mismos el avance de la demanda.
Ahora bien, desde diversas trincheras, Bulmaro Hernández Juárez ha venido generando presión en contra de la titular de la Secretaría del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, acusando a la dependencia de no tener voluntad para exigir la reinstalación de los 29 ex trabajadores. La realidad es que, en primera instancia, no es el órgano competente directo para hacer lo propio y es el tribunal respectivo y aunque lo fuera, mientras no se logre el avance necesario en lo que toca a la demanda laboral, ninguna instancia puede hacerlo, por eso insistimos en que Hernández Juárez pareciera estarle haciendo al vivo, facilitándole las cosas a la alcaldesa a fin de que no sea obligada a recontratarlos, mediante un proceso legal desatendido.
Pero en el caso del NGS, evidentemente nos referimos a una organización de corte sindical y en este terreno nos encontramos con graves irregularidades que merecen ser incluso sancionadas por la Ley. Ésta es muy clara en su artículo 378, donde se definen las facultades y las limitaciones de los sindicatos o federaciones del ramo.
Muy claramente en sus apartados I y II establece que “queda prohibido a los sindicatos, primero, intervenir en asuntos religiosos; segundo, ejercer la profesión de comerciantes con fines de lucro”. Bueno, pues de manera abierta, esa organización viene ofreciendo protección y “apoyo” a cientos de comerciantes informales que han invadido los principales espacios y accesos en Plaza de Armas, en el Centro Histórico de Cuernavaca. ¿Quién entonces debe hacer cumplir el Estado de derecho en este aspecto?.
Bueno, ya en medio de todo un desorden, hay instancias legales que comenzarán a solicitarle a los cabecillas del NGS, presentar recibos y facturas de sus ingresos, porque existen serios indicios de que, particularmente en este aspecto, hay un total desorden y entonces pudieran acabar entrampados en sus propias redes, porque en efecto, se aprecian serios excesos.
Espín y la honestidad, impunidad y anticorrupción
En otro sentido, ayer en la Casa de la Cultura Jurídica, sede en Cuernavaca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tomaron protesta los integrantes de la Comisión de Coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo primer fiscal es el ex consejero jurídico del gobierno estatal, Juan Salazar Núñez, y el Poder Legislativo envió como representante al diputado Julio Espín Navarrete.
Pues acorde con el acto, los discursos fueron orientados sobre los temas de corrupción y mire que el legislador se lució discursivamente en ese tenor, hizo gala de sus mejores expresiones respecto a los propósitos de tal comisión, asumiendo que si algo hay que combatir, son esos males históricos de la rapiña, el hurto, el robo abierto de las instituciones por parte de quienes las llegan a presidir.
Dicho por cualquier otro personaje no habría cuestionamiento alguno, sin embargo, si de algo no debiera hablar Espín, es de esos escabrosos asuntos, porque su pasado está plagado de acciones en ese sentido. La primera vez que fue edil de Puente de Ixtla, salió por piernas; un grupo de ciudadanos amenazó con construir en su memoria un monumento a la corrupción.
Luego fue diputado local, cuando terminó se llevó unidades vehiculares del recinto legislativo para uso personal y de su familia, ya incluso nunca supimos si las regresó o se las quedó de manera definitiva. Pero lo más actual es aquello que lo relaciona con un desvío millonario de recursos a partir de la alcaldía sureña referida, en complicidad con quien fuera auditor superior de Fiscalización, Gerardo Casamata Gómez. Hicieron extraviar documentos que amparaban algo así como unos 10 millones de pesos.
Casamata Gómez fue objeto de un largo proceso legal en su contra que se concluyó hace apenas unos meses. Finalmente fue quien pagó los “platos rotos” y pecados de aquel, porque al no haber pruebas del desfalco, Espín simplemente se lavó las manos y no le probaron nada. Ayer se olvidó de todos esos antecedentes y dio casi una cátedra en materia de rectitud, transparencia y compromiso con la ciudadanía a fin de ir terminando con ese cáncer que ahoga a municipios, estados y al país en su conjunto, ¡qué le parece!.
