Ayer, líderes de la sección 15 de Rutas Unidas dieron a conocer el proyecto de modernización que han decidido aplicar para buscar la mejora integral en la prestación del servicio, tanto a nivel colectivo, como de itinerario fijo, comenzando por la conversión de unidades a gas natural, que reduce el costo de los combustibles y contaminantes en cerca del 50%.
Pero además, los autos vienen equipados con video cámaras para captar cualquier suceso relacionado con la inseguridad; una pantalla y hasta wi-fi, para ofrecer servicio de internet a los usuarios. Los automotores tienen la posibilidad de usar gas o gasolina, dependiendo de las circunstancias o lugares donde se encuentre.
Dirigentes como Aurelio Carmona, Arturo Bello o Erick García, éste último en lo que toca a taxis, ofrecieron a los medios informativos una amplia explicación respecto al tema y se antoja interesante, porque la idea apoyada por Nacional Financiera, a partir de un fideicomiso, es convertir al 100 por ciento de la flotilla.
Por lo menos en lo tocante a la Ruta 15, que opera tanto en la zona centro del estado como en la surponiente, va por la mejora integral de tres mil colectivas y 10 mil autos de servicio sin itinerario fijo. Hay la intención incluso de adicionar un botón de pánico para redondear el plan.
El planteamiento es interesante para ellos. Seguirán pagando el litro de gas a razón del costo de la gasolina, pero ese excedente será abonado como pago de la unidad y en determinado tiempo será de su propiedad. Es decir, con esa diferencia entre gas y gasolina pagarán su auto con un costo promedio de 250 mil pesos, a través de NAFIN. No se antoja nada mal.
La meta es alcanzar mil colectivos y tres mil taxis durante el 2018; ya comenzaron con las primeras diez, como muestra. Frente a comentarios en el sentido de que detrás de ellos había intereses de figuras gubernamentales o de partido, se aclaró que es un esfuerzo propio, en el que sólo esperan que las autoridades no ofrezcan resistencia.
Si el plan funciona, los niveles de contaminación por el flujo vehicular en las zonas urbanas intensas disminuirá considerablemente y eso es otro punto interesante. Por cierto algunos líderes señalaron que desde hace un buen tiempo no se había hecho nada en esa materia, ya que existía la amenaza de poner en marcha el sistema denominado “Morebús”, que representaba una competencia desleal para sus intereses.
Pero ahora que esa modalidad está descartada, decidieron echar a caminar dicha acción que ofrecería una mejora en la prestación del servicio a los usuarios. Claro, ahora sería conveniente que otras organizaciones de permisionarios hicieran lo propio, porque a nivel estado existen muchas.
Ahí está por ejemplo la Federación Auténtica del Transporte, sólo por citar a alguna. De ese modo el avance en materia sería mucho más amplio y se entraría en una etapa de mejora sustancial, porque apenas hacíamos mención en este espacio, de que las condiciones que hoy presentan los prestadores del servicio público de transporte son deplorables.
En la zona conurbada de Cuernavaca quizás más del 50% de esos automotores ruedan de milagro y debieran sacarlos de circulación, pero los intereses evidentes con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) hace posible que continúen trabajando. La de ayer fue sólo una presentación, ojalá no se quede ahí sólo para la imagen y se transforme en hechos, sin embargo, se les vio muy animados.
POR MODIFICACIONES AL 123, PROTESTAN AGRUPACIONES
Por otro lado, algunas organizaciones de corte laboral, apoyadas por la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), se manifestaron en contra de lo que afirmaron, es un retroceso en el contenido del artículo 123 constitucional referente a los derechos laborales. Se presentaron como parte del Observatorio Laboral, que aglutina a sindicatos independientes, académicos, organizaciones sociales y estudiantes para exigir una discusión más amplia y abierta, respecto al proceso de reglamentación en el intento de reforma al citado artículo.
Sostuvieron que lo anterior surge a partir de que un grupo de abogados empresariales, respaldados por funcionarios que actuaron en la opacidad, presentaron esa iniciativa lesiva al interés del trabajador. La misma ya es analizada por las cámaras de senadores y diputados y es un retroceso en los derechos colectivos. Se precisó que la intención es eliminar los límites que establece el artículo 15 “A” de la Ley Federal del Trabajo en lo relacionado al uso de las subcontrataciones, destruyendo toda protección laboral.
La CIDH, a través de su vocero José Martínez Cruz, señala que lo anterior es un grave retroceso, que permite la injerencia de los sindicatos pro empresariales en asuntos que sólo competen al sector laboral y con una clara intención de hacerlo de manera sigilosa, de ahí que se venga reclamando llevar el tema a una amplia discusión para que se analicen sus efectos.
Y agregó que esa iniciativa viola el derecho de asociación y contratación colectiva y blinda los contratos colectivos de protección patronal, acción contraria a los compromisos internacionales, como el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se imponen reglas procesales que en caso de despidos, dejan a los empleados en la indefensión.
La advertencia va en el sentido de que darán la batalla para impedir que se concreten los hechos, en una clara idea de seguir atropellando las conquistas laborales históricas en México, ya violentadas a partir de las reformas laborales aplicadas en el presente sexenio.
Martínez Cruz destacó que el sector obrero se mantendrá en constante movimiento en todo el país hasta que el Senado de la República permita la discusión abierta en todos los espacios y en todo caso se logre un acuerdo de consenso que impida tales atropellos.
Y cientos de organizaciones sindicales de todas las ramas de la actividad laboral, civiles, no gubernamentales, académicas firman un comunicado conjunto, para advertir que van en una lucha masiva en defensa de sus intereses, frente a una embestida que califican como muy grave.
