El tema relacionado al socavón del Paso Exprés en Cuernavaca continúa siendo materia de análisis y observación en medios a nivel nacional, la revisión de los antecedentes en la asignación del contrato a la empresa ALDESA, previa licitación, ofrece una serie de irregularidades y muestra que de un presupuesto inicial pactado con la constructora de unos mil 45 millones de pesos, se acabaron ejerciendo más de dos mil 200 millones; o sea, la cantidad duplicó las cifras previstas en los contratos.
Pero igualmente se revela que en los resultados de la licitación, el consorcio reprobó en lo que se refiere a experiencia y capacidad para desarrollar proyectos de esa naturaleza, que reclaman mayor conocimiento en la materia y aún así se le adjudicó, con las consecuencias que ya todos sabemos y que sitúan hoy al secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza en el banquillo de los acusados, porque desde distintas trincheras se insiste en que el presidente de la república Enrique Peña Nieto debería aplicar cambios en la dependencia para quitarse un poco de presión.
Morelos y particularmente Cuernavaca sigue siendo tema informativo de alto nivel a partir del desafortunado percance, sin embargo, aquí los nuevos mandos de la dirección del sector SCT local mantienen una inamovilidad y nula respuesta, a la insistencia en el sentido de que abran la vialidad a la circulación local a partir de ventanas de unos 300 metros en salidas y entradas fundamentales para la ciudad y municipios cercanos, a fin de satisfacer demandas múltiples.
El caso del Paso Exprés sin embargo ha abierto un enorme boquete en lo que tiene que ver con el desempeño de la SCT en el resto del país, porque las revisiones obligadas, derivadas de ello, vienen encontrando fallas similares en obras diversas del territorio nacional, de ahí que continúa siendo un asunto de alto interés en materia informativa más allá de Morelos.
No sólo eso, políticamente se aprecia ya un choque de posiciones y versiones entre niveles de autoridad estatal y federal.
Lo que se admite es que ninguno de los dos anteiores delegados tenía nivel para manejar una posición tan significativa como ésa; Ezeta venía de una institución de enseñanza en Inglés y de comunicaciones y transportes tal vez sabía lo que usted y yo conocemos de astronomía, pero lo pusieron al frente y ahí están los resultados. Desde el comienzo de la obra hasta la fecha han fallecido más decenas de personas, seres humanos que tenían familiares, que quizás dejaron hijos en la orfandad y por lo cual los responsables deberán pagar. Pero por ahora, urge que esta vía rápida se utilice al 100 por ciento por los morelenses, comenzando con la apertura de entradas y salidas al menos en cuatro puntos.
CORRUPCIÓN SIN LÍMITE
En otro asunto, la ausencia de ética y compromiso de políticos y servidores públicos en este país, estado o municipios, nos ha llevado a casos extremos de corrupción, componendas y tráfico de influencias que lejos de disminuir ante las condiciones económicas adversas, parecieran acrecentarse y convertirse en sucesos cotidianos y cada vez más frecuentes.
Mucho se ha insistido en que ahora las dependencias oficiales, ayuntamientos y poderes públicos, se utilizan como bolsas de trabajo para familiares, amigos y recomendados de quienes tienen influencia y capacidad de decisión en esos espacios de la administración pública. No obstante, a veces se llega al exceso y así parece mostrarlo el asunto relacionado con el legislador local y ex alcalde de Axochiapan, Rodolfo Domínguez Alarcón.
Ya ve que se ha generado toda una reacción a partir de que ha logrado conseguir una jubilación de 60 mil pesos para su pareja sentimental, con sólo tres años de labor en el gobierno de aquel municipio, que tampoco genera antigüedad porque era la presidenta del sistema municipal DIF, en su calidad de esposa de quien era entonces alcalde.
Ya incluso se generó un movimiento de parte de abogados en materia laboral, que por su cuenta han advertido que solicitarán al Congreso local se revoque el decreto de jubilación, que viene soportado con supuestos documentos que dan fe de que la señora trabajó para los ayuntamientos de Amacuzac, Tetecala y Jojutla como asesora, que desde luego es un argumento que deberá probarse.
Por lo menos ya los abogados Juan Juárez Rivas, Renato Ortiz Rubio y Miguel Ángel Osorio Aldana elaboran un documento para exigir al Poder Legislativo se revise el caso de fondo, por la evidente falsedad de datos en el proceso de jubilación. Pero no sólo eso, Ortiz Rubio sostuvo que además de los 60 mil pesos que la jubilada cobra en el Ayuntamiento de Axochiapan, está dada de alta en la nómina de la Cámara local con dos hijos, una nuera, hermanos y hasta la suegra.
El caso es de llamar la atención, porque 60 mil pesos son demasiado para alguien que “prestó” servicios en una alcaldía como ésa, donde los ingresos de cualquier servidor público tienen que ajustarse a las condiciones económicas en que se vive y éstas no son muy bondadosas, de ahí que el tema comenzara a despertar sospechas.
Pero el señor “representante popular” dice que no tiene porqué darle explicación a nadie respecto al tema, amparado en su investidura, sólo que se va a topar con algunos abogados que son auténticos guerrilleros en materia laboral y si deciden profundizar al respecto no la pasará muy bien que digamos; por lo visto, será bastante fácil demostrar que en torno el tema que nos ocupa hay hechos de corrupción que merecen una explicación, porque hablamos de dinero público en todo eso.
Pero, reiteramos, éste es un caso de decenas que se vienen dando hoy día en distintas esferas del poder público; bueno, hasta en algunos tribunales federales hay bastante tela de donde cortar, sólo es cuestión de hurgarle un poquito para darse cuenta de toda clase de sucesos similares en los que priva el nepotismo, el tráfico de influencias de personajes que hacen del dinero de todos un negocio personal, por eso, cada vez son menos los recursos destinados a inversiones del bien común, debido a que el mayor porcentaje del presupuesto es desviado para fines indebidos.
