Hoy, el secretario del Trabajo, José de Jesús Pérez Moreno, admite que uno de los principales obstáculos para poder garantizar una impartición justa en esa materia, es la corrupción; por eso, en lugar de dichas juntas, se colocarán oficinas regionales con el personal indispensable, a fin de buscar conciliación en los conflictos para evitar qué casos de poca trascendencia tengan que ser llevados hasta Cuernavaca.
La cosa es que el funcionario reconoce que hay una serie de deficiencias que impiden dar el salto correspondiente, para aspirar a mejores resultados; no hay dinero suficiente para enfrentar carencias en recursos humanos, tecnología, los equipos de cómputo siguen siendo insuficientes; autos para el cumplimiento de las notificaciones, por citar algunos ejemplos.
Y por si fuera poco, este año viene más reñido que el anterior en cuestiones presupuestales, porque en el 2013 la administración pública ejerció cerca de 21 mil millones de pesos, ahora son sólo 19 mil millones, dos mil millones menos y eso se dice fácil, pero a la hora de distribuirlos entre las diversas secretarías de despacho, los montos se achican.
Refiere que ya se tiene pactada una reunión con el mandatario, en la que buscará presentarle el cúmulo de necesidades, las esperanzas de lograr mayores fondos, son pocos, por lo que ya hemos dicho, pero lo cierto es que algo se deberá hacer para poder enfrentar un enorme rezago, tanto en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), como en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, porque crece el número de conflictos pero no la capacidad institucional para atenderlos.
De Jesús Moreno admite que tiene la responsabilidad constitucional de garantizar al sector laboral, una impartición de justicia expedita; sin embargo, los instrumentos a la mano a veces no lo facilitan, a pesar de eso, se deben buscar mecanismos para cumplir las encomiendas.
Y bueno, daba un ejemplo de la situación que se vive, “en la JLCyA contamos sólo con seis vehículos para notificaciones en todo el estado, pero dos de ellos están descompuestos, para el TECA, sólo disponemos de cuatro, estamos intentando que se nos den en resguardo algunos autos de medio uso para poder paliar la situación”.
Incluso, admite ciertas injusticias porque refiere que “al personal de la Junta Local se le incrementó el salario recientemente, ya era necesario, sus ingresos eran bajos pero a los del TECA no les damos incremento desde hace más de cuatro años, con justa razón están pidiendo ser tratados de la misma manera que los otros”.
Ciertamente que esta parte de la administración pública sigue presentando un importante rezago, si bien es cierto que ya son menos los archivos enormes y las carpetas de papel que eran el instrumento tradicional en las juntas, en lo referente a la formación de expedientes, todavía se necesita invertir mucho más en la parte tecnológica, eso incluso suele ser un candado para disminuir considerablemente los actos de corrupción.
La principal queja de los litigantes ha sido el extravío de expedientes, personal de la junta facilitaba a alguna de las partes en conflicto los documentos, incluso se los llevaban a sus despachos y ahí hacían lo que querían, como desprenderles páginas, aquellas comprometedoras o de plano desaparecerlos.
Con los archivos en la computadora es menos posible seguir haciendo estas tretas, pero no se ha logrado consolidar la modernización en un rubro sumamente importante, porque en buena medida, la paz laboral es uno de los elementos que generan confianza a los inversionistas para venir a instalarse y ofrecer oportunidades de empleo.
Las huelgas son un factor de temor para los dueños del dinero, nadie querrá arriesgar su patrimonio en un lugar donde por cualquier pretexto se paran las actividades, y menos en estos tiempos en los que con dificultades se logra sobrevivir por la falta de circulante y poder de compra del sector social.
Y mire que hay trabajo, particularmente el TECA se ha visto casi rebasado por el constante crecimiento de demandas, desde el ámbito municipal, la infraestructura disponible no alcanza a atender tantas controversias, por eso los juicios suelen alargarse por años, muchas veces en detrimento de las dos partes, por un lado, el trabajador no recibe en tiempo y forma sus liquidaciones, por el otro, al prolongarse mucho, los montos a pagar de parte de la parte patronal son escandalosos.
Hay controversias que pudieron resolverse con 20 o 30 mil pesos, ya con el paso del tiempo, pueden llegar a los 500, 600 mil pesos; los ayuntamientos saben de qué estamos hablando, muchos de ellos no encuentran la puerta de salida ante laudos condenatorios por millones de pesos, producto de una desatención de autoridades anteriores a las denuncias laborales y cuando se quiere hacer algo, es tarde, porque se trata de condenas ante las cuales la única salida es pagar. Bueno, hay ediles en riesgo de ser destituidos por esos problemas y no es que se nieguen a responder, simplemente no tienen dinero para tal efecto.
Por diversos motivos, es urgente voltear hacia los tribunales laborales, por décadas; el patio trasero de las administraciones de Gobierno, inyectarles recursos y mejorarlos estructuralmente, eso aceleraría los procesos, acortaría los tiempos para la emisión de laudos condenatorios o absolutorios y los costos para las partes en conflicto serían menores, es decir, se estaría trabajando en bien de los factores de la producción, facilitándoles las cosas, resolviendo en tiempo y forma como lo establecen las leyes, hoy no ocurre así, los plazos suelen ser letra muerta.