El pasado 30 de enero el hasta ese entonces, secretario de Seguridad Pública municipal de Jiutepec, José Manuel Iragorri García, presentó su renuncia al cargo porque la comuna nunca le pudo resolver en lo más mínimo las necesidades de presupuesto económico para poder operar.
Por dignidad, el hombre debió desistir de su responsabilidad y ello sólo muestra el grado de despreocupación de algunos ediles en asuntos de tan trascendente importancia, lo que se refiere en torno al caso, es incomprensible; llegó el momento en que la estructura y equipo de esa instancia se paralizó, no pudo continuar con el trabajo cotidiano por falta de insumos menores como la gasolina.
El problema es que continuamos escuchando discursos alegres de parte de algunos ediles, en el sentido de “un esfuerzo sin precedentes” para combatir a la delincuencia en todas sus modalidades, una cooperación y coordinación inédita con las corporaciones policíacas estatal y federal, que desde luego no se refleja en los hechos.
Con estas inconsistencias será difícil alcanzar metas y propósitos previstos, se necesita mucho más compromiso de parte de quienes están al frente de las instituciones públicas para cumplirle a los gobernados promesas que vienen desde las campañas políticas, y que sólo llevan la intención de lograr el voto para lograr proyectos personales, una vez obtenidos, hay un desdén y desprecio, no se puede entender de otra manera en el caso de la alcaldesa de Jiutepec, Silvia Salazar.
Y se menciona que luego de mucha espera y reclamo del ya ex funcionario de Seguridad en ese municipio, se llegó al extremo de que en un hecho de emergencia y ante la imposibilidad operativa para poder responder, se tuvo que pedir auxilio al presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso Mendoza, quien afortunadamente, así fuera de manera tardía por la distancia, pudo auxiliar, pero ello obligó al funcionario de entregar el cargo.
En efecto, la mayoría de los ayuntamientos se encuentran casi en bancarrota, pero hay prioridades y ya decíamos que en esta entidad, como en gran parte de la república mexicana, lo fundamental es intentar por lo menos darle seguridad al ciudadano, pues ahí se le tiene que pegar así sea a costa del salario de los miembros del cabildo o del mismo edil, por lo menos, pero eso no está sucediendo.
Seguimos escuchando referencias de algunos ediles como el de Temixco, que no tiene para pagarles prestaciones y salarios a los trabajadores de confianza, pero sí puede disponer de sumas interesantes para ir a pasársela bien con su secretario municipal, Santiago Ayala, en un negocio ubicado por la avenida San Diego, aquí en Cuernavaca.
No es, pues congruente, lo que está aconteciendo en buena parte del comportamiento de las autoridades, especialmente municipales, no hay vocación de servicio ni compromiso con los gobernados, y eso nos lleva a lamentables conclusiones de que la corrupción y el derroche seguirán permeando en la política local.
Particularmente el Gobierno estatal viene haciendo un esfuerzo por lograr cambiar el clima de inseguridad que venía de muchos años atrás, y con ese propósito pudiéramos considerar que ha ensayado todo tipo de estrategias, pero requiere del acompañamiento de los municipios y de la federación.
Puede del mismo modo referirse que el gobierno federal sí ha cedido a las peticiones en la materia de parte del gobernador Graco Ramírez, y cuando se requiere de la presencia del Ejército, ahí está, pero es precisamente en los municipios donde hay que comenzar a hacer la tarea.
Se trata de la autoridad más cercana al pueblo, por lo tanto, sus estructuras deben conocer más de dónde se encuentran los focos rojos, los puntos que hay que atacar para ir sometiendo a los delincuentes, pero si en lugar de ello se escamotean los recursos presupuestales para esa tarea, estamos francamente fritos.
Hace unos días nos comentaba precisamente un ayudante de Yautepec que a pesar de todo lo que se dice de Alonso Mendoza, “quien sabe cómo le hace el señor, la verdad es que no tiene problemas de deuda pública, hay obras y hasta se dio el lujo de darle a cada uno de los ayudantes en la localidad un mes de apoyo como aguinaldo; sin embargo, en Jiutepec pasa todo lo contrario con Silvia Salazar” y es cierto.
Lo que se afirma en los corrillos políticos y los cafés, es que la señora no tiene mucha experiencia en el manejo del ejercicio público a esos niveles, a pesar de que ya fue diputada local y que quien ejerce el poder tras el trono es realmente el secretario del Ayuntamiento, Leopoldo Tovar, también eso es muy posible, porque en esto de la insuficiencia financiera para manejar la comuna, ya se insiste en que no hay ni para pagar los servicios como el agua, el teléfono o la luz de la alcaldía.
Claro, aquí eso ya no es nuevo, su antecesor Miguel Ángel Rabadán Calderón, terminó su trienio casi a rastras; en algunos momentos se quedaron sin teléfono, agua y luz por los mismos motivos; falta de liquidez, se escucha terrible, pero a lo mejor y los jiutepequenses ya están acostumbrados a eso.
No obstante, insistimos en que no nos parece correcto que el titular de Seguridad Pública debiera optar por renunciar ante la imposibilidad de cumplir con su encomienda, porque la alcaldesa lo abandonó a su suerte, pero por lo menos mostró dignidad que sus superiores no tienen.