Las intervenciones a nombre de las respectivas fracciones parlamentarias en tribuna más bien se orientaron, en alto grado, a abordar el delicado tema de las relaciones México-Estados Unidos y los conflictos que en todos los ámbitos viene provocando la llegada a la Casa blanca, del presidente norteamericano Donald Trump.

Es decir, llamados a la unidad, a la defensa de la soberanía y del territorio nacional, suma de esfuerzos en torno al presidente de la república Enrique Peña Nieto y en general asuntos en los que poca o nula incidencia podemos tener, como uno de los estados más pequeños de la Federación. Sin embargo, uno de los legisladores dijo algo bastante cierto, mientras de aquel lado de la frontera y hasta promovido por ciudadanos de esa nación hay protestas contra la expulsión de indocumentados y contra la construcción del muro, acá todo no hay acciones concretas.

Y es que por el lado de los indocumentados, sobre todo, Morelos puede enfrentar dificultades serias si Trump cumple aquello de deportar a nuestros connacionales, ya sean ilegales o con antecedentes penales, porque son algunos.

En promedio, en la Unión Americana hay más de 300 mil morelenses y quizás un 50% pudiera estar de regreso. Hay que generarles oportunidades de empleo porque la mayoría tiene familia a la cual atender, por eso el punto no es despreciable.

Pero entre algunos conceptos vertidos por los diputados, hay dos o tres que vale la pena referir, porque así sea en teoría y discurso, por lo menos hubo voluntad para abordarlos, debido a que representan una exigencia y reclamo popular.

Entre éstos, lo relacionado al fuero constitucional del que gozan los representantes populares y que en buena medida se usa para cometer actos arbitrarios, sin el riesgo de ser alcanzados por la justicia. Ahí pensamos que hay mucho que debatir y analizar, para que por lo menos se le limiten los alcances, pero no los proteja de hechos fuera de la ley.

El otro es aquel que tiene que ver con los legisladores que llegan a partir de la vía plurinominal, que en esencia no representan al pueblo, pero que suelen ser los que controlan los recintos legislativos, porque se trata de posiciones de los partidos políticos.

Hace mucho que la demanda popular se ha centrado en la urgencia de aplicar modificaciones a la ley electoral y reducir el número de espacios en los congresos, ya sean locales o federales, porque son una pesada carga económica para los contribuyentes de este país o del estado.

No se requieren tantos diputados, porque además los resultados tangibles de su trabajo a favor de la población son casi imperceptibles, es dinero mal invertido. Pues el tema se abordó de parte de algunas fracciones y ojalá que comiencen a revisar el asunto, pero en serio.

Y por supuesto, el cuestionado tema de las prerrogativas para los partidos políticos, que a decir de uno de los ponentes en tribuna, representa, nacionalmente, algo así como 68 mil millones de pesos que nadie sabe en qué se invierten y para qué nos sirven a los mexicanos.

Las elecciones continúan siendo severamente cuestionadas, eso de vivir en democracia parece una falacia, continúan siendo las mañas y la compra de conciencias los mecanismos recurrentes de los partidos o candidatos para ganar las elecciones.

Esas sumas escandalosas de dinero a los ciudadanos no nos benefician absolutamente en nada y el que se propusiera buscar por lo menos una reducción, es ya una ventaja, por algo se tiene que empezar, más ahora que no hay dinero y los pronósticos en el futuro inmediato son reservados.

Claro, del dicho al hecho suceden muchas cosas, habrá que darle seguimiento a esos tres puntos, porque como quiera que sea, sí mostrarían que por lo menos hay algo de voluntad de los políticos para responder las inquietudes colectivas de mucho tiempo atrás.

Quienes ejercen el poder desde los tres niveles de gobierno y los tres poderes, tendrán que empezar a entender que las cosas no pueden seguir como hasta ahora, que el derroche del dinero público raya en el exceso y ello es motivo de irritación popular que bien pudiera empujar a acciones de otra naturaleza, poniendo en riesgo la paz y tranquilidad social.

Después de todo lo que venimos como gobernados enfrentando los recientes meses, debe obligar a una modificación en el comportamiento de las autoridades. Hay que aplicar las leyes a quienes las transgredan, sin importar clases sociales o posiciones en los regímenes gubernamentales.

El contribuyente ya no puede más, ha agotado todas sus fuerzas –obligado por los propios políticos- y prácticamente está arrinconado, sin márgenes de salida de sus problemas cotidianos, que convergen generalmente en la falta de satisfactores para enfrentar las necesidades de cada día al interior de la familia.

Por ahí observamos pues algunas expresiones más o menos conscientes de lo que está pasando en las calles, barrios y poblados y por algo se tiene que empezar.

En el caso de Morelos, ateniéndonos a nuestra realidad, con 15 diputados locales sería más que suficiente para desarrollar las tareas legislativas. En lo que se refiere al fuero, colocar algunos candados y limitantes, o sea protección para que los representantes populares puedan desarrollar sus tareas con libertad, pero no para ser impunes ante cualquier delito que cometan.

Y en lo que toca a las prerrogativas de partidos, francamente cada instituto debería gozar de autonomía financiera, con base en la afiliación de la militancia. Aún en sus tiempos, como partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) basaba en las cuotas parte de su financiamiento y como que al paso del tiempo, es algo que se viene olvidando y haciendo de lado.

Desde luego que hay motivos, antes, quienes pertenecían a algún partido, lo hacían por convicción ahora lo hacen por interés, lo que buscan es el acomodo. Hoy son priistas, mañana perredistas o panistas, el amor a la camiseta es cosa de la historia.