Con base en algunos antecedentes y del curso que han tomado las investigaciones, particularmente las de la Procuraduría General de la República (PGR), podríamos considerar que, por lo menos con base en este suceso en especial, no hay razones suficientes como para la remoción de Pedro Luis Benítez Vélez.
Y mire que el expediente se encuentra prácticamente resuelto; sólo faltaría concretar una orden de aprehensión que involucra a más de un personaje, pero se trata de uno de esos aspectos tan delicados que antes de proceder se tienen que medir las consecuencias y el impacto.
Hay un dato interesante en todo esto: casi el 100 por ciento de los avances en las investigaciones se debe al uso de los celulares: diversas llamadas que se dan desde el mes de enero o febrero marcan una línea que va llevando a las autoridades a generar una especie de organigrama que termina por generar algunas conclusiones e interpretaciones casi científicas.
Hoy comprendemos que los mecanismos de control y registro de los celulares aplicados por el gobierno federal tienen fines muy específicos, y uno de ellos es para el rastreo de sucesos delictivos.
Claro, consideramos que las instancias competentes ya han estado invitando a los principales interesados en este escandaloso acontecimiento a que certifiquen por dónde vienen saliendo las cosas.
Ya las referencias dejan ver que pudieron participar en esa masacre entre 12 y 15 delincuentes fuertemente armados, más aún, que las agresiones se dieron en un table dance de esa parte sur de Cuernavaca y luego éstos trasladaron a las víctimas hacia las cercanías de la autopista del Sol.
Hay pues una serie de datos y conceptos que dejan muy clara la visión de por dónde surgió este tan serio incidente y ponen a reflexionar sobre la conveniencia de ir o no por los presuntos responsables, porque la pregunta sería, ¿quién se aventaría el paquete?
A pesar de que somos testigos de un ambiente por demás delicado, la confrontación se sigue dando entre grupos contrarios del delito; pero concretar la ejecución de las órdenes de aprehensión en el caso que nos ocupa sería algo así como provocar el avispero y echarle más lumbre al fuego.
Por todo eso es que sentimos que el gobernador Marco Adame Castillo no va a entregar la cabeza de Pedro Luis, porque el trabajo de rastreo se encuentra completo. Creemos que se tienen nombres y apellidos de los responsables. Lo único difícil es que podría ser inadecuado –a juicio de la autoridad- darlo a conocer por las repercusiones que puede tener.
Pinta como si fuera una verdadera encrucijada.
