El golpe de imagen causado a la administración pública federal a consecuencia del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca es enorme, llevamos una semana y un día a partir de aquel suceso ocurrido el pasado 12 de julio y todavía el tema sigue siendo objeto de análisis, comentarios y, sobre todo, condena para los presuntos responsables en tan abominable hecho.

Lo habíamos anticipado, luego de lo ocurrido, la lucha se iría al ámbito legal y a estas alturas hay una serie de denuncias de carácter penal en instancias federales como la Procuraduría General de la República (PGR) y otras más en proceso de parte de asesores jurídicos de los familiares de los difuntos, que colocan al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, en el banquillo de los acusados.

Habrá que ver cuánto tiempo más aguanta la presión el presidente Enrique Peña Nieto, a quien se le exige la cabeza del funcionario, pero mientras más se tarde en tomar una decisión al respecto, mayor será el daño político a toda la administración pública, de ahí que se advierta que, al final, el secretario de despacho tomará distancia, si es que no quiere seguir siendo factor de desgaste en la imagen pública de su jefe.

Este descalabro vino a echar por tierra todo un esfuerzo desarrollado a lo largo de los cuatro años y medio de gobierno de Peña, orientado a ampliar y a modernizar las vías de comunicación en México. Por lo que se ha podido apreciar, sí se viene invirtiendo una suma considerable del presupuesto público en el rubro, y las acciones ya entregadas a la sociedad venían amortiguando un poco la percepción que la población tiene de este gobierno, al admitir que en algunos rubros se tienen significativos avances, y uno de esos es el de la apertura de nuevas carreteras, puentes vehiculares, túneles y autopistas, como la Siglo XXI en nuestro estado, que pudiera ser inaugurada a finales de septiembre.

No obstante, el famoso socavón llevó a que la percepción colectiva comenzara a cambiar y no sólo a nivel local, sino nacional, porque los medios masivos de información se han estado encargando de llevar la noticia a todos los rincones del país, presumiendo que la mala calidad de la obra, que ocasionó el percance aquí en Cuernavaca, se replica en la mayoría de los proyectos desarrollados y en vías de ser entregados, en otros confines de la nación.

Pero se continúa observando una reacción tibia de parte de las esferas gubernamentales superiores y ni siquiera se habla con claridad respecto al destino que debe correr el ahora ex director del Centro SCT Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, que, si bien fue destituido casi de inmediato, merece mucho más que eso. Así que en principio tendríamos que estar ya avanzando en alguna investigación, a fin de probar omisión en sus obligaciones sobre el asunto para fincarle responsabilidades, pero no pareciera ir por ahí la cosa cuando es el principal responsable de manera directa.

El Centro SCT Morelos era el que debía estar vigilando que Aldesa, la concesionaria de la obra, hiciera el trabajo de acuerdo a las especificaciones del contrato. Más aún, lo que ahora queda bastante claro es que, precisamente en relación al sitio donde se generó el socavón, se había advertido a Alarcón Ezeta de lo que podía acontecer y el señor no movió un dedo para evitarlo, cosa que lo hace culpable de los dos decesos.

Pero como en ese punto, que hoy es materia de satanización de toda la obra generada en el país, hay reclamos insistentes respecto al mal uso de la vialidad, que fue diseñada para atender problemas de tráfico en función de aquellos que van de paso y no de las necesidades locales, de ahí que lo menos que debe hacer la SCT es concederle el derecho de uso a los morelenses con la apertura de ventanas.

El Paso Exprés, que debiera ser una inversión que le diera reconocimiento y agradecimiento al gobierno de parte de la sociedad morelense, es más bien el origen de crítica y repudio, por los errores y presumibles actos de corrupción cometidos en su ejecución. El monto del dinero destinado a ello fue el suficiente como para entregar un trabajo de primer mundo, más de dos mil 200 millones de pesos.

Cualquier evaluación y revisión de la obra fácilmente podría concluir en que su valor real acaso alcanzará los mil millones de pesos, entonces, el resto nunca se ejerció y acabó, como suele ser siempre, en manos de los desarrolladores y de los funcionarios que permitieron toda clase de irregularidades, a fin de ahorrarse una lana que, a la postre, provocó la pérdida de vidas.

Claro, hoy el centro de atención se da en función de los dos fallecidos, pero no debemos olvidar que el mal manejo estratégico de la obra causó más de 400 accidentes, que en mucho también tuvieron su origen en omisiones y descuidos de quienes tenían que atender todo lo relacionado con señalización y medidas de precaución a los usuarios de lo que era el libramiento oriente de Cuernavaca.

El tema para nada está concluido, habrá que esperar cuál es la decisión superior en relación a la petición de que Ruiz Esparza sea removido de la posición, pero todavía vamos a tener una serie de reacciones de índole popular, que continuarán demandando la apertura de la vialidad a todos y no para unos cuantos que ni siquiera nos benefician en alguna compra porque su destino es el puerto de Acapulco.

Pero como que ni la andanada de críticas ablanda la actitud de esos servidores públicos. ¡Mire que pretender apagar el fuego y el dolor de los familiares de las víctimas con un millón de pesos de indemnización! 

Francamente da tristeza ver la calidad moral de dichos personajes, que piensan que con unas monedas se puede resolver cualquier desgracia, aunque existan vidas humanas de por medio. Qué bueno que la familia rechazó la intención, porque ha sido una ofensa imperdonable más, que igualmente debiera ser sancionada, pero que ya es mucho pedir dado el nivel de inconsciencia con el que se conducen figuras públicas como esas.

Pero de algo deberá servir el sacrificio de esas vidas, porque luego de todo el escándalo que ha ocasionado, seguramente en lo sucesivo se tendrá más cuidado de no robar tan a lo descarado y de cumplir en mayor medida normas de calidad en acciones que se vienen desarrollando en el resto del país.