Pero al paso de los años, el padrón de jubilados, en lo que se refiere al estado de Morelos, ha crecido de manera importante, a tal grado que de acuerdo a la Subsecretaría de Ingresos, representa el 33% de todo el gasto anual de nóminas.

Cada año se destinan más de 900 millones de pesos en salarios, de ello 300 millones corresponden a los jubilados y pensionados que hoy son más que los sindicalizados.

Los integrantes del sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo andan en el orden de mil 200, los jubilados son cerca de 2 mil 900 y esto representa una pesada carga económica que amenaza con superar la capacidad presupuestal para cubrir su ingreso mensual.

Bueno, hay por lo menos tres organizaciones de jubilados y pensionados, porque su número da para eso y mucho más. El asunto es que ya desde altas esferas gubernamentales se corre lápiz, con la intención de buscar una salida antes de que el asunto haga crisis.

Y es que en este proceso de jubilaciones hay, como suele darse en casi todas las actividades oficiales, inconsistencias e irregularidades que reflejan influyentismo o amiguismo en lo que compete a los beneficios de los mismos.

La dirigente de la asociación de jubilados, Lilia Ocampo, decía por ejemplo que mientras la mayoría de sus más de 600 afiliados tiene una pensión entre 1 mil y 2 mil pesos, hay por lo menos 50 personajes con ingresos entre 70 mil y 90 mil mensuales.

Es decir, una serie de privilegios logrados al amparo del ejercicio del poder público y que abonan en un gigantesco monto presupuestal para poder cumplir con puntualidad en este compromiso.

Más aún, por razones que nadie se explica, aquellos con ingresos exorbitantes hasta hoy, están aportando como cuota al instituto de Crédito de Gobierno estatal, una cantidad simbólica comparada con lo que debe ser.

Se ponía el ejemplo de Hugo Bello, con una pensión mensual entre 70 mil y 90 mil, sólo viene dando 60 pesos a esa institución. Mientras que aquellos que tienen un pago de 5 mil pesos, reciben descuentos de 170 pesos mensuales.

Afortunadamente esto ya se sometió al análisis y revisión con el director general del instituto, Enrique Iragorri Durán, y se espera que a partir de la próxima ministración, a personajes como el antes mencionado se les descuente cerca de mil 500 pesos como correspondía desde el principio.

La cosa es que la decisión no es retroactiva y durante muchos años no aportaron prácticamente nada. Eso se llama injusticia y reiteramos ¿por qué se venía permitiendo?

Pero volviendo al monstruo de las jubilaciones, se cuenta ya con el proyecto de integración de lo que se denominará Instituto de Pensiones y Prestaciones, que intentará regular este terreno y buscar acotaciones y medidas a fin de evitar prolongar la agonía en la disposición de fondos al respecto.

El modelo habla de un fideicomiso con aportaciones bipartitas. Es decir del Gobierno estatal y de los mismos trabajadores, para acrecentar un monto que la administración pública estaría abonando como inicio.

Pero hay otros puntos que igualmente intentan prolongar los años de prestación de servicio y la edad del trabajador para poder alcanzar su jubilación, y es aquí donde los burócratas en activo han dado el grito en el cielo.

Dicen que les están agrediendo sus derechos y por lo tanto darán la batalla en contra de tal reforma. Sin embargo, la expresión es que con ello están matando la gallina de los huevos de oro, porque pudiera llegar el momento en el que, por insuficiente liquidez, se les dejara de pagar y eso sería mucho más grave.

Claro, este no es un fenómeno privativo de Morelos, está presente en casi todas las entidades federativas del país e incluso en el Gobierno federal, salvo aquellos estados donde ya hay Instituto de Pensiones, que son uno o dos.

Sin embargo, eso tampoco sirve de consuelo, urgente es encontrarle la cuadratura al círculo y buscar una salida que no será nada fácil, porque en los tiempos en que nos encontramos pudiera convertirse en problema político electoral.