Decimos esto porque ayer, durante la reunión de delegados federales, el de gobernación Erick Castro Ibarra advirtió que las comunas pudieran perder importantes inversiones de programas de aportación compartida, ya que no están en condiciones de contribuir con el porcentaje que les compete.
Sólo eso faltaba, que la ciudadanía se quede sin esos beneficios por el quebranto en que se encuentran sus ayuntamientos, y no se crea que son minucias, se trata de cientos de millones de pesos que, vía las delegaciones, las dependencias federales hacen llegar a los munícipes, pero éstos tienen que aportar un porcentaje del total.
Generalmente se trata de programas en los que la Federación aporta el 50%, el estado un 25 y las alcaldías otro 25%. Pero si las otras dos partes no depositan los montos respectivos, el dinero simplemente se regresa, a fin de que se pueda utilizar en otros estados donde exista la capacidad financiera municipal para desarrollar los proyectos.
Por ello el delegado Castro Ibarra, coordinador de las delegaciones federales en el estado, consideraba prioritario que el Congreso del estado aprobara algunas peticiones de ediles relacionadas con la contratación de algunos créditos, porque sólo así podrían estar en posibilidades de evitar lo que en más de un caso se aprecia inminente: la devolución de fondos.
Conforme a datos proporcionados por el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm), la deuda conjunta de las 33 presidencias municipales alcanza casi cuatro mil millones de pesos y para el caso muy concreto de 13 de ellas, la deuda representa el 79% de todos sus ingresos anuales. Para acabar pronto, por ahora no hay manera de pagar, a menos que los legisladores acaben accediendo a permitirles endeudarse.
Claro, aquí las posiciones suelen ser antagónicas entre diputados y alcaldes, ya que los primeros consideran incongruente que pretendan superar el problema endeudándose más. Aquellos ediles que proponen reestructurar sus débitos, son los que deberían ser atendidos, porque sí reducen en un buen porcentaje los pasivos.
Sin embargo, los compromisos no sólo son con los bancos, no están al corriente con los proveedores, muchos adeudan pago de derechos por uso de aguas nacionales a la Comisión Nacional del Agua, también por consumo de energía eléctrica a la CFE, es decir, están atorados hasta el cuello. Pero a pesar de todo eso, debe encontrarse una solución porque sería bastante doloroso y hasta imperdonable que se dejaran perder apoyos de la Federación, como se está advirtiendo, cuando la gente reclama por lo menos algo de atención, desde la óptica social no se alcanza a entender el porqué de la improductividad y parálisis municipal.
La cosa no está como para ese tipo de irresponsabilidades, socialmente urge generar mayor dinamismo a la actividad oficial. Un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en materia de desocupación y empleo coloca a Morelos en un nada honroso tercer lugar en lo referente a población ocupada en la informalidad 35.7%, sólo debajo de Tlaxcala con 39% y Guerrero con el 36%.
Esto ya lo venía diciendo el titular del trabajo José de Jesús Pérez Moreno, menciona que son más de 550 mil las personas que desarrollan actividades de remuneración en la informalidad y sólo unos 200 mil formales porque la planta productiva no tiene el nivel requerido para ofrecer empleo formal.
Por cierto, en torno a todo este conflicto de desequilibrio financiero municipal, ayer estaba programada una reunión entre alcaldes, diputados y funcionarios del gobierno estatal, ¿el tema?, lo referente a la resistencia de los ediles a aprobar la Ley Electoral, a menos que les aprueben sus créditos.
Para la administración estatal sería muy desafortunado que Morelos apareciera a nivel nacional, como una de las entidades donde no hubo condiciones para armonizar y aprobar dicha ley, ello suele traer consecuencias a mediano y largo plazo, la Federación llega a poner tache y desde luego que eso no es lo conveniente para los morelenses, por eso tanto estrés al respecto.
Pero los presidentes municipales parecen estar muy conscientes de que por fin tienen la sartén por el mango y ahora buscan cobrar algunas ofensas, sobre todo frente al Poder Legislativo, que tras meses de intentos, simplemente no les ha permitido la contratación de recursos frescos para sortear sus problemas.
El secretario de Gobierno dejó ver ayer que si esa es la condición, se intentaría convencer a los legisladores de hacer lo propio, sin que ello se considere estar cediendo a un chantaje. Este asunto ha venido subiendo de tono, si no se le toma atención, pareciera que no pasa nada, sin embargo ya hay dos que tres alcaldes que se quejan de estar siendo presionados y casi amenazados a fin de que aprueben la ley y señalan que podrían recurrir a una denuncia formal contra los presuntos responsables ante la Procuraduría General de la República (PGR), por eso advertimos que el tema se encuentra muy calientito.
Necesariamente deberá haber un arreglo, de ninguna manera conviene a nadie entrar en un ambiente de enfrentamiento entre poderes y niveles de Gobierno, eso complicaría todavía más las cosas, tendrá que imponerse la cordura y el oficio político, dando soluciones en todos los sentidos, es decir las comunas deberán aprobar en sus respectivos cabildos la ley electoral, pero el Poder Legislativo tendrá que mostrar cordura y permitirle a los alcaldes que lo justifiquen, contratar créditos que les ayuden a superar la recesión que padecen.