En la cámara local se les dijo siempre que el asunto estaba ganado y que sólo era cuestión de obligar al Gobierno estatal a soltar los recursos para que se les distribuyeran.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por demanda de movimientos en diversos estados de la república se pronunció sobre el asunto y en lo que compete a Morelos estableció que ya esos recursos habían sido distribuidos, de tal manera que no había nada que reclamar.

Pero el mayor problema no es que finalmente perdieran el caso sino que los abogados les cobraron por adelantado en promedio tres mil pesos a cada jubilado, unos 900 mil pesos, y bajo las condiciones en que andan sí es lamentable, porque si algo necesitan los quejosos es dinero y en lugar de darles, les quitaron.

Todo parece indicar que las cosas andan medio difíciles, porque ahora los profesores andan muy enojados con los asesores y también los diputados que les dieron falsas expectativas.

Nosotros platicamos con el secretario de Educación José Luis Rodríguez Martínez sobre el tema y ratificó lo que decimos, efectivamente los engañaron, les despertaron esperanzas falsas y al final los dejaron colgados de la brocha.

El funcionario explicó que aunque quisieran ayudarlos no está a su alcance, los recursos presupuestales de educación están acotados y con muchos esfuerzos estaban liberando ayer unos 70 millones de pesos, de un total de 140 millones, para cubrir el pago de tres meses de aguinaldo de más de 7 mil maestros jubilados.

El caso es que esos pobres se quedaron esperando un beneficio que no van a recibir, pero debieron desembolsar una cantidad interesante para pagar servicios de asesoría que no produjeron nada, eso como que es un fraude.

El caso es que desde el Poder Legislativo, los diputados que están detrás de esto ya sienten que el agua les llega al cuello, porque ahora vendrán los reclamos. Han escapado por el momento debido a que se fueron de receso, pero entrando el año veremos a los afectados pidiendo cuentas a sus representantes populares que les fallaron.

Esto suele suceder cuando se trabajan los asuntos con tendencias político-electorales, efectivamente nos tocó asistir a algunas sesiones ordinarias a las que concurrieron los jubilados, para aplaudir a quienes desde la tribuna exigían a las autoridades educativas los fondos para cubrir tales reclamos, aunque no hubiera sustento.

En el momento, los legisladores cosechaban elogios e incluso arrinconaban en el banquillo de los acusados, a los funcionarios del sector que comparecieron para rendir cuentas.

Sin embargo, fracasaron en sus compromisos y hoy tendrán que enfrentarse a la reacción de los justamente enojados maestros, a quienes les salió más caro el caldo que las albóndigas.

Es un problema que lleva mucho tiempo en tribunales, los jubilados consideran que han venido siendo excluidos de muchas prestaciones, como los tres meses de aguinaldo, a partir de que la federación transfirió facultades al estado en materia de educación básica.

Son años de acumulación de derechos, según los beneficiarios, pero las instancias gubernamentales reclamaban inexistencia de fondos para poder cumplir con tales exigencias.

Finalmente la mayor parte de los quejosos logró hacer prosperar sus demandas y se les fue cubriendo los pasivos de manera gradual, pero quedaron algunos que no alcanzaron los beneficios y mantuvieron la lucha.

Sin embargo, desde el Congreso, se les hicieron promesas en el sentido de que obligarían a la autoridad respectiva a liberar los fondos suficientes para pagarles, la SCJN simplemente estimó que en el caso muy particular de Morelos, era un derecho que ya había sido cubierto y por lo tanto no hay nada que reclamar, ahora serán esos abogados y legisladores los que recibirán las presiones, el Secretario de Educación sólo dijo que "nosotros nunca los engañamos, siempre les dijimos que no era posible, pero nadie quiso verlo así".