Desde luego que mientras más alto sea el cargo a buscar, mayores son los problemas para poder cumplir los requisitos impuestos por el Instituto Nacional Electoral (INE) y en lo que se refiere a la presidencia, pues hay que recabar cerca de un millón de firmas y luego mínimo el uno por ciento del padrón nominal en 17 entidades del país.

Los datos respecto a quienes buscan ese cargo en particular, muestran ya que sólo tres estarían en condiciones de sobreponerse a los obstáculos o “trampas” de los partidos, como consideran algunos analistas, y nos referimos al gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, Margarita Zavala de Calderón y Armando Ríos Pitter.

A casi 50 días para que venza el término legal, a fin de que cubran esos requisitos y puedan registrarse formalmente, el único que de manera sobrada tiene ya el número suficiente de apoyos ciudadanos es el ex mandatario neoleonés, con un 142% de las firmas requeridas;luego se ubica Zavala con el 74% y Ríos Pitter con el 52%.

La ex presidenta del sistema nacional DIF está cerca, pero en lo que toca a firmas, habrá que ver si al senador con licencia del PRD le alcanza el tiempo para hacer lo propio, va casi a la mitad; sin embargo, donde vienen padeciendo resistencias es en lo tocante al uno por ciento de la lista nominal de las entidades federativas.

Aquí también Jaime Rodríguez les lleva ventaja, tiene cinco, ella cuatro y el otro sólo uno. Así como van las cosas, a lo mejor sólo el gobernador con licencia y la ex panista se meten en la contienda, porque el otro va bastante lento en todos los sentidos y el resto de los suspirantes de plano no pintan.

Los días siguen corriendo y por temporada vacacional muchos de ellos son muertos o poco productivos para lograr sumar apoyos, así que a lo mejor les restan unos 40 días más o menos rentables; todo enero y la primera mitad de febrero.

Lo que se advierte también es que calcularon mal las necesidades económicas que para tal efecto se requerían y los números se les están disparando sin los resultados esperados, así que por lo menos en lo que tiene que ver con aquella enorme lista de unos 70 personajes que pretendían ir por la presidencia de la república, sólo quedan dos o tres en el camino.

Y francamente es lo mejor porque tampoco se consideraba muy prudente una elección con decenas de contendientes por un cargo. Lejos de representar un avance democrático provocaría confusión y dificultades para el electorado a la hora de decidir el sufragio.

En lo que se refiere a Morelos y a quienes van por esa vía como aspirantes al gobierno estatal, el primero que enfrentó obstáculos legales es el sacerdote con licencia Antonio Sandoval Tajonar. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) lo rechazó por no tener los cinco años que establece la Constitución después de haberse alejado del ejercicio eclesiástico, y a pesar de que ha amenazado con impugnar, es casi un hecho que no podrá contender.

De aquí a que se resuelva legalmente su asunto ya el tiempo se le habrá ido para poder recabar firmas. Pero igual que a nivel de presidencia de la república, aquí tampoco pasarán todos –son como media docena-  y nosotros pronosticaríamos que quizás el senador Fidel Demédicis Hidalgo o el ex diputado federal Mario Rojas Alba, con trabajo y presencia en algunos sectores, cubran los requisitos; para los demás no está tan fácil.

Esta nueva modalidad en la búsqueda de espacios de representación popular para nada ha puesto en riesgo el control monopólico que mantienen los partidos políticos históricamente. Algunos estudiosos del tema aseguran que todo eso fue muy bien calculado a la hora de aprobarse la reforma, precisamente para que no sucediera gran cosa.

Las posiciones de trascendencia como son la presidencia, las senadurías, las diputaciones federales, las gubernaturas y ayuntamientos de importancia, seguirán en manos de esos institutos políticos y a los independientes les concederán sólo migajas que en el contexto general de la política no representarán nada.

Por más cambios que -se insiste- se le hace a la ley electoral, a los ciudadanos nos siguen dando atole con el dedo; como aplicando aquella vieja expresión de “que todo cambie para que nada cambie”. Eso de que a todos los ciudadanos, por el simple hecho de ser mexicanos nos asisten los mismos derechos es una falacia; en la práctica la sociedad seguirá siendo rehén de los poderosos grupos que controlan el poder y las instituciones desde hace más de un siglo.

Como ocurre con la afición a cualquier deporte, sólo nos dejan el papel de espectadores, porque no podemos participar del banquete y de la distribución de las rebanadas del pastel; aunque seamos los que financiamos todo. Nosotros ponemos el dinero, ellos se lo gastan y no digamos que de la manera más honesta; hacen de él lo que en gana les viene.

Pero además, aquellos que en un rato de suerte logran meterse al grupo de privilegio y llegan actuando de manera distinta, son literalmente objeto de linchamiento. O le entran a la perversión y corrupción como los demás, o enfrentarán todo el peso de quienes tienen la toma de decisiones.

En la administración pública o la representación popular parece pecado ser honesto, leal y trabajador; quien así actúa es un apestado y en la primera oportunidad se deshacen de él porque pone en riesgo los insanos intereses de todos los demás que a eso van: a llenarse el bolsillo con lo que no les pertenece. Así que los resultados de la elección de julio del año que entra no modificarán mucho el mapa electoral y unos cuantos, de cientos que soñaron con una candidatura independiente, alcanzarán las urnas y con bastantes posibilidades de quedarse rezagados por la competencia desleal que se viene dando.