Es por eso que la oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) venía considerando ir en una alianza con un candidato común, buscando precisamente garantizar un triunfo que les generara inercia hacia adelante, sin embargo al final, los actores principales, Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), no lograron acuerdos y el plazo se venció el pasado 23 de enero.

Claro, esa alianza por donde se le quiera ver resultaba inentendible y hasta inmoral, porque iba en contra de todos los principios ideológicos de cada una de las partes. Sus proyectos y propuestas de partido son diametralmente opuestas, es como juntar el agua y el aceite, y en todo caso sólo mostraban la ambición de lograr conquistar el poder en ese estado por el poder mismo.

Quizás en parte eso haya influido en el impedimento de ir juntos, sin embargo a esos niveles suelen darse muchos acuerdos y en el caso que nos ocupa, no dudamos que los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD vengan ya apalabrados en lo que se refiere a los resultados que se deben tener en aquella entidad.

Un candidato en común tampoco garantizaba un triunfo para los adversarios del tricolor, pero si los aproximaba más a él, ya sin lo anterior, de acuerdo a las últimas encuestas sobre el tema los priistas aventajaban al PAN, su más cercano competidor, con cerca de seis puntos, o sea 20% de los primeros, contra 14% de los otros.

Claro, son números de finales del año anterior, cuando todavía la inconformidad social por el gasolinazo no se presentaba, seguramente que eso le debe costar al partido en el poder algunos puntos, sin embargo, como que le están facilitando las cosas sus enemigos y eso genera muchas dudas que incluso empujan hacia la especulación.

Por lo menos en este momento se antoja casi imposible que el tricolor pueda refrendar el triunfo electoral presidencial en el 2018, por el rechazo a las reformas estructurales y al incremento del precio de la gasolina. Pero en lo referente a los cambios legales, se hicieron con la aprobación y respaldo de la mayoría de votos, tanto en el Senado de la República como en el Congreso de la Unión, o sea todos los partidos tuvieron que ver.

El presidente Enrique Peña Nieto sabía perfectamente el costo político que pagaría por eso, sin embargo aceptó sacrificarse, es de considerar que bien pudo haber hecho un compromiso hacia adelante con todas las fuerzas políticas, habrá que ver cuál es.

El Estado de México es una de las pocas entidades del país en la que no se ha dado aún la alternancia, ahí el Revolucionario Institucional sigue gobernando, a pesar de que en otros territorios ya vamos por la tercera o cuarta opción política. Y lo que acaba de pasar, sólo beneficia a los priistas, porque ellos sí irán en bloque con el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Nueva Alianza y el de Encuentro Social (PES).

Mucho de lo que electoralmente pase durante el 2017, tendrá relación directa con las elecciones del 2018, es cuando se tejen estrategias y se realizan pactos que orientan el rumbo hacia la disputa por la presidencia de la república.

La democracia en México sigue siendo una falacia, hay elementos para considerar que por lo menos a partir de aquellas polémicas elecciones del 2000, cuando el PAN desplazó al PRI, se hizo a partir de una “sugerencia” de la Casa Blanca, a fin de bajar la presión popular contra el viejo régimen que ya enfrentaba repudio de todos lados.

En el 2006, al menos a nivel de percepción ciudadana, los panistas, con el apoyo de los priistas, se robaron los resultados, pero como pago de la factura pactaron el regreso del tricolor a Los Pinos, hoy habrá que estar atentos para anticiparnos hacia dónde va la jugada.

   A PARTIR DE AUDITORÍAS, VAN CONTRA ALCALDES

En otro asunto, el Poder Legislativo llamó a una sesión extraordinaria para el día de hoy, a decir de algunos diputados, el tema a tratar es la aplicación de auditorías acerca de la mistad de los ayuntamientos, con base en supuestas irregularidades en el manejo de los recursos.

Llama un poco la atención que se busque dar celeridad al tema, que fuera impulsado hace apenas unos días y a juicio del legislador Jesús Escamilla Casarrubias, pareciera ser otro encargo a la legislatura, porque no era asunto prioritario.

Habrá que ver cuál es el argumento de fondo, pero lo que él estima es que “seguramente les quieren cobrar alguna factura pendiente, ya sea porque están en contra de la reducción del 2% de sus participaciones para el famoso rescate financiero de ellos mismos o rechazaron alguna oferta de carácter político-partidista”.

Ya algunos alcaldes están recurriendo a las instancias legales a fin de impedir las reducciones, eso para quienes ejercen el poder superior es un acto de rebeldía y cuando algo así acontece, se echa mano de instrumentos de presión para sancionar la desobediencia.

Si por ahí va la cosa, pues entonces nos encaminamos hacia un nuevo conflicto porque los ediles afectados tendrán que reaccionar y defenderse; eso indicaría que la aparente calma sociopolítica con la que amanecimos este año está a punto de romperse y el ambiente se calentará rápidamente.

Bueno, ya le enviaron otro mensaje al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en el sentido de que van por él, que se le dará continuidad al juicio político en su contra buscando separarlo del cargo. No obstante entramos a un espacio más peligroso, vamos hacia la recta final de un sexenio, cuando de manera natural los actores políticos tienden a romper acuerdos y tomar distancia de sus adversarios; lo más prudente sería llevar la fiesta en paz y no calentar la plaza antes de tiempo por el bien del estado y la gobernabilidad.