Habrá que seguir muy de cerca el procedimiento que se aplique en el nombramiento de consejeros, porque el intento de ciudadanizar dichas instituciones quedó sólo en buenas intenciones. Finalmente los partidos políticos y los gobiernos estatales en turno se apoderaron de tales espacios y se dividieron las posiciones, impidiendo una selección que apuntalara el proceso democrático efectivo.
Todos saben que cada consejero electoral tiene hoy una pertenencia, obedece a intereses muy concretos de partido o de instancias de poder, y que el compromiso con la custodia del libre voto e imparcialidad en los procesos electorales es prácticamente nulo, seguimos en medio de la simulación.
Por cierto, sobre el caso el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Javier Bolaños Aguilar, aplaudió la posición del presidente del INE en el sentido de que se impedirá que poderes externos metan mano en los nombramientos, distorsionando la pureza de la representación.
Pero también dijo algo más que nos parece interesante y ojalá se dé, de que los actuales consejeros deberán dejar el cargo, tal vez algunos puedan cumplir requisitos para intentar meterse al proceso de elección de los nuevos, pero antes tendrán que haber dejado esa responsabilidad.
Para acabar pronto, no se pueden quedar y eso es ya una ventaja, pero tampoco estamos seguros de que se optará por representaciones apartidistas, sabemos cómo se las gastan los políticos para hacer de las suyas, por lo menos van a intentar meterse al proceso porque los intereses que ahí se defienden son muy poderosos.
La democratización interna de los tribunales electorales es indispensable para pensar en la legitimidad de futuras autoridades surgidas del voto popular, se han hecho cambios, reformas y creado nuevas instituciones, con la promesa de que ahora sí se respetará la voluntad ciudadana, no obstante seguimos en manos de los monopolios de control del poder público porque la manipulación no termina.
El INE es sólo un ensayo más que seguramente lleva la intención de oxigenar esas instituciones frente a los electores porque el IFE ya había caído de la confianza y credibilidad ciudadana, sobre todo tras aquellos dudosos resultados en la elección presidencial del 2006, algo debía hacerse para simular mayor certidumbre en lo sucesivo, pero la verdad es que difícilmente esos monopolios incrustados en el poder desde hace muchos años, van a ceder terreno, muy probablemente han vuelto aplicar aquella estrategia tantas veces reproducida en el sentido “que todo cambie, para que nada cambie”.
Con los órganos electorales controlados se pueden hacer muchas cosas, entre ellas, modificar desde dentro resultados electorales en una elección, para acabar pronto, robarse posiciones y cargos de elección popular. Todavía muchos mexicanos nos seguimos preguntando qué tan legítimo fue el triunfo panista presidencial en el 2006, la mínima sospecha indica que hubo una gran tranza, pues eso se obtiene a través de estructuras internas que para eso están ahí, desarrollar una labor de tendencia favorable para tal o cual candidato.
Los grupos poderosos han logrado perpetuarse con base en todas esas estrategias, son acuerdos que se toman entre las principales fuerzas que controlan las instituciones, desarrollan mecanismos que aparenten una democratización e inclusión de la voluntad popular, son sólo instrumentos de manejo por eso suelen tener una vida corta, hay que renovarlos cuando el electorado haya logrado comprender que ha sido engañado.
Pero todo ello viene manejándose desde épocas lejanas, es decir, inicios del siglo pasado, sobre todo con el surgimiento de los partidos políticos, en aquellas épocas el Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecesor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Y si usted revisa las filas del panismo, de unos años a la fecha del perredismo y no se diga del priismo, encontrará que los “cuadros distinguidos que los manejan hoy día, son ramas de personajes que detentaron poder y riqueza a través del usufructo institucional, no hay mucha evolución, ni democratización, acaso lo indispensable para poder seguir con el control de masas.
Y francamente con todos esos antecedentes, no podemos confiar que en esta ocasión, verdaderamente se busque terminar con prácticas históricas de marrullería política, aunque sí habrá que aceptar que en algunos rubros, producto de las presiones colectivas, exista cierta apertura, como en lo que tiene que ver con las candidaturas independientes o ciudadanas, ya se entiende que para el 2015 se comenzará aplicar dicha modalidad.
Pero una cosa es la teoría, otra la práctica, tendremos que atestiguar directamente que esa promesa u oferta legal se cumpla, hay muchas formas de engaño y donde más se dan es en el rubro electoral. De cualquier manera, por ahora el compromiso es en el sentido de que los consejeros electoral que auxiliarán al INE desde las entidades federativas, tendrán que ser electos bajo mecanismos muy precisos, no pertenecer a partidos políticos, ni a grupos de poder gubernamental, sólo atendiendo a capacidades, conocimientos y vocación por la democracia.
Pero más allá de todo lo anterior, se continúa fortaleciendo la teoría de que el INE vino a representar un retroceso, porque es la centralización del control electoral, los órganos auxiliares atenderán las disposiciones que desde el centro les dicten y por el contrario, se llegó a valorar que la existencia de los institutos estatales electorales significaban una apertura, la cesión de decisiones a las entidades federativas, aunque en el proceso se pervirtieron porque lo que ahora se afirma es que cayeron en manos de gobernadores, poderes locales que, igual, las transformaron en instrumentos para robarse elecciones completas.
Radiografia del Poder
Reestructuración de tribunales electorales
¿Consejeros ciudadanos?
Con la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE), sustituido por el Instituto Nacional Electoral (INE), viene una reestructuración en los órganos estatales en la materia, la posición del organismo central es que los nuevos consejeros deberán ser electos, no en función de intereses de partidos o de autoridades gubernamentales, sino de perfiles y capacidades para su correcto desempeño.
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