No olvidemos que es finalmente el Poder Legislativo la instancia que define el cargo a propuesta del Ejecutivo, pero en ese tenor ya hay movimientos y aquellos que presionan a fin de conseguir la plaza, que en todo caso, deberá mantenerse en función de alguna figura que cumpla con ciertos perfiles y sobre todo, evitando caer en el conflicto de intereses, porque muy en particular en el caso que nos ocupa, se antoja que hay ciertas limitantes.
Y precisamente la titular del poder judicial, Nadia Luz María Lara Chávez, en su momento dijo que en lo que se refiere a Sotelo Salgado, parecía improcedente, porque ahí efectivamente pareciera presentarse el conflicto de intereses, el señor es cabeza de un despacho que lleva muchos asuntos en materia penal y su función sólo sería admisible si dejara tal responsabilidad.
Pero hay algunos otros elementos que tendrían que valorarse, cierto o no, se menciona que el señor es “asesor externo” de la diputada local y ahora aspirante a una curul federal, Lucía Meza Guzmán. Más aún, se especula que por tales servicios cobra en el Congreso local, lo que incluso llevaría a sugerir que dejará el litigio.
Bueno, sobre este tema en particular, se hace referencia a que sería precisamente Meza Guzmán quien viene impulsando a trasmano tal propuesta y es que más allá de una posible “asesoría externa”, el despacho de Cipriano habría prestado servicios de asesoría, o sea, defensa, a un pariente político de la propia legisladora.
Hablamos de Cesáreo Adrián Arias, “La Guajolota”, de acuerdo a información oficial, uno de los operadores del cártel de Arturo Beltrán Leyva entre 2007-2009 y luego de ello, jefe de plaza en la región oriente del Cártel del Pacífico Sur (CPS). La cosa es que tanto “La Guajolota” como uno de sus hermanos, están casados con primas de la legisladora local, aspirante al Congreso de la Unión.
Finalmente es un servicio profesional, si además es bien pagado, pues no habría nada de malo en eso, aquí nos referiríamos al aspecto moral, que igual y deberá ser un valor calificado en lo que se refiere a un nombramiento de tanta delicadeza, por eso y algunos otros elementos más es que tal vez no sea una buena propuesta, se necesita a un profesional en la materia con menos peros y sobre todo, nula relación con figuras de la delincuencia organizada, así sea a nivel de “servicios profesionales”.
EN EL CASO PASO EXPRÉS, AHORA SON LOS COMUNEROS
En otro tema, referente al conflicto por el derecho de vía para la ampliación del libramiento de Cuernavaca, conocido como Paso Exprés, ahora son los comuneros quienes levantan la mano para aclarar que esos espacios, por lo menos a partir del cruce con paseo Cuauhnáhuac hacia arriba, son espacios que pertenecen al núcleo comunal desde 1713 y en aquellos tiempos, con títulos primordiales que vienen incluso escritos en náhuatl.
Eduardo Sierra Vargas, dirigente de la Unión de Trabajadores, Obreros y Campesinos de Morelos y el comité de bienes comunales de Chapultepec, hicieron algunas precisiones. En primer término, dijeron no oponerse a la realización del proyecto, pero con una condición, que se les respete a quienes resultan afectados, sus intereses, es decir, que los reubiquen o indemnicen, de otra manera no habría arreglo.
Los comuneros hicieron llegar una petición al titular de la delegación SCT-Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, a quien le piden información precisa sobre el proyecto, y piden se conduzca con respeto y en apego a los derechos de quienes habitan en todo ese corredor.
Y le recuerdan que “la posición del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, es conducirse con la legalidad y en contra de la corrupción en todo momento, pero usted ya está violando los artículos 14º, primer párrafo, 16, 26 “A”, 27, fracción VII y otros de la Constitución General de la República al actuar de manera unilateral, sin tomarnos en cuenta”.
Pero también para buscar garantizar el cabal cumplimiento del derecho de unos mil 500 afectados, entre casas habitación, comercios e industrias, recurrieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, dijeron, dará seguimiento al proceso a fin de observar que no se violenten los intereses.
Sierra Vargas dijo sin embargo que “nos parece preocupante que algunos diputados locales vengan cometiendo pifias sobre el tema, sosteniendo irresponsablemente que los vecinos son invasores, primero que se informen y luego que hablen, y la verdad, en lugar de andar ya en busca de otro hueso, que coadyuven a fin de que no se cometan excesos, eso se los vamos a reclamar”, advirtió.
Ellos señalan que ese territorio es una “comunidad agraria de hecho”, en una extensión de 740 hectáreas de cuya parte son también los campos “Amate Redondo” y “Huexotla”, que en conjunto representan la comunidad de “San Juan Evangelista Chapultepec”.
Pero insisten, no es una negativa a la obra, incluso consideran que se trata de una urgente necesidad por los graves conflictos viales que representa esa vía, sobre todo los fines de semana o periodos vacacionales cuando el estado recibe turismo cercano, lo que piden es se pague lo que en Ley corresponde a quienes residen por esa vía, es todo.
Claro, advierten que de no ser así, buscarán conjuntar fuerzas con autoridades locales, entre ellos ayudantes municipales y otros liderazgos para poder generar una fuerza social capaz de obligar a las instancias gubernamentales a corresponder a los damnificados, porque advierten que “no es peccata minuta, hablamos de unos 80 metros de ancho por la ampliación”, eso en caso de que sólo se trate de ocho carriles, porque se habla de diez.
