Hace más de un año que la comuna capitalina, vía la sindicatura a cargo de Fernando Martínez Cué, formalizó las denuncias contra MMG por el presunto quebranto financiero, es ahora que la hoy Fiscalía no ofrece avance alguno sobre el caso, la conclusión es clara, viene brindando protección al antecesor de Jorge Morales Barud.
En medio de todas esas confusiones, el fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, de manera personal, se presentó en las instalaciones de la comuna para entregar un oficio en el que requiere a la sindicatura un informe en relación a un convenio de coordinación, firmado en 2009, para la construcción de una planta tratadora de aguas en la colonia Zacatierra, acción que jamás se ejecutó y se considera que los recursos, de aportación estatal, municipal y federal, los habría malversado quien fuera titular de la Comisión Estatal del Agua y el Medio Ambiente (CEAMA), Fernando Bahena Vera.
Reiteramos, ese fue el objeto de la visita del señor fiscal, entregó el requerimiento y se alejó, pero el tema fue manejado de otra manera, púbicamente dijo que había asistido para pedirle a la comuna que aportara mayores elementos en torno a casos pendientes de resolver, como el de MMG.
¿De dónde sacó Dorantes ese argumento?, se entiende que lo que pretendió con ello fue hacer ver que no es culpa de la dependencia a su cargo, que el proceso en contra del ex edil siga congelado y que es la sindicatura y el Ayuntamiento actual, quienes no enviaron el sustento para acelerar los resultados.
Pero lo anterior muestra un incumplimiento del deber por parte de la Fiscalía, su responsabilidad es profundizar en la investigación cuando se presenta alguna denuncia, para eso cuenta con un instrumento auxiliar, la Policía Ministerial, creada precisamente para desarrollar las investigaciones requeridas cuando los casos así lo necesiten y, por lo visto, ese trabajo no se ha hecho, ¿por qué?, no es del interés de la dependencia.
Viene cayendo en omisión y protección, el funcionario entiende de la delicadeza de tal actitud, algunos sectores pudieran comenzar a demandarle una explicación del motivo de la inactividad sobre el tema referido y simplemente tendría que admitir sus culpas, no desea pagar ese costo y simuló haber ido al Ayuntamiento a pedir más pruebas, cuando es él quien tiene que obtenerlas para acreditar los delitos que se imputan en la denuncia.
Es lamentable considerar que funcionarios de ese nivel muestren nula seriedad y responsabilidad en sus funciones, que mientan con tanta facilidad y más aún, se presten a componendas que, en este caso, parecieran complicidades, en lugar de intentar por lo menos hacer respetar el estado de derecho, sancionando con rigor cualquier anomalía e irregularidad, más cuando pudiera tratarse de hechos que generaron efectos nocivos a miles de ciudadanos, por eso es bastante delicado lo del señor fiscal.
Pero olvidémonos de lo anterior y revisemos el contenido de la solicitud que presentó ante la comuna, es igualmente algo penoso y también se presta a interpretaciones, porque el escrito está hecho con los pies. Lo que se entiende aquí es que se vienen rastreando elementos y pruebas con la finalidad de sustentar un proceso de denuncia penal, en contra del ex titular de la CEAMA, Bahena Vera, como ocurre con Alfredo Jaime de la Torre.
Ya lo decíamos, se presume que los fondos para la obra que se investiga pudieron ser objeto de malversación, porque no hubo tal y el dinero no aparece, sólo que el mismo requerimiento informativo pareciera generar condiciones para que el presunto implicado pueda evadir la denuncia.
Un abogado decía al respecto que “en materia legal, hay que ser muy precisos con los términos, en su escrito, la Fiscalía se refiere a aquella dependencia como “SEAMA”, yo simplemente respondería que no existió en el reciente pasado ninguna dependencia con esas siglas, la única que se le asemeja fue la CEAMA y que por lo tanto, la petición es improcedente”.
Luego agregó que “o en verdad no cuentan con personal capaz de elaborar un simple oficio en los términos y ortografía correctos o lo hicieron de manera intencional, para ofrecer al ex funcionario una vía de escape, cualquiera que sea la respuesta, es simplemente inadmisible”.
Nosotros pensamos que sí andan en busca de pruebas condenatorias de Fernando Bahena, porque esa es la tendencia en el caso de algunos otros ex funcionarios, pero en efecto, es preocupante el bajo nivel de formación de los cuadros en la Fiscalía, aquí quien aparece como responsable directa de la elaboración del documento, es la agente del Ministerio Público, Soledad Ávila Franco, de ahí es emitido y pareciera que el mandadero fue el propio fiscal.
Pero además, hasta se advierte que de no darse cabal respuesta a esa petición informativa, “en tres días hábiles, se harán acreedores a una multa de 200 días de salarios mínimos”. Para acabar pronto, una posición nada amigable. Claro, entendemos que todo esto va en contra del síndico, porque es a él a quien se dirigen en el caso que nos ocupa.
Reiteramos, todo este escenario tiene que ver con asuntos tan delicados como el del ex alcalde MMG, el propósito de posponer indefinidamente una posible sanción. Por cierto, en lo relacionado a la expulsión de Manuel del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aún no hay una solución definitiva, lo que ayer se dio a conocer fue que el Tribunal Electoral ordenó una reposición del proceso, faltaban algunos elementos de las partes y serán aportados, será en fecha próxima -se habló de una semana- cuando se pueda tener ya algo en concreto.