La industria de la construcción es considerada como el indicador más sobresaliente en lo que se refiere al crecimiento económico y el desarrollo de un país, estado o municipio; con base en sus tendencias se podrá definir con mayor claridad cuál es el comportamiento integral en ese terreno.

Morelos, por su ubicación geográfica, su cercanía con la capital del país y también por un clima que durante décadas lo distinguió favorablemente –hoy ya no lo es tanto- fue distinguido por cuantiosas inversiones en el aspecto inmobiliario, ya para vivienda de interés social, media o residencial.

Existe el dato oficial de unas 200 mil residencias de fin de semana, que dan fe del gran potencial que nos favoreció en su oportunidad, pero que por razones diversas, ha venido a menos y hoy es incluso motivo de reacción poco amigable de los empresarios del ramo, que advierten de un decrecimiento significativo en tal sentido.

Por lo anterior, ayer la Cámara Nacional de la Industria, Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) llamó a un encuentro en el que estuvieron diputados locales de la comisión respectiva, presidentes municipales y desde luego constructores y, a decir verdad la cosa se puso informativamente interesante.

El anfitrión Eduardo Vargas Romero, presidente de la Cámara, expuso el tema principal: analizar profundamente una propuesta de reforma que llegó al Congreso local y con carácter de urgente, antes de que sea aprobada al vapor, debido a que, a juicio de esos empresarios, tiene muchos cuestionamientos que deben revisarse.

Todo el meollo de esto, confió un constructor a La Unión de Morelos, es buscar quitarle la facultad a los ayuntamientos en lo que se refiere al otorgamiento de licencias de construcción y que éstas sean emitidas desde instancias de la administración estatal, lo cual restaría incluso posibilidades de ingresos propios a las presidencias municipales.

Vargas Romero advirtió incluso que lo anterior menoscaba la autonomía municipal y pidió a los legisladores presentes, entre éstos el presidente de la Comisión de Vivienda en la Cámara local, Jaime Álvarez Cisneros, y otros miembros de la misma como Víctor Manuel Caballero Solano y Norma Alicia Popoca Sotelo, valorar los contenidos de la iniciativa que pretende ser ley y primero llamar a todas las partes involucradas en el asunto, a discutir cabalmente las repercusiones en caso de que se aprobara tal cual. La petición fue aprobada.

Se manifestaron por la elaboración de un Plan Estatal de Desarrollo (PED) en el rubro de vivienda, en el que se pueda prever cul es el proyecto a desarrollar en una administración, ya sea estatal, municipal o federal en los periodos gubernamentales respectivos.

Incluso el legislador Álvarez Cisneros reconoció que esta importante rama de la economía morelense se encuentra deteriorada; que de unas 40 empresas desarrolladoras de mucha fuerza y capacidad quedan unas cuantas y ello se debe a que se viene presentando, desde hace tres o cuatro años, un serio problema de restricción en dicho terreno.

El presidente de Canadevi dijo que la construcción irregular es la que gana terreno y se habla de unas 52 mil acciones bajo tales circunstancias, por eso la reacción de los miembros de la Cámara, que llaman a abordar el asunto con prudencia y pensando sobre todo en las repercusiones en todos los sentidos, incluyendo a la social.

Otro dato que parece importante es que el déficit de vivienda en este momento en Morelos es alto y se recordó que mientras esa industria está casi en parálisis, hay a través de las instituciones competentes unos 200 mil créditos aprobados a igual número de interesados en obtener un lugar donde alojar a sus familias, pero no se pueden usar porque no existen esos espacios de casa habitación.

Y por supuesto, algo que igualmente fue motivo de reclamo, es el engorroso proceso que se tiene que enfrentar para poder lograr de las instituciones gubernamentales, en sus tres niveles, los permisos y licencias para poder iniciar una obra, ya sea grande o pequeña.

La expresión de Vargas Romero fue clara: “es una verdadera locura obtener la licencia, más allá de los costos que se tengan que pagar por ello”.

Cabe decir que entre los invitados especiales al encuentro estuvo el aspirante a la presidencia municipal de Cuernavaca por la vía independiente José Luis Urióstegui Salgado. Como que desempeña una responsabilidad en calidad de asesoría en la materia, quien agregaría que “emitir normas técnicas en materia de construcción es una facultad municipal o cuando menos concurrente entre los distintos niveles de gobierno, porque cada territorio tiene sus propias cualidades”. Más aún, abundaría, “la reforma excluiría a la Federación y al Estado en sus obligaciones de obtener licencias de construcción”.

Y algunos ediles llegaron porque el tema estaba muy ligado a su competencia e intereses; tanto así, que la misma Canadevi calculó que por el descenso en los rangos de la industria de la construcción, las alcaldías han dejado de percibir algo así como mil 250 millones de pesos, que para ellas son fundamentales, dadas las condiciones presupuestales en las que se encuentran.

Palabras más, palabras menos, los inversionistas del ramo intentarán por lo menos que esa propuesta sea desechada o modificada sustancialmente.