Al paso de los meses, algunas alcaldías han tenido que rectificar, y pudiera decirse que han decidido “entregar la plaza” en una clara muestra de incapacidad, para poder cumplir ante sus gobernados con el compromiso de la prevención del delito, por lo pronto, ya Amacuzac, -en condiciones muy particulares- Yautepec, Tlaltizapán y Tlaquiltenango, optaron por dejarle a las fuerzas estatales el control prácticamente total de las tareas relacionadas con la lucha anticrimen.
Habrá que ver cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo de esas decisiones, pero es posible que algunas otras comunas se sumen al mismo mecanismo, porque tampoco han logrado, con sus propias corporaciones, poner a sus respectivas localidades en orden; el secuestro, feminicidio, ejecuciones derivadas del tráfico de drogas y una serie de faltas del fuero común, se sigue saliendo de control por todas partes.
El Gobierno del estado tiene el tiempo en cima para ir mostrándole a los morelenses que hay una mejora sustancial en la pacificación del estado, porque ese fue el compromiso, cambiar los escenarios a partir de los 18 primeros meses de administración, estamos en el mes 17 y al menos la percepción ciudadana sigue siendo la misma o aún de que estamos peor que antes.
Hay quienes sostienen que incluso, la sustitución de Alicia Vázquez Luna por Alberto Capella Ibarra en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tiene mucho que ver con apretar las tuercas para tener más avances en la materia, ya estamos viendo algunas estrategias diferentes, igual y esto de ir haciéndose cargo de la seguridad en las alcaldías, es una de ellas pero pudiera tratarse de una arma de dos filos, porque si llegan a fracasar, le echarían la culpa al estado y los alcaldes se justificarían en el sentido de que la tarea estaba en otras manos.
La cosa es que por el camino que van, a la SSP no le alcanzarían sus agentes policíacos para hacer lo propio en los restantes 29 municipios, cuenta con 1000 policías, sólo en tres ayuntamientos tiene destacados unos 300, con los 700 que le restan no cubriría los otros territorios y es muy importante colocar candados para que las bandas no se cambien de espacio con suma facilidad, ya Jiutepec se está quejando que el reforzamiento de la prevención en Yautepec, le viene provocando un efecto cucaracha; “las ratas” están pasándose a esa comuna.
Más aún, todo lo que pasa en Michoacán se va a reflejar en entidades vecinas, células de los caballeros templarios, la nueva generación y la familia michoacana parecen ir buscando nuevas parcelas para delinquir, y Morelos no está exento de eso; se habla de “un blindaje limítrofe”, la pregunta sería ¿y qué tan efectivo es?, porque el vigilar la entrada y salida de las diversas vías de comunicación no es suficiente, más aún, pareciera irrisorio, los delincuentes pueden ingresar a la entidad con las manos en la cintura a media noche, a pie, por todo ese corredor boscoso entre los límites de Guerrero y nuestro estado, desde Tlaquiltenango hasta Coatlán del Río y la vigilancia no se dará por enterada.
Más allá de que se instalen videocámaras para rastrear algunas imágenes y sucesos sobre todo en las áreas urbanas, en espacios abiertos no hay manera de tener control porque aún con la escasa tecnología que nuestras instituciones, en materia de justicia y seguridad, utilizan, seguimos en pañales respecto a métodos de investigación; ya quisiéramos contar con un poquito de los equipos e instrumentos que utiliza la policía de migración en la frontera con los Estados Unidos, radares para captar cualquier movimiento, por eso será casi imposible detectar y sobre todo detener cualquier avanzada de criminales en fuga de otros estados hacia acá.
El tema es como para preocuparse, tal vez por eso es que hemos venido viendo últimamente una intensificación de la actividad gubernamental sobre el rubro; estos primeros tres días de la semana que han pasado, hemos tenido al procurador general de Justicia, Rodrigo Dorantes Salgado, y al titular de la SSP, ofreciendo conferencias de prensa para dar anuncios que tienen que ver con los resultados ya logrados y con algunas medidas que se están poniendo en práctica, como eso de suplantar a las corporaciones municipales por el Mando Único, como emulando lo que el gobierno federal está haciendo en la tierra caliente de Michoacán, pero en diminuto.
Si reiteramos que algo de relación debe tener todo eso con la cercanía de los 18 meses propuestos para ofrecer un ambiente diferente, aunque ayer, Capella Ibarra muy bajita la mano dijo que “esperamos que en unos cinco meses se puedan tener ya resultados positivos en esta lucha contra la delincuencia”, o sea que estaríamos ya yéndonos a los dos años.
El principal obstáculo va a ser cambiar la percepción colectiva, porque así estemos menos mal que hace uno o dos años, la gente sigue considerando que no hay avances y que como gobiernos anteriores, el actual le está fallando al pueblo, eso difícilmente cambiará en mes y medio, ya con que no se complicaran más las cosas, estaríamos tranquilos pero como apreciamos el entorno, no percibimos posibilidades de mejora al corto plazo.
Es curioso, este Gobierno comenzó en octubre del 2012 con una intensa actividad relacionada con la inseguridad, casi todo se concentró en eso y 17 meses después volvemos a la misma dinámica, irremediablemente cualquier rueda de prensa con el gobernador Graco Ramírez deriva en cuestionamientos sobre el tema, precisamente porque no hay mucha evolución positiva al respecto.
