Ayer, la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) daba fe de las estadísticas preocupantes que se siguen presentando al respecto y más allá de buscar culpables institucionales sobre el tema, más bien se tendría que profundizar a fin de tratar de ver cuál es el origen.

Los datos revelados por el vocero de la CIDH, José Martínez Cruz, y la coordinadora de investigaciones de esta Organización No Gubernamental (ONG), Paloma Estrada Muñoz, no son muy alentadores que digamos. Los casos son alarmantes: en lo que toca al 2016, algo así como 97 feminicidios.

Ahí no se abundó mucho en lo referente a las causas, pero datos al respecto llevan a que la absoluta mayoría de los sucesos derivan de diferencias entre parejas, en no pocos casos, matrimonios con serios conflictos internos, lo que dificulta mucho más la investigación y sobre todo la prevención.

La CIDH enumeró algo así como 773 hechos lamentables entre el 2000 y el 2016, datos que difieren con los que tienen dependencias oficiales, pero que de cualquier modo son sumamente preocupantes, ya que entre los municipios con alta incidencia siguen estando algunos de los ocho contemplados en la AVG.

Claro, por su densidad poblacional es casi hasta natural que aparezca en primer lugar de incidencia Cuernavaca, pero ello es igualmente alto en municipios conurbados. Parece pues que por ganas no ha quedado, incluso la Federación ha accedido a colaborar para buscar una solución gradual, pero las cosas no han podido resultar, seguimos frente a un fenómeno que se antoja imposible de vencer.

Algunos abogados consideran que el término “feminicidio” es en principio el primer obstáculo, que incluso llega a fortalecer las estadísticas de impunidad, porque de aquí a que las instancias logran ponerse de acuerdo para definir si el suceso corresponde a esa modalidad, ya los responsables se dieron a la fuga.

Y es por eso que también en lo que a las estadísticas se refiere, existen profundas diferencias entre los números gubernamentales y los de organizaciones independientes. Pero sean o no feminicidios, simplemente nadie tiene el derecho de quitarle la vida a un ser humano, pero la violencia parece incontrolable en el interior de los hogares.

Algunos de los factores que suelen referirse al respecto son que las precarias condiciones económicas familiares llevan en un principio a diferencias entre las parejas; al paso del tiempo se vuelven mucho más difíciles hasta que tocan extremos.

Otro es aquel que intenta encontrar la razón en el alto consumo de bebidas alcohólicas o hasta enervantes que lleva a los sujetos a perder la consciencia y a cometer agresiones de tal magnitud, y desde luego, las infidelidades entre hombres y mujeres, que reiteramos, tampoco justifican algo así.

Desde luego que el estado no ha logrado superar una añeja coyuntura de altos niveles de delincuencia, de los cuales las mujeres no escapan. Somos una entidad limítrofe con el estado de Guerrero e históricamente los sureños se han significado por la agresividad y más ahora con la presencia de muchos grupos de delincuencia organizada que no tienen fronteras y pasan la línea divisoria sin mayores dificultades.

Estamos pues al alcance de esas bandas que permanentemente utilizan nuestro territorio para trasladar “mercancía” hacia otras partes del país, y lenta, pero gradualmente, se han venido instalando en tierras morelenses. Claro, sobre todo al sur de Morelos, hay colonias enteras procedentes de distintas zonas guerrerenses y en algunos casos, las familias ya llegan contaminadas con el virus de la delincuencia y sólo es cuestión de tiempo para que enraíce y extienda sus tentáculos hacia todos lados.

La cosa es pues que hasta ahora no se le logra encontrar la cuadratura al círculo y las tendencias en cuestión de crímenes contra el sexo femenino no disminuyen. Claro, Martínez Cruz se quejaba del poco interés de algunos presidentes municipales que forman parte de las ocho alcaldías en las que se ha decretado la Alerta contra la Violencia de Género.

“Sobre el tema se ha venido desarrollando una agenda de encuentros en los que deben estar funcionarios del estado, instancias de la mujer, ONG y desde luego los munícipes, el único que ha llegado a algunos de ellos es el presidente municipal de Jiutepec, los demás envían a segundos o terceros”, señaló.

Es posible también que ahí radique una de las debilidades oficiales, porque finalmente la alerta se desarrolla a partir de la inclusión de todas aquellas partes que puedan tener alguna participación en la lucha contra dicho delito, pero si no todos jalan parejo, pues las cosas no resultan.

Algo que se tendrá que reconocer es que la CIDH mantiene un seguimiento casi puntual a tal fenómeno, bueno, por eso es que incluso ha designado a Paloma Estrada como coordinadora de investigaciones, muy específicamente en materia de feminicidios. Y claro, fue la presión de esa ONG la que logró que desde el gobierno federal se decretara la AVG en las ocho alcaldías.

Habría que trabajar pues en las causas a fin de contener los efectos, aunque está visto, los delitos se cometen casi siempre al interior del núcleo familiar y ahí para impedirlos no bastaría ni con un policía en cada puerta, habrá que atacar los orígenes, pero se nos antoja que todavía no son muy claros.

Por supuesto que un remedio infalible, no sólo frente al tema en referencia, sino en todo lo que tiene que ver con la delincuencia, sería ir disminuyendo los graves cinturones de pobreza y miseria; los satisfactores económicos eliminarían de forma natural muchas de nuestras dificultades.

Pero no hay siquiera alguna mínima señal en el horizonte –por ahora, claro- que nos lleve a considerar que un milagro así pudiera empezar a ocurrir en el corto plazo, por el contrario, cada vez se ven más nubarrones que presagian tormentas y muy fuertes. Pero la batalla se sigue dando, no se pueden bajar los brazos, no obstante se requiere más interés de los ayuntamientos, son la autoridad más cercana al pueblo.