Va a ser además interesante poder contar con un padrón completo en la materia, porque seguimos considerando que las cifras que se nos han dado siguen siendo maquilladas, que son muchos los que no se han contabilizado o simplemente se omitieron para no reflejar la realidad, que debe ser escandalosa. Pero es además una buena acción porque seguramente que en forma paralela, las comisiones de derechos humanos reclamarán de las autoridades competentes una atención a los afectados si es necesario, no sólo para tratar de resarcir en algo el daño provocado, sino para aplicar atención psicológica, médica o de cualquier índole.
Es lo menos que se puede hacer porque si valoramos la posición del régimen pasado, tanto federal como estatal, en relación al tema, podemos sostener que hubo omisión. Bastaba con que algún ejecutado fuera acompañado de algún mensaje relacionado con la delincuencia organizada, para que nadie hiciera nada por investigar al responsable. Cientos de crímenes quedaron sin resolver y muchos otros hechos también. Igual ocurre en el tema del secuestro, los cálculos son en el sentido de que por cada cuatro delitos de esta índole, sólo se da a conocer uno, se minimizan las estadísticas para amortiguar el impacto social, eso es una realidad.
Todo indica que uno de los tantos objetivos que se buscaba con obligar a todos los municipios a sumarse al Mando Único, era precisamente el de controlar la información de nota roja. Algunos compañeros que cubren esas fuentes dan fe de que ahora en los ayuntamientos, ya no les dan información alguna sobre hechos a veces muy graves. Los datos son remitidos a la Comisión de Seguridad Pública y es ahí donde deciden si es publicable o no el caso, o sea, una censura total porque en efecto, bajo esos esquemas se puede manejar la información, de tal manera que parezca que ya no está pasando nada.
Por eso sentimos que el trabajo que comenzaron a desarrollar las comisiones de derechos humanos, nacional y estatal, es de transcendencia porque nos puede llevar a conocer con mayor certeza y precisión lo que en materia de seguridad sigue pasando en la entidad.
Ayer debieron iniciar en la parte sur de Morelos, Jojutla y Zacatepec. Se instalan en determinado lugar y capturan todo tipo de quejas ciudadanas, en esta parte del estado hay mucha tela de donde cortar, se trata de una de las zonas “más calientes” de los últimos meses con el epicentro en Amacuzac, territorio del desacreditado diputado local con presuntas ligas con la delincuencia, Alfonso Miranda Gallegos, quien por cierto, ayer se fue al zócalo de Cuernavaca a darse “un baño de pueblo”, al viejo estilo de los políticos priistas, a lustrar su calzado
Dicen que nunca es tarde para intentar corregir el rumbo, esto que han iniciado las comisiones referidas debió hacerse desde hace años, por lo menos a partir de aquel 2009 tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, cuando comenzaron los matazones y las múltiples ejecuciones entre cárteles contrarios de la droga.
Deben ser miles las víctimas correspondientes al sexenio del ex gobernador Marco Adame Castillo, ojalá que exista interés popular para aprovechar el recorrido de las comisiones y hacerles llegar información, que hay de sobra al respecto. El compromiso es que irán por todos los municipios, hasta censar al mayor número de quienes se han visto agredidos en algunas de las manifestaciones más comunes, es decir, asesinatos, secuestros, violaciones, robos que por unos cinco años han azotado a Morelos.
Es cierto que en muchos casos poco o nada se va a poder hacer, los hechos están consumados, los muertos no revivirán, pero sí existirán otros en los que se pueda hacer algo para amortiguar el impacto recibido.
Por encima de todo eso, efectivamente habrá que reconocer a la CNDH y a la CDHEM su disponibilidad para hacer un esfuerzo, que hasta ahora a nadie se le ha ocurrido y mire que hay instancias que deberían haberlo desarrollado como en lo relacionado a la Comisión de Seguridad Pública o la procuraduría, así fuera para consumo interno. Sólo que el señor comisionado Jesús Alberto Capella Ibarra, pareciera venir por objetivos muy diferentes a este. Ya también cayó en la tentación de los reflectores y el protagonismo, lo que menos le interesa es ir al fondo de la realidad, entonces es excelente la intervención que hacen las comisiones.
El trabajo ya debió ser ensayado en otras entidades como en Ciudad Juárez, Chihuahua, también con el acompañamiento de la comisión de aquel estado en lo que corresponde a los feminicidios, que ha sido el delito más impactante en dicho territorio, de tal manera que han de tener ya hasta un formato.
Aquí lo que se requiere es que la ciudadanía se presente a relatar sus vivencias, no se debe tener temor porque suponemos que habrá secrecía de datos cuando el caso así lo demande y sus identidades serán protegidas, claro, habrá hechos ante los cuales hay que dar nombre y apellido. Pero seguramente que a su paso por el territorio morelense, van a recibir toda clase de información, es decir, es casi seguro que al final van a tener un panorama completo de lo que acontece aquí y cuáles son los motivos de fondo, el número de grupos delincuenciales que se disputan la plaza y hasta la ubicación de sus madrigueras. Algo que obligadamente deben tener Seguridad Pública y la procuraduría, si no fuera así, entonces de qué nos sirven, aunque ha de ser información clasificada.