El acto fue asimismo oportuno para que los trabajadores sindicalizados del propio recinto, se manifestaran en tribuna para exigir el cumplimiento en el pago de prestaciones laborales retrasadas, entre ellas despensas que se dejaron de entregar desde finales del año anterior.

Bajo esas circunstancias, los trabajos legislativos se vieron obstruidos. Beatriz Vicera Alatriste llamó a una reunión urgente con la dirigencia sindical para buscar una negociación.

Luego de media hora de charla, se comprometió a pagar, ayer mismo, unos 200 mil pesos, de los 300 mil que se tienen en rezago, con ello los inconformes liberaron la tribuna, que habían tomado prácticamente por la fuerza y la sesión pudo concluir ya en relativa calma.

Pero independientemente de lo anterior, también respecto al tema de las auditorías especiales, se dio un debate entre los diputados: la absoluta mayoría apoyó su aplicación, advirtiendo que se trata de una acción que debe considerarse rutinaria y normal. Pero otros, como Jesús Escamilla Casarrubias, insistió en que la decisión es más política que administrativa y contable.

Él asegura que los incluidos en esas revisiones son los presidentes municipales que se opusieron a la iniciativa de ampliar a 20 años la permanencia de los magistrados en el Poder Judicial y también para castigar a aquellos que se manifestaron contra la reducción del 2% a sus participaciones para el rescate financiero de los ayuntamientos.

Cabe aclarar que inicialmente sólo venían consideradas 13 alcaldías, pero Hortencia Figueroa Peralta propuso agregar dos más. Ante lo anterior, algunos ediles consideraron que la determinación del Legislativo es política, sin embargo, se dijeron despreocupados de ello, porque no tienen nada que esconder y por el contrario eso les ayudará a demostrar que han ejercido con claridad los recursos públicos.

Esta fue la primera sesión a la que asistió la absoluta mayoría de los representantes populares durante el 2017 que recién comienza, porque aún no se integran totalmente, lo harán a partir de febrero, cuando arranca el primer  periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo.

El escenario fue más o menos el mismo con el que concluyeron el 2016, en medio de algunas dificultades internas, por el rezago que tienen en materia salarial del personal de la Cámara, sin embargo, la presión generada ayer parece haber obligado a las instancias competentes a realizar un esfuerzo a fin de comenzar a saldar cuentas pendientes.

En lo que tiene que ver con la aplicación de auditorías especiales, habría que recordar que en su oportunidad y ante claras evidencias de malos manejos administrativos en la gestión de Miguel Ángel Colín Nava en Temixco, se ordenó hacer lo propio.

Hasta ahora, no hay un resultado específico respecto a esa revisión, no obstante que el gobierno actual ha insistido en algunos aspectos bastante delicados, que incluso amenazan con obligarlo a devolver dinero de programas federales cuyas obras nunca se realizaron o concluyeron.

TEMIXCO EN DEUDA CON LA FEDERACIÓN

Y precisamente sobre ese tema, un funcionario de la Secretaría de Obras del Ayuntamiento, dijo a La Unión de Morelos que en efecto, el gobierno de Colín Nava no ejerció correctamente un promedio de 115 millones de pesos que ya venían etiquetados a partir de programas de delegaciones federales.

Y abundó en el sentido de que en algunos casos, nunca se iniciaron, en otros, tal vez unas 20 acciones, se quedaron inconclusas, de tal forma que para las instancias del gobierno federal, simplemente no se dieron y se han empezado los trámites en busca de que los fondos sean regresados.

Incluso, el funcionario aconsejó dar conclusión a esas inversiones que quedaron a medio andar, porque igual y con unos 15 millones de pesos podrían terminarse y reducirían el compromiso en más de 30 millones. Dijo incluso que la Federación todavía no concluye sus revisiones, pero ya tiene cuantificados 55 millones no ejercidos, que si no se aplican, deberán ser devueltos por la comuna, porque se trata de un compromiso institucional, no personal.

No obstante, sus cálculos indican que la cifra bien pudiera ascender a 115 millones de pesos a devolver, lo que representaría un verdadero problema para la presidencia, porque sigue enfrentando serios problemas presupuestales y de insolvencia para cumplir con las necesidades cotidianas.

Temixco fue uno de los ayuntamientos que más irregularidades mostró durante el ejercicio gubernamental anterior, no sólo por la ausencia de controles administrativos, sino porque además se le permitió a algunos grupos de la delincuencia organizada participar directamente en los cargos a nivel de las estructuras municipales.

Por lo menos media docena de dependencias eran manejadas directamente por funcionarios impuestos de parte de esas organizaciones y desde dentro orientaban sumas importantes de dinero para sus intereses y los del alcalde Colín Nava.

A un año de ejercicio de la nueva administración, decía otro colaborador de la alcaldesa Irma Camacho García, se han logrado pagar unos 50 millones de pesos de la deuda que ascendía a los 300 millones, pero con el asunto de la Federación, el problema vuelve a dispararse.

Hay preocupación y enojo de muchos servidores públicos en esa comuna, porque no ven con claridad cuál es el rumbo que toman las investigaciones en torno al ex edil, que consideran, tiene que ser llamado a cuentas para que explique cómo es que cientos de millones que tenían como destino el desarrollo de muchas obras de atención a necesidades básicas de la ciudadanía, se desviaron.

Para el gobierno federal ha sido el Ayuntamiento y no el alcalde el que no ejerció correctamente los fondos e independientemente de que se proceda legalmente en contra de Colín, demandará la reintegración del dinero por la vía institucional y no hay manera de evitarlo, porque además, todo está perfectamente probado, dijo el funcionario.