A estas alturas, podemos considerar que las instituciones, ya sean estatales o federales, están mostrando que no pueden con el paquete de la prevención y la seguridad, que es indispensable el apoyo ciudadano, y en ese sentido, se nos antoja interesante un ambicioso proyecto que viene articulando la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a nivel estatal.
A través del proyecto denominado "Observatorio Ciudadano", está dispuesta a penetrar ámbitos de responsabilidad no explotados en el pasado --el programa ya existía pero en el escritorio--, y por lo menos en estos primeros intentos, existe el compromiso de Gobierno de acompañarla con recursos para que pueda tener mayores posibilidades de éxito.
¿Cuál es su fondo y sustento?, la idea es hacer de esto un instrumento capaz de realizar mediciones e índices delictivos en cinco modalidades, unas de ellas el secuestro, robo con violencia, violación, asesinato, en una tarea poco cómoda para las instituciones porque se llevaría un récord comparativo con las cifras oficiales, muchas veces maquilladas y matizadas.
Esto desde luego no es nada fácil porque para poder darle seriedad al asunto, se viene planteando la conformación de un grupo de especialistas en la materia, es decir, criminólogos, analistas, investigadores, que necesariamente requerirán de un pago por sus servicios.
Bueno, quien empuja este proyecto es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Coparmex, Luis Rodríguez, y explica que de acuerdo con el balance de necesidades, se requieren cerca de nueve millones de pesos anuales para poder acercarse al ideal de Observatorio Ciudadano.
¿De dónde saldrá un recurso que hasta hoy los empresarios no tenían previsto?, pues en función de ello es que se viene tocando puertas, y de entrada ya sostuvieron una reunión con el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Luis Miguel Ramírez Romero, quien dijo que presentará al seno del recinto legislativo estatal una propuesta para intentar ofrecer apoyo a la Coparmex.
Desde el mismo Gobierno estatal hay señales positivas para reforzar el financiamiento, aun con la advertencia de que el programa tendrá que tener un manejo autónomo para poder ofrecer resultados.
Claro, la ley no les concede acciones coercitivas en caso necesario; será a nivel de propuestas y sugerencias. Pero la presión viene a partir de que en el diseño se encuentra contemplada la entrega de información a los medios, y esto es lo que obligaría a las instancias competentes en esa materia a actuar.
O sea, una vez con la información, ya sea en lo relacionado a índices de delitos, de zonas consideradas focos rojos en los cuales la autoridad no está actuando atinadamente, podrán hacer las sugerencias respectivas a los funcionarios competentes, pero al mismo tiempo darla a conocer a la opinión pública para que esté enterada de las fallas gubernamentales.
¿Cómo se espera obtener capital humano calificado?, buscando contacto con diversos centros de investigación de los que sobran en Morelos, apelando a su responsabilidad de coadyuvar con el estado y el Gobierno en una tarea que no se viene cumpliendo y sí generando enojo colectivo.
Pero lo que trabaja ya la Coparmex debería ser secundado por muchas organizaciones más, ya sea empresariales como ésta, de comerciantes, profesionistas, partidos políticos u Organizaciones No Gubernamentales, porque sólo así podremos establecer mayores instrumentos para superar lo que hoy se antoja imposible.
De ahí que se nos antoje de suma trascendencia lo que esta cámara esté realizando, porque además fuera de los investigadores y personal especializado que sea contratado, el resto de los responsables del programa trabajará de manera honorífica; eso es lo importante.
