Ante la incapacidad o la falta de voluntad de las autoridades para aplicar la ley en algunas actividades humanas, rubros como el ambulantaje, el pirataje en la prestación del servicio del transporte público e incluso la inseguridad, parecieran enfermedades incurables que no han logrado ser erradicadas ni con la llegada de la alternancia en el ejercicio del poder público.

En lo referente a los ambulantes, que invaden casi todos los espacios públicos en pueblos y ciudades, pero particularmente en grandes centros urbanos como Cuernavaca, Cuautla o Jojutla, vemos en efecto una insuficiente presencia de los regímenes municipales y el estatal.

Bajo el argumento de que se trata de familias carentes de una fuente de empleo formal, existen incluso grupos u organizaciones dedicadas a fomentar esa actividad, como ocurre con el Nuevo Grupo Sindical, que es el que ampara y protege a la mayor parte de quienes venden en calles, banquetas o plazas del centro de la capital, sin contar para ello con los permisos requeridos y sólo con la aportación de algunas cuotas a sus protectores.

El reclamo de aquellos que se apegan a derecho, cuidando siempre contar con los permisos y la documentación en regla, e incluso aportando los impuestos que marcan las normas, no tienen mayor eco, a pesar de que los informales en poco o en nada contribuyen a las arcas públicas como debería ser.

Es una enfermedad que se sigue extendiendo cada vez más, con la complacencia de las instituciones que tienen el deber de salvaguardar el orden y la disciplina, pero que han preferido no meterse en problemas o peor aún sacar ciertas ventajas monetarias de ello en detrimento de los ciudadanos.

Porque casi siempre se adueñan de los espacios que son de uso común; es decir de las calles, las banquetas y los lugares de esparcimiento como las plazas, aunque también es un golpe al comercio formal, ya que se trata de una competencia desleal, éstos tienen que estar siempre al día con sus permisos y pagos, aquellos no aportan casi nada.

Y no es para dar facilidades a algunas familias de contar con algún ingreso económico, porque en su absoluta mayoría, esos vendedores ambulantes o semifijos son en realidad comerciantes que ya cuentan con algún establecimiento en plazas como Lido y Degollado en el centro de Cuernavaca o en todo caso, que obedecen a monopolios en función de uno o dos vivales, como ocurre con las mujeres indígenas que ofertan toda clase de artículos de artesanía que además son explotadas inmisericordemente.

Pero también el “pirataje”, en los que se refiere a la prestación del servicio público del transporte es otro mal histórico que desde hace décadas está presente, ya que la Secretaría de Movilidad y Transporte les permite desarrollar dicha actividad sin tener los permisos y las placas para ello obligatorias.

En esto, como en el ambulantaje, se trata de unidades que necesariamente deben contar con el aval y la tolerancia de transportes, porque de otra manera no sería tan fácil manejarse con tal impunidad; las multas ahora son altísimas para quien tenga que ser sancionado por ese concepto. Con una sola infracción sería suficiente para mandarlos a la quiebra, así que más bien andan protegidos por las instancias “competentes”.

Aquí muchos autos son propiedad de algunos líderes del gremio que ya disponen de varios permisos, tanto en lo referente al servicio de taxis como de rutas o colectivos. Bueno, las mismas instancias oficiales admiten que hay circulando muchos automotores con la misma placa. Aunque también hay cientos de unidades que trabajan con aparente aval de la SMyT a partir de la entrega de ciertas cantidades económicas. O sea, una cadena de omisiones y actos de corrupción son los que permiten esa anarquía, tanto en lo que toca al comercio informal, como al del servicio del transporte.

Un argumento recurrente, mediante el cual se intenta justificar el incumplimiento de la ley en ambos casos, es que con ello se evita que se tenga pretexto para delinquir, permitiendo alguna actividad remunerativa; no obstante, muy en particular respecto a los irregulares en el servicio del transporte, más bien se han convertido en un instrumento ideal para el delito.

Ha quedado constancia de que esas unidades fuera de la norma propician el robo, el secuestro, las violaciones, porque al no estar perfectamente identificadas, pueden ser destinadas para actos al margen del estado de derecho, pero tampoco eso ha obligado a las instancias públicas a combatirlas de manera decidida.

No es un hecho privativo del estado de Morelos o de algún municipio en lo particular, se trata de algo extendido a todos los estados de la república, aunque hay entidades que tienen mayor control y orden al respecto, a partir de la adaptación de sitios específicos, en el caso del comercio.

La capital de nuestro estado y algunos municipios conurbados presentan serios problemas en los tres temas arriba descritos; los sitios públicos, que debieran ser del ciudadano, están invadidos por todo tipo de vendedores, que además le dan pésima imagen al entorno, al no disponer de espacios en un orden específico.

Lo peor de todo es que como sociedad ya nos acostumbramos a que nos arrebaten lo que es nuestro y no somos capaces de reclamarle a las instancias competentes el cumplimiento de su deber y mientras eso suceda el fenómeno continuará acrecentándose como ya lo vemos por todas partes.

En medio de todo lo anterior, sobresalen intereses de carácter político-electoral; son acciones que llevan el propósito de crear compromisos partidistas en acciones que se encuadran dentro de un movimiento de corporativismo que fue muy característico del priismo.

Una de las formas de corresponder a eso favores, por parte de los beneficiados, es apoyar cualquier movimiento gubernamental, ya sea municipal o estatal y desde luego ir a votar a favor de los candidatos del partido en el gobierno cuando se presente esta oportunidad.

Claro, esas omisiones también derivan de la incapacidad de las estructuras de gobierno, para crear las oportunidades de empleo que como pueblo demandamos y requerimos. Hay que mantener apaciguados los ánimos a costa de lo que sea, aunque se violen las leyes y las normas que nos rigen y que juraron cumplir y hacer cumplir.