Se apreciaba un final sin precedentes, con mínimas dificultades, sin embargo, al final del camino ya aparecieron las inconveniencias y por dos días consecutivos, el lunes y martes de la presente semana, el Palacio de Gobierno ha permanecido bloqueado en sus accesos y prácticamente tomado por fuerzas sociales que reclaman el cumplimiento de facturas pendientes.
Primero fueron campesinos y habitantes del oriente de la entidad, quienes consiguieron finalmente que se les prometiera depositar a su favor más de dos millones de pesos para un programa para mejorar vivienda, es decir la presión logró su objetivo, por eso se retiraron del edificio gubernamental.
Sin embargo, prevalece un conflicto que se antoja menos fácil de resolver, el de maestros jubilados, sobre todo porque la posición gubernamental ya ha sido dada a conocer y consiste en que se acatará la determinación que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que aceptó una controversia constitucional interpuesta por la Consejería Jurídica de Gobierno estatal, en la que se niega a cubrir 100 millones de pesos a los quejosos aduciendo dos argumentos: Primero, que hubo dos decretos de presupuesto de parte del Congreso local; Dos, que el pago de esos 100 millones venía condicionado a recibir mayores participaciones federales, lo cual no ha ocurrido.
Es decir, no hay ni siquiera una aceptación de ese compromiso, todo depende del dictamen de ese órgano supremo en materia de controversia legal y si es a favor del Gobierno entonces no habrá tal pago, habrá que ver cuál es la reacción de los jubilados y pensionados que ayer dejaron durante horas encerrados a los empleados que laboran en las oficinas de esta sede oficial.
Aquí, a decir de algunos funcionarios, hay ciertas diferencias que llevaron a recurrir a instancias federales, ya que los diputados locales, de manera unilateral, decidieron que el estado cubriera exigencias de una prima de antigüedad que los profesores retirados venían pidiendo.
El asunto es que esto amenaza con subir de intensidad y por lo que apreciamos el gobernador Marco Adame Castillo está dispuesto aguantar la presión durante los 53 días que le quedan a su gestión, pero no accederá a los reclamos, porque simplemente no tienen dinero.
Y otro movimiento que igualmente está en ascenso es el de los transportistas, están demandando alza en las tarifas mínimas de este servicio y a estas alturas es muy difícil que quienes están de salida, tomen una decisión en contra del usuario.
Es más, el propio gobernador electo Graco Ramírez ya habló del asunto y, entre otras cosas, dijo que no procede el incremento y que en todo caso sería un caso para llevarlo a una consulta ciudadana. Se nos antoja que ello despertará inquietudes en los permisionarios, porque dudamos que la población llegara a admitir tal propuesta.
Pero de la manera que sea, todavía es una responsabilidad de este Gobierno mientras no entreguen el mandato, es decir que los permisionarios se van a ir contra los actuales y eso amenaza con mayores problemas, la cosa está medio enredada.
Por supuesto que en esta administración no se concederá tal pretensión de los transportistas y entonces también advertimos que será uno de los primeros atorones que deberá enfrentar Graco Ramírez ya en su ejercicio y eso de una consulta ciudadana pudiera empezar a calentar los ánimos porque es casi seguro que la visión no les agradó.
Pero volviendo al caso de las complicaciones en esta salida sexenal, no obstante la radicalización de algunos actores sociales y de agrupaciones son sólo dos o tres frentes los que hay que resolver, lo de los campesinos que pedían mejora a sus viviendas ya suponemos que quedó superado, pero el caso de los maestros jubilados sí está más difícil porque es algo de dinero y no está previsto en las arcas públicas, así que pudiera ser algo que se vaya hasta el final del periodo sexenal.
Es más, el secretario de Finanzas y Planeación Alfredo Jaime de la Torre dio a entender que muy posiblemente sea un tema a resolver por parte del nuevo Gobierno, porque argumentó que “es un problema de carácter institucional, es decir no se termina con el fin de una administración”.
Y algunos legisladores vienen acompañando a los maestros, uno de ellos es Fidel Demédicis del PRD y Jorge Arizmendi del PRI, lo que alimenta la posición de los rijosos y pone en más dificultades a las autoridades que buscan por la vía legal evitar pagar ese dinero.
Y los afectados no van admitir excusa alguna, se les prometió un recurso y es todo lo que saben. Por eso, reiteramos, que bien podríamos irnos estos 53 días de fin de Gobierno con un plantón indefinido, acompañado de cierre de calles y también de toma de Palacio.
Sin embargo, es algo a lo que como ciudadanos estamos acostumbrados cada final de administración porque siempre quedarán casos por resolver y los interesados saben que la siguiente autoridad no está comprometida a cumplir asuntos que no le correspondieron y sobre todo si para ello no se dispone de fondos económicos necesarios, de ahí que se tenga que pelear hasta el último día para lograr los objetivos y es lo que hacen los profesores.
