Vamos hacia el último año de administración en el gobierno federal y el país sigue padeciendo un delicado clima de inseguridad y delincuencia de alto impacto que provoca terror y miedo en muchos estados de la república. Morelos se hace presente, sobre todo con lo que viene pasando al sur de Cuernavaca, en el municipio de Temixco.

Y en medio de ese ambiente, vuelve a aparecer el aspirante presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, con otra expresión que sigue siendo objeto de polémica y que invitó a la reacción de toda clase de personajes, tanto de la vida política, como de la empresarial.

Aquello de que si llega a ganar las elecciones del próximo año, estaría proponiendo ofrecer amnistía a quienes se dedican a delinquir, ya sea en la distribución de enervantes, el consumo de drogas, el secuestro o en el asesinato de semejantes. O sea, les estaría concediendo el perdón por las atrocidades cometidas al interior de la sociedad.

La condena a tal atrevimiento ha sido casi total, sin que falten aquellos que, seguramente por beneficiarles, lo consideren procedente. Y todo eso ha llevado a que analistas y especialistas aborden el tema, comparándolo con acciones tomadas por algunos países de centro y Sudamérica; caso específico, los acuerdos pactados entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sólo que la conclusión es que se trata de dos cosas muy diferentes, aunque existan crímenes, hasta de lesa humanidad de por medio. En lo que se refiere a casos como el de Colombia o Chile, la amnistía se dio a grupos calificados de rebeldes o guerrilleros, que venían luchando por la emancipación, la democracia y la justicia social.

O sea, si bien había delitos que perseguir de acuerdo con la ley, esos movimientos traían una mística diferente a lo que ocurre en México en lo referente a esa delincuencia organizada. Que sepamos, los cárteles de la droga no operan en función de los intereses colectivos, mucho menos a favor del bien del pueblo; por el contrario, van eliminando todos aquellos obstáculos que estorban a sus sucias y perversas ambiciones muy personales.

En lo que tiene que ver con esos hechos en las naciones antes mencionadas, la decisión de amnistía terminaba además en la inclusión de dichos grupos en las estructuras gubernamentales, porque la batalla era en parte por eso, lograr espacios de decisión en los poderes oficiales para darle voz a los gobernados.

En nuestro país el asunto es absolutamente diferente. Ahora bien, se le concede el perdón a todos esos grupos violentos y ¿cree usted que con ello se volverán buenos ciudadanos y abandonarán sus actividades delincuenciales? Nosotros diríamos que no. Continuarían con lo mismo, sembrando más delitos porque es su modus vivendi y seguramente que no dejarían sus ganancias millonarias por ser incluidos en algún programa gubernamental asistencialista.

Por donde se quiera ver esa oferta de AMLO, efectivamente se antoja descabellada y quien cuente con algo de razonamiento y sensatez admitirá que es una locura u ocurrencia, cuyo error le costará al aspirante presidencial desconfianza en todos los sectores, pero más en aquellos con algo de formación política y educativa.

Insistimos, el abanderado de Morena viene dando saltos hacia atrás. La pregunta sería: ¿Lo hace de manera inconsciente o premeditada? porque se supone que se trata de un personaje con amplia trayectoria en la materia y hasta cierta experiencia en el quehacer gubernamental. ¿O es acaso una estrategia para buscar reacciones y presidir los temas de la agenda nacional? Como que tampoco se ve lógico. A menos que también ya venga en acuerdo con el resto de los monopolios de poder y esté abonando en su derrota. Por donde se revise el caso, parece un terrible error del tabasqueño.

Pero volviendo al tema del principio, la nación está inmersa en un grave problema de delincuencia desde hace 11 años. Recordemos que desde el momento en el que Felipe Calderón Hinojosa tomó protesta como presidente de la república aquel primero de diciembre del 2006, inició el fuego cruzado entre las fuerzas del orden público –sobre todo el Ejército- y las pandillas de delincuentes. Algunos medios de información nacional dieron fe de las cifras rojas causadas por la delincuencia organizada en esos seis años.

El periódico Excélsior con base en diversas fuentes sumó 121 mil, pero El Universal las elevó a 300 mil. A cinco años de la gestión de Enrique Peña Nieto las cosas no han cambiado mucho. Hasta finales del año anterior, se hablaba de más de 70 mil decesos relacionados con tal fenómeno.

Todo eso ha llevado asimismo a la aprobación de una ley en materia de seguridad que regula y valida la intervención del Ejército en actividades de combate contra la delincuencia, tema igualmente polémico, que despierta reacciones de algunos grupos de defensa de derechos humanos que amenazan con interponer una controversia constitucional por considerar que se militarizará la república.

El problema sin embargo, es que aún sin las normas que lo permitieran, ya las fuerzas armadas nacionales andan en las calles, desde comienzos del gobierno calderonista. Lo que se hizo fue normar la intervención para que ya no sea considerada una violación a las leyes.

Pero es casi seguro que tampoco lo anterior resolverá el grave nivel de inseguridad que padecemos los mexicanos. Como dijeran algunos políticos en el pasado: cuando hay hambre, marginación y extrema pobreza, además de corrupción y complicidad de la autoridad con los mañosos, ni con un policía en la puerta de cada familia se terminaría con ese cáncer.

Lo que el pueblo reclama a gritos desde hace mucho, es que vuelva la decencia, la honradez y la vocación de servicio en el desempeño de los políticos. Es la miseria y ausencia de oportunidades la que lleva a buena parte de los delincuentes al desarrollo de esas actividades por encima de la ley.

Mientras el dinero de nuestros impuestos continúe engordando el bolsillo de “servidores públicos” y “representantes populares” carentes de moral, decencia y entrega por las causas colectivas, ninguna norma y ni la Marina, Armada de México o Ejército podrán devolvernos la paz perdida hace 11 años.