Estos fondos fueron anticipados con la condición de que se apoyara a algunos municipios que vienen presentando dificultades financieras para poder concluir sin problemas de pago salarial y de prestaciones de fin de año.

Sin embargo, hasta donde se pudo investigar, sólo se le había ayudado a la alcaldía capitalina. Unos mencionan que con 50 millones de pesos, otros que fueron 70; el dato adicional es que igualmente el estado condicionó al presidente municipal Rogelio Sánchez Gatica a pagar deudas específicas, relacionadas con la construcción del distribuidor vial de la glorieta Emiliano Zapata en Buena Vista y la repavimentación de la avenida Morelos sur en esta capital, donde hay aún algunas deudas pendientes que saldar.

Pero adicionalmente, este fin de semana trascendió que gobierno estatal ya contrató su primer débito por 200 millones de pesos a través de Banca Afirme. Más aún, a reserva de ir aclarando las cosas, que fue un procedimiento que no pasó por el Congreso local y que por lo tanto, no se ha querido hacer público.

Es decir, que a menos de un mes de administración, el gobierno habría obtenido, por vías distintas, 680 millones de pesos, de cuya aplicación seguramente estará informando de un momento a otro, de ser así, significaría que efectivamente encontraron las arcas vacías y no sólo eso, una serie de pasivos de urgente resolución.

De cualquier manera, es imperante que el gobierno en turno clarifique y transparente el destino del dinero, ya que es una muy buena cantidad que se antoja exagerada para un ejercicio que debió concluir el 2012 con el presupuesto actual.

Recordamos que en una última reunión del ex Secretario de Gobierno Oscar Sergio Hernández Benítez con su sucesor Jorge Messeguer Guillén, en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno dijo que dejaban recursos del orden de los siete mil millones de pesos para los tres meses de gestión que restaban.

Claro, la mayor parte del monto eran fondos comprometidos en obras en proceso, una cantidad menor para gasto corriente y pago de prestaciones de fin de año. De cualquier forma se mencionaba que se heredó a esta administración la parte proporcional que por año le correspondía, de ahí que llame la atención la insistencia oficial en el sentido de que sólo les dejaron compromisos a cumplir.

BLINDAJE ¿Y LOS CIUDADANOS?

En torno al tema de la insuficiencia presupuestal en el Gobierno, se ha insistido en la aplicación de programas de austeridad. Sin embargo, llaman la atención algunos detalles que muestran gastos superfluos por varios millones de pesos, sobre todo, en cuestiones de seguridad personal de funcionarios y mejora de oficinas gubernamentales.

Primero fue la instalación de detectores de metal en las dos entradas del edificio gubernamental en Plaza de Armas. Ahora y aprovechando el largo puente vacacional de Día de Muertos, se instaló un módulo blindado en el despacho del Poder Ejecutivo, cuyo gasto, de acuerdo a algunos expertos en la materia, debió oscilar entre los cinco y siete millones de pesos.

Sin embargo, de manera integral, toda la oficina fue remodelada, incluida la residencia oficial, antes Casa Morelos. Sobre la inversión destinada, ni el Secretario de Administración, Carlos Riva Palacio, ni la titular de Hacienda, Adriana Flores Garza, dijeron conocer montos.

No obstante, se adelantó que el primer piso del edificio en Plaza de Armas será mejorado, sobre todo porque hay fallas en el sonido de algunos salones de eventos y por lo tanto, se mejorará el equipo tecnológico.

Pero en todos estos gastos imprevistos estaríamos hablando de unos 20 millones de pesos como máximo, monto insignificante frete a los 680 millones derivados de la solicitud del crédito de 200 millones y los 480 millones de participaciones anticipadas.

También lo hemos dicho, todavía la mayor parte de las secretarías de despacho no están funcionando: Desarrollo Sustentable, antes CEAMA, sigue sin poner en marcha el programa de verificación; Tesorería de Gobierno sigue prácticamente cerrada en ventanillas y sólo ha abierto algunas líneas para necesidad interna.

A nivel de inversión pública, sólo se está dando seguimiento a unas 200 acciones que dejó en proceso el gobierno de Marco Antonio Adame, las cuales ya deben traer dinero etiquetado, pero la Secretaría de Obras tampoco ha puesto en marcha algún programa propio, es decir, no hay obra nueva que demande de un recurso fresco.

Por todo lo anterior, es que se genera una serie de inquietudes e interrogantes en torno a la presunta temprana contratación de una línea de crédito y la solicitud anticipada de participaciones que representarían una carga fiscal para el año entrante, pero todo ello, por una falta de información al respecto, generalmente la insuficiencia informativa lleva a la especulación. Si esto fuera así, este sexenio arrancaría con una deuda de mil 700 millones de pesos, porque el de Adame les dejó como herencia mil 500 que fueron destinados a acciones de desarrollos viales, como el libramiento Libertadores de Cuautla y la recuperación de Cuauhnáhuac, entre Cuernavaca y Jiutepec.