Sin embargo, para algunos abogados que vienen observando de cerca el tema, parecieran estar sentadas las bases para que todos pudieran salir bajo caución, porque de acuerdo a sus testimonios, “no se han esclarecido las secuencias del delito” y eso le da mucha debilidad al proceso, por el lado de la parte acusatoria.
Pero entremos en detalle, uno de ellos refería: “por lo menos en la formulación no se dan detalles fundamentales como para considerar que en efecto son los asesinos, existen muchas lagunas que pueden ser fácilmente aprovechadas por la defensa de los presuntos delincuentes”.
Y agregaba que “el nexo causal del delito, que es la piedra, efectivamente arroja sangre del difunto, pero no muestra pruebas a nivel de huellas de los agresores y eso es sustancial para la vinculación a proceso, de otra manera estamos ante presunciones y especulaciones poco fundamentadas”.
Más aún, otro de los profesionales del derecho aseguró: “de acuerdo al Código Penal la confesión de los implicados debe ser voluntaria, libre y espontánea ante un juez y en presencia de su abogado, pero aquí nos encontramos con que fue ante algunos de los policías que intervinieron en el caso y entonces hay circunstancias que nos llevan a considerar la posibilidad real de que puedan quedar en libertad, a menos que se maneje políticamente, es decir que por vía de la presión se les mantenga detenidos”.
Y se menciona que además se presentó como elemento de prueba en el expediente, un video que carece de legalidad, precisamente porque da fe de la confesión no ante un juez y el abogado defensor, sino de la policía. En concreto hay una serie de vicios e inconsistencias que llevan a una grave debilidad en el proceso acusatorio.
Ese es el problema, hemos venido escuchando muchas quejas de parte de las autoridades de Gobierno, por la liberación de presuntos delincuentes. Pero el asunto es ese, si no se aportan todos los elementos necesarios como para demostrar fehacientemente la responsabilidad, entonces se propician condiciones de esa naturaleza, aquí deberán agregarse varios elementos más, si es que se desea satisfacer muchas dudas que aún prevalecen en relación a este doble crimen que tantas reacciones ha generado, no sólo en el campus universitario, a nivel social.
                                                LLAMADO A LA CONCORDIA
Por otra parte, ayer el gobernador del estado Graco Ramírez Garrido hizo una convocatoria abierta para ir a un “diálogo por Morelos”, es decir una invitación a los poderes públicos estatales, los ayuntamientos, universidades, intelectuales, sindicatos, agrupaciones campesinas, cámaras empresariales y hasta la Iglesia, a fin de ir a un acuerdo, con la finalidad de lograr la reconciliación total.
El mandatario estatal habló incluso de que “es un buen momento para valorar alcances, analizar lo que falta y corregir la estrategia para entre todos, llegar a un Morelos justo, seguro y en paz”. Y agregó que ahí, “todos sin excepción podrán participar, contribuir y sumar”.
En un comunicado, en el que previamente había insistido en que “el clima de violencia e inseguridad es un asunto heredado de tres sexenios, por la complicidad de los gobiernos anteriores con la delincuencia organizada”, e hizo hincapié en que “el Gobierno de la Nueva Visión no es igual que los anteriores”.
Enumeró todas las acciones emprendidas por su administración en relación a la lucha contra la inseguridad, como la construcción de cuarteles policiacos, el arrendamiento de 200 patrullas, un nuevo helicóptero, construcción de un C-5 y en proceso la instalación de mil 200 cámaras de video, así como el diseño de una nueva fiscalía y hasta una unidad antisecuestro y un tribunal en atención a adicciones.
Pero sostuvo que “a diferencia de otras entidades, aquí hay gobernabilidad, las instituciones funcionan de manera eficiente y sobre todo no hay franjas territoriales dominadas por la delincuencia organizada y se vienen desmantelando bandas como las de Los Rojos o Guerreros Unidos”.
¿Qué fue lo que llevó a Ramírez Garrido a hacer un llamado de esta naturaleza? Quizás en mucho, el llamado del rector de la UAEM a hacer lo propio en el campus universitario, presumiblemente el próximo jueves, pero también expresiones como el de la Coordinadora Morelense del Movimiento Ciudadano (CMMC), cuya caravana llegó a diversas instancias del gobierno federal para solicitar la intervención de las fuerzas federales, a fin de contrarrestar la delincuencia.
Son diversos los movimientos que se vienen mostrando desde hace algunas semanas y que insisten en que las cosas no andan muy bien y que se requiere hasta de un “comisionado de seguridad”, como el que fue nombrado en Michoacán, para que sea él quien atienda el tema de la justicia y seguridad también en Morelos.
Ante todas esas quejas, es que seguramente el gobernador consideró prudente hacer un alto en el camino, analizar los resultados logrados en 19 meses de gestión y como dijo “corregir la estrategia”. ¿Estará en este punto refiriéndose a la exigencia de muchos en el sentido de cambiar los mecanismos de combate y lucha contra la inseguridad?, por lo menos así lo entendimos ayer, aunque hasta ahora la posición ha sido no ceder en ese sentido.
Sin embargo, seguramente lo que considera es que pudiera darse, siempre y cuando sea producto de conclusiones a partir de la concurrencia de los distintos entes convocados al “diálogo por Morelos”, de esa manera, todos serán corresponsables de que la nueva estrategia funcione, y de no ser así, también cargarían con las culpas, en caso de un fracaso.